Un ex secretario de la Cámara de Casación Penal y un prosecretario administrativo del mismo cuerpo que se encargaba del sistema informático están entre los principales acusados. También dirigentes ferroviarios.
Este martes comenzará el juicio contra cuatro imputados por su presunta participación en una maniobra destinada a que la causa por el crimen de Mariano Ferreyra recayera en la Sala III de la Cámara de Casación Penal, con el objetivo de garantizar la impunidad del entonces jefe de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza.
Los acusados son Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario de la Cámara de Casación Penal; Ángel Stafforini, contador de la UF y vicepresidente de Belgrano Cargas; Susana Rita Planas, también directiva de esa firma; y Luis Ameghino Escobar, prosecretario administrativo de Casación y encargado del sistema informático que definía la asignación de jueces. Según la acusación, manipularon la distribución de la causa y pagaron al menos 50 mil dólares para lograr un tribunal “amigo”.
La trama incluyó la participación de un ex agente de inteligencia, Juan José Riquelme, fallecido días atrás, que habría articulado entre los ferroviarios y los funcionarios judiciales. En su rol de intermediario, ofreció que la causa fuera tratada por magistrados predispuestos a beneficiar a Pedraza. El dinero se halló en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid.
En estos trece años la investigación estuvo marcada por dilaciones y recusaciones de jueces que evitaron avanzar sobre un esquema de tráfico de influencias en las más altas esferas del poder judicial. De hecho, el juez de la Sala III, Eduardo Riggi, fue sobreseído sin ser citado a declarar, pese a que su nombre aparecía en conversaciones de los acusados.
El debate oral, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 e impulsado por el fiscal Marcelo Colombo, llega en un contexto en el que los vínculos entre operadores judiciales, servicios de inteligencia y poder político vuelven a estar bajo la lupa.
Para la querella, encabezada por el CELS en representación de la madre de Mariano Ferreyra, este proceso busca poner en evidencia “los pactos opacos” que habilitaron intentos de impunidad en uno de los crímenes más resonantes de la última década.
