Los jueces de la Sala IV de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos no hicieron lugar a una queja de la defensa de Marcelo Corazza, que pretendía suspender el juicio con fecha de inicio el 27 de agosto próximo.
La defensa argumenta que hay pendientes de resolución recursos de queja presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal penal federal del país desestimó el planteo por improcedente. Y también recordó que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso.
Cómo y por qué llega Corazza a juicio
El juicio oral contra Marcelo Corazza y otros cuatro acusados comenzará el 27 de agosto en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 con sede en Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro.
La causa involucra a cinco acusados: Corazza; Francisco Angelotti, señalado como líder de la organización; y tres hombres identificados como supuestos integrantes de la banda, Andrés Charpenet, Raúl Mermet y Leandro Aguiar.
Serán juzgados por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.
Durante la instrucción, el juez federal Ariel Lijo elevó la causa a juicio oral, amplió los cargos contra Corazza (corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas) y dispuso prisión preventiva en junio de 2024. El ex productor de Gran Hermano pasó detenido cuatro meses y luego quedó excarcelado.
El caso se remonta a hechos posibles desde 1999 hasta marzo de 2023, y según la acusación se habrían captado víctimas varones entre niños vulnerables desde los 11 años de edad.
La investigación realizada por el fiscal Carlos Rívolo y la fiscal Alejandra Mángano dio por probado que los cinco integraban una banda dedicada al reclutamiento de varones, mayormente menores de edad y en situación de vulnerabilidad “con el fin de forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.
Según los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, momento que se concretó la detención de todos y cada uno de los imputados. En ese marco, el juez Lijo hizo lugar el requerimiento de elevación de la causa a juicio oral, mientras que ambos funcionarios del Ministerio Público continúan con la investigación a fin de determinar la existencia de más víctimas e involucrados.
