Morigeraron las condiciones de detención de un preso de alto riesgo y Bullrich enfureció: “Un juez puede arruinarlo todo”

La decisión beneficia a Raúl Ricardo Rojas, alias “El Coya”, condenado a perpetua por homicidio y narcotráfico, porque le permite salir ocho horas diarias de su celda y recibir visitas con contacto físico. La Ministra de Seguridad de la Nación cuestionó la resolución y anunció que apelará.

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que apelará la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, que declaró inconstitucional de forma parcial el Sistema de Gestión de Presos de Alto Riesgo. La medida beneficia a Raúl Ricardo Rojas, alias “El Coya”, condenado a prisión perpetua por narcotráfico y acusado de haber ordenado asesinatos desde prisión.

Según el comunicado oficial difundido por el Ministerio, la resolución “debilita la seguridad de los argentinos, al Servicio Penitenciario Federal y a la lucha contra el crimen organizado”, ya que le permitiría a Rojas permanecer fuera de su celda durante ocho horas diarias y recibir visitas con contacto físico, lo cual “facilita así comunicaciones con el exterior y aumenta el riesgo de dirigir actividades delictivas desde prisión”.

El documento señala que Rojas fue condenado por homicidio doblemente calificado, tentativa de homicidio, contrabando agravado y narcotráfico, y que varios de estos delitos fueron cometidos desde el interior del sistema penitenciario. Entre ellos, según consta en causas judiciales, se encuentra el encargo de asesinatos a sicarios mientras se encontraba detenido.

“La decisión le otorgaría el beneficio de permanecer fuera de su celda durante ocho horas diarias y de recibir visitas con contacto físico, facilitando así comunicaciones con el exterior y aumentando el riesgo de dirigir actividades delictivas desde prisión”, alertó el comunicado.

El Sistema de Gestión de Presos de Alto Riesgo, implementado por la actual gestión, fue presentado como una herramienta para impedir que los delincuentes de alta peligrosidad sigan operando desde las cárceles, especialmente en zonas críticas como el departamento de Orán, Salta, donde el ministerio impulsa el Plan Güemes contra delitos complejos.

“Decisiones como la mencionada responden a una lógica garantista y pro-delincuente que, aunque no representa a la mayoría, con que un solo juez mire más por el victimario que por las víctimas, basta para liberar a los criminales más peligrosos y debilitar los esfuerzos por desarticular las estructuras criminales más peligrosas del país”, sostuvo la cartera de Seguridad.

A través de su cuenta de la red social X, la ministra Patricia Bullrich se pronunció con dureza tras conocerse la medida judicial.

“Podemos desarticular bandas, blindar fronteras y encerrar a los narcos más peligrosos. Pero con que un solo juez sea pro delincuentes, alcanza para tirar todo abajo”, escribió. En el mismo mensaje, expresó: “Nosotros no miramos para otro lado. Vamos a apelar el fallo. Porque no defendemos delincuentes. Defendemos a los argentinos”.

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