Cuatro hombres se enfrentan a un proceso sin precedentes por matar a uno de los últimos ejemplares de la especie en la provincia. Organismos estatales y una ONG ambientalista actúan juntos como querellantes. La caza del yaguareté está prohibida por ley.
Por primera vez, la matanza de un yaguareté silvestre en Formosa será debatida en un juicio oral con cuatro hombres acusados que podrían recibir una condena de prisión efectiva: Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros, señalados como responsables de dar muerte a uno de los últimos ejemplares que habitan la provincia.
El caso, que comenzará a ventilarse hoy, ocurrió en julio de 2024 en un campo de Estanislao del Campo. Según la acusación, tras hallar muerta a una vaca, los imputados se toparon con el yaguareté y, en circunstancias que luego relataron como un enfrentamiento, le dispararon con una escopeta. Luego se fotografiaron junto al cuerpo y le quitaron el cuero. El animal, identificado por sus manchas únicas, formaba parte del reducido grupo de cinco yaguaretés monitoreados en la región chaqueña formoseña.
El proceso judicial es impulsado por la Administración de Parques Nacionales, la Fiscalía de Estado de Formosa y la Fundación Red Yaguareté, que participan como querellantes. Es la primera vez que el Estado nacional, una provincia y una ONG ambientalista se presentan juntos en un caso de este tipo.
Para Nicolás Lodeiro, director de Red Yaguareté, la causa debe dejar un mensaje contundente: “Queremos la pena máxima y que sea de cumplimiento efectivo. Las sanciones actuales son irrisorias frente al daño causado”, aseguró al sitio NeaHoy. La Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre establece penas de dos a tres años para este tipo de delitos, lo que en la práctica permite que no se cumplan en prisión. La organización reclama una reforma legislativa para elevar esos castigos.
El juicio se extenderá hasta el 14 de agosto y podría sentar jurisprudencia clave para desalentar la caza furtiva de una especie en peligro crítico de extinción. En la región chaqueña se estima que quedan menos de 20 ejemplares, y en Formosa apenas cuatro, tras la muerte del animal en este caso.
Walter Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León fueron detenidos el 2 de septiembre y el 7 de noviembre de 2024 recibieron el beneficio de arresto domiciliario. En esa condición llegaron a juicio. En cambio, Máximo Cisneros, que fue arrestado el 29 de julio del mismo año, se encuentra en libertad.
La acusación sostiene que los cuatro imputados actuaron en conjunto y que la participación de más de tres personas agrava el delito. Aunque los acusados alegan que se defendieron de un ataque y que no eran cazadores, la querella remarca que la caza del yaguareté está prohibida por ley y que el valor ecológico del ejemplar muerto hace indispensable una condena ejemplar.
