Se discute la validez de la designación de peritos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para analizar el patrimonio de los acusados.

La Cámara Federal de Casación Penal intervendrá en un incidente dentro de la causa conocida como “Yategate”, en la que se encuentra imputado el ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

La investigación se abrió tras la difusión de las imágenes del dirigente navegando en un yate de lujo por el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici, lo que derivó en sospechas sobre un presunto enriquecimiento ilícito y movimientos patrimoniales incompatibles con su función pública.

La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, admitió la queja presentada por el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales habían objetado la decisión del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien dispuso que el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA designe a un perito contador para intervenir en el estudio patrimonial de los imputados.

La Cámara Federal de La Plata había rechazado la apelación de la fiscalía contra esa medida, pero ahora el máximo tribunal penal federal del país revisará el planteo.

UBA o Corte

El núcleo de la disputa es la designación de los peritos: mientras el juez recurrió a la UBA, el Ministerio Público sostiene que, tratándose de una investigación por corrupción contra funcionarios públicos, corresponde la intervención de los peritos especializados en delitos contra la administración pública que dependen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según la fiscalía, apartarse del procedimiento previsto para la designación de peritos oficiales podría afectar la transparencia y legalidad del proceso.

Con esta decisión, la Sala IV deberá ahora analizar el recurso de casación y resolver si corresponde apartar a los expertos designados por la universidad o si se mantiene su intervención en el peritaje contable que será determinante en la causa penal.

Por qué se investiga a Insaurralde

Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco pidieron meses atrás la citación a declaración indagatoria de Insaurralde, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Además de Insaurralde, se ha pedido la indagatoria de sus dos hijos, Martín y Rodrigo Insaurralde, su ex esposa Carolina Álvarez, y dos acusados presuntamente vinculados como testaferros: su sobrino Gastón Barrachina y el empresario Víctor Donadio, según el dictamen.

El pedido se enmarca dentro de una causa que investiga un entramado de irregularidades en la adquisición y administración de bienes que no podrían justificarse con los ingresos del ex intendente, así como un esquema de lavado de dinero a través de propiedades y vehículos.

Los fiscales detallaron que los hechos investigados giran en torno a una supuesta trama de lavado de activos, en la que se habrían utilizado fondos de origen ilícito provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de funciones públicas de Insaurralde. El esquema abarca tres ejes fundamentales: la administración de inmuebles, la adquisición de automotores y la incorporación de fondos ilegales al sistema financiero formal.

Uno de los focos de la investigación es la adquisición y administración de dos lotes en el exclusivo barrio Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, así como la construcción de instalaciones sobre esos terrenos. Los fiscales sostienen que los fondos utilizados para estas transacciones provendrían de actos de corrupción y señalan que no existe correlato entre los ingresos lícitos de Insaurralde y su capacidad para adquirir estos bienes.

Asimismo, se investiga la adquisición y administración de un inmueble en Lomas de Zamora

Los lujos de Marbella y los vuelos internacionales

El punto de partida de esta causa fue un viaje de Insaurralde a Marbella, España, entre el 15 y 20 de septiembre de 2023, cuyo costo superó los 41 mil euros y ocho mil dólares, según el dictamen de los fiscales. La adquisición de los pasajes y otros costos del viaje fueron gestionados por una agencia de viajes de Miami, lo que levantó sospechas al no poder ser justificados con los ingresos declarados por el exfuncionario.

Este viaje forma parte de un patrón de gastos internacionales. Se detectó que Insaurralde habría financiado al menos 75 vuelos internacionales, de los cuales se han verificado hasta ahora 42. El costo total de estos viajes asciende a 7,8 millones de pesos y 71 mil dólares, lo que refuerza las sospechas de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía sostiene que estos gastos, asociados a vuelos internacionales y paquetes turísticos de lujo, no tienen correlato con los ingresos legítimos que Insaurralde pudo haber percibido en su rol público.