El titular del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 56, Alejandro Litvack, resolvió devolver el expediente al fiscal Martín López Perrando para que precise la imputación a Cristian Graf, el ex compañero de Diego Fernández Lima.
Lo hizo de manera previa a decidir si hace lugar a la indagatoria por los presuntos delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia contra el dueño de la casa donde se hallaron los restos del adolescente de 16 años.
La decisión se tomó a los “efectos de no vulnerar la garantía del debido proceso, y evitar posibles futuras nulidades que pudieran entorpecer el avance correcto de este proceso”, explicó el magistrado en la resolución a la que tuvo acceso Quorum.
En su resolución, el juez consideró que el dictamen fiscal, si bien detallaba la evidencia recabada y las maniobras del sospechoso antes y después del hallazgo de los restos, no establecía con claridad los hechos concretos imputados, lo que podría afectar el derecho de defensa del acusado y obstaculizar la actuación de la fiscalía en caso de que el proceso avance.
Acusación fiscal
Según el fiscal, el imputado habría buscado silenciar el crimen de Fernández Lima mediante diversas maniobras: sugirió que los restos podrían provenir de una antigua iglesia o un establo en la propiedad, o que fueron traídos en tierra al construir una pileta. Sin embargo, el juez destacó que no estaba claro si la imputación se limitaba a estas acciones posteriores al hallazgo o también a conductas previas destinadas a ocultar la fosa donde fueron enterrados los huesos.
El caso remonta a la desaparición de Diego, de 16 años, ocurrida el 26 de julio de 1984 en Villa Urquiza. Tras su denuncia, sus padres lo buscaron durante décadas. Los restos fueron encontrados en 2025 durante tareas de construcción en un chalet lindero al del sospechoso, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que el joven fue asesinado de una puñalada en el tórax, con un intento de desmembramiento, y enterrado a 60 centímetros de profundidad junto a objetos personales que permitieron fechar el crimen en la década del ’80.
El juez Litvack remarcó que, para evitar vulnerar el debido proceso y posibles nulidades, es imprescindible que la fiscalía aclare los términos de la imputación antes de avanzar con la citación a indagatoria. Con esta resolución, el proceso se centra ahora en precisar los hechos exactos que se atribuyen al sospechoso.
