La Asociación Civil que preside Diana Cohen Agrest presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense. Consideran nulo el archivo de las denuncias contra el magistrado por haber ordenado la liberación masiva de presos durante la pandemia.
La Asociación Civil Usina de Justicia interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la resolución que dispuso archivar las denuncias presentadas contra el juez de Casación Penal bonaerense Víctor Horacio Violini.
La entidad, que preside la filósofa Diana Cohen Agrest, sostiene que la decisión vulnera garantías constitucionales. “La resolución recurrida resulta violatoria de garantías constitucionales fundamentales como el derecho a una resolución fundada y los principios republicanos de división de poderes, responsabilidad judicial y control de los actos de los magistrados”, sostiene la organización.
El escrito fue presentado formalmente ante el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, y se dirige contra la resolución dictada el 17 de julio pasado por el juez Manuel Alberto Bouchoux, integrante de la Sala V del mismo tribunal en el que ejerce Violini.
Para Usina de Justicia, esa circunstancia configura un grave conflicto de interés, ya que la decisión provino de un par del magistrado denunciado. “Está más que claro que el archivo de las denuncias no puede ser dispuesto por la única voluntad del Presidente del Jurado, y mucho menos por el juez Manuel Bouchoux, integrante de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, es decir, un par del denunciado Víctor Violini”, se indica en la presentación.
En el planteo, la organización recuerda que las denuncias contra Violini se originaron en la Acordada 5/2020, dictada en el inicio de la pandemia de Covid-19, mediante la cual el juez habilitó una liberación masiva de detenidos bajo el argumento del riesgo sanitario en cárceles y comisarías bonaerenses. Según los denunciantes, el magistrado actuó sin competencia legal, se arrogó facultades propias de jueces de primera instancia y vulneró los derechos de las víctimas al no convocarlas a participar del proceso.
“En realidad lo que se promovía era ‘vaciar las cárceles’, sin importar que para ello se premiara la impunidad y se volvieran a producir nuevas víctimas”, plantea el texto de Usina de Justicia, que además denuncia que el listado de beneficiados nunca se hizo público y que entre los excarcelados había imputados por delitos de violencia de género.
La asociación cuestiona especialmente la facultad otorgada al presidente del Jurado por el artículo 26 de la Ley 13.661 para archivar denuncias de manera unilateral cuando se las considere “estrictamente jurisdiccionales”. Sostienen que esa norma es inconstitucional porque la Constitución bonaerense establece que las acusaciones contra magistrados deben ser tratadas por un jurado integrado de forma plural, sin jueces en actividad, para garantizar imparcialidad y transparencia.
El recurso presentado solicita que se declare la nulidad de la resolución de archivo, se reabra el trámite y se convoque al Jurado de Enjuiciamiento para que evalúe el desempeño de Violini. A su vez, la organización dejó planteada la reserva del caso federal, lo que abre la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si la apelación no prospera en la Suprema Corte bonaerense.
La presentación de Usina de Justicia forma parte de una serie de actuaciones que la entidad viene impulsando desde 2020 en relación a las decisiones de Violini durante la pandemia. En su momento, la Suprema Corte bonaerense ya había dado curso a parte de los cuestionamientos, aunque no dispuso el regreso a prisión de quienes habían sido liberados. Ahora, la asociación busca que se revisen las responsabilidades del magistrado en el marco de un jury.
