Guillermo Kraisman, ex funcionario municipal y referente peronista de Córdoba, deberá enfrentar dos juicios orales: uno por la presunta maniobra para cobrar el sueldo de una “empleada fantasma” de la Legislatura y otro por el intento de robo de alimentos en un supermercado.
El dirigente justicialista Guillermo Kraisman enfrenta simultáneamente dos causas penales en la provincia de Córdoba. Por un lado, será juzgado por su presunta participación en una tentativa de defraudación a la administración pública, en una trama que involucra a una supuesta “empleada fantasma” de la Legislatura. Y por otro, deberá responder por el intento de robo de bondiola, jamón crudo y un frasco de cerezas de un supermercado de la capital provincial.
La primera causa se originó en enero pasado, cuando el acusado fue sorprendido en una sucursal del Banco de Córdoba junto a la exdirectora de un polideportivo municipal, Luciana Castro, intentando retirar 950 mil pesos de la cuenta sueldo de Virginia Martínez, quien figuraba como empleada legislativa. La maniobra se frustró cuando la cajera advirtió que las personas presentes no coincidían con la identidad del DNI presentado.
Martínez, señalada como la “empleada fantasma”, denunció el hecho y terminó también imputada, pero por falso testimonio agravado. Según la investigación, su contrato legislativo había sido firmado a fines de 2024 y duró apenas un mes. La legisladora oficialista Nadia Fernández, quien firmó la designación, negó que existan contratos irregulares en la Unicameral.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Kraisman y Castro actuaron como coautores en una tentativa de defraudación al Estado. Ambos fueron requeridos a juicio por el fiscal Franco Mondino, mientras que la defensa de Martínez insiste en que la contratación nunca existió y que la investigación está incompleta.
El segundo frente judicial contra Kraisman se remonta al 31 de agosto de 2024, cuando fue acusado de intentar llevarse sin pagar un blíster de bondiola, jamón crudo y un frasco de cerezas del supermercado Mariano Max, en barrio Irupé. Según la imputación, los hechos configuran robo en grado de tentativa. La causa fue elevada a juicio por el juez de Control N° 5, Carlos Lezcano, en abril pasado.
