Sobrecarga laboral, prejuicios sociales y falta de recursos son los principales desafíos que enfrentan hoy los jueces de ejecución penal en Argentina. Entre el mito de que “liberan presos” y la necesidad de promover la reinserción, la jueza Jimena Monsalve plantea la urgencia de una reforma integral que incorpore justicia restaurativa y terapéutica, y reivindica el rol de estos magistrados como garantes de derechos.
De visita en la provincia de Santiago del Estero con motivo de la primera charla federal Quorum, en un contexto de debates sobre reforma penal juvenil y reinserción social, la jueza de Ejecución Penal, Jimena Monsalve, analiza los principales desafíos de su función en Argentina. En diálogo con este medio, expone su visión sobre el sistema penitenciario, el rol de los jueces, el impacto de la tecnología y las reformas necesarias para abordar la criminalidad juvenil.
¿Cuál considera que es el mayor desafío en la actualidad para un juez de ejecución penal en Argentina?
El primer desafío real tiene que ver con la sobrecarga laboral. La justicia de ejecución penal en todo el país trabaja con una carga excesiva, lo que impide dar un seguimiento eficiente a cada caso y acompañar de manera adecuada las medidas alternativas. Ningún juez de ejecución penal en Argentina hoy tiene una situación laboral equilibrada. A eso se suma el prejuicio social: existe un mito de que los jueces de ejecución “liberamos presos sin importarnos nada”. La realidad es la opuesta: trabajamos con responsabilidad y somos parte de la misma comunidad. Hay una creencia errónea difícil de sobrellevar, porque los aciertos no se cuentan: la mayoría de las historias son positivas, pero un solo caso negativo puede poner en jaque hasta la permanencia laboral de un juez.
¿Qué acciones podrían llevarse a cabo para revertir esa mala imagen pública?
Es fundamental comunicar más y mejor. Mostrar en qué consiste realmente nuestra labor, evidenciar los casos exitosos y transmitir que nosotros y nuestras familias somos ciudadanos comunes como cualquier otro. Nuestra función es hacer cumplir las normas. También es clave un mayor compromiso social: sin integración comunitaria en lo educativo, lo laboral y lo cultural, es muy difícil reducir la reincidencia. El cambio comunicacional es primordial, pero debe ir acompañado de un cambio social.
¿Cómo aborda la disyuntiva entre seguridad pública y reinserción social en sus decisiones?
Lo primero es entender que los jueces no somos responsables de la seguridad pública, esa es una función del Poder Ejecutivo. Nosotros trabajamos sobre casos concretos con impacto diverso. Nuestra misión es aplicar la ley y garantizar derechos, tanto de víctimas como de victimarios. Con decisiones fundadas y revisadas en instancias superiores, e intervención de las partes, lo esperable es que no se produzcan hechos que afecten la seguridad pública, aunque los comportamientos humanos no siempre son previsibles.
¿Qué opinión le merece la propuesta de bajar la edad de imputabilidad?
La decisión de bajar o no la imputabilidad es legislativa. Personalmente, creo que la discusión debería superar la mera edad y avanzar hacia un régimen penal juvenil integral y actualizado. Hoy más del 80% de los delitos juveniles son contra la propiedad y están vinculados a la naturalización de la violencia, al abandono escolar y a la falta de cuidados en las primeras infancias. Necesitamos un sistema integral, con herramientas de justicia restaurativa y terapéutica, que responda a las necesidades sociales del país y que sea eficaz.
Si tuviera que priorizar una reforma inmediata en el sistema penal juvenil, ¿cuál sería?
Una reforma integral del régimen penal juvenil, incorporando formalmente herramientas de modelos exitosos en otros países (Chile, Perú, México, Estados Unidos), como la justicia terapéutica y la restaurativa. Debemos poner en el centro la salud mental, el consumo problemático y la restitución de derechos. Si no atendemos esas carencias estructurales, el antecedente penal en la adultez se convierte en una condena social de por vida.
¿Qué medidas podrían implementarse para reducir la reincidencia?
La justicia restaurativa y la terapéutica son fundamentales. La primera permite sanar el tejido social, reparar a la víctima y reconstruir lazos comunitarios. La segunda interpela a los operadores judiciales, exigiéndonos modificar nuestras prácticas para generar bienestar y resultados más efectivos, especialmente en casos de consumo problemático. Se trata de trabajar en conjunto con Ministerios Públicos, agencias de salud e integración social, generando redes y espacios de pertenencia donde los jóvenes se sientan acompañados, puedan expresar lo que les duele y reflexionar sobre sus decisiones. Ese es el modelo que debe primar frente a sanciones vacías de contenido.
¿Qué valoración le merece el nuevo espacio Nexo en Santiago del Estero?
Es una transformación muy significativa: de un antiguo Instituto de Menores pasó a ser un espacio reacondicionado con técnicas y herramientas pensadas para adolescentes. Allí se les da la posibilidad de expresarse artísticamente, descubrir sus intereses y compartir espacios comunitarios. Tiene un sector controlado, uno semiabierto con otro tipo de seguimiento y talleres de integración abiertos a la comunidad. Hasta el diseño estético -la luz, las pinturas- fue pensado para generar bienestar. Y todo lo que genera bienestar, genera buenas acciones. Es fundamental cambiar la lógica del encierro como castigo, que solo produce depresión, bronca y problemas de salud mental, y en definitiva intensifica la violencia. Se debe reconocer siempre la dignidad de todos.
¿Cómo se asegura el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad?
Partimos de un marco constitucional y convencional: las personas están privadas de libertad, no de sus derechos. Pensar la pena solo como castigo es un error. El encierro genera daños adicionales, por eso debemos garantizar acceso a educación, trabajo, espacios de reflexión y tratamiento. La misión de los jueces es asegurar que cuando alguien salga de prisión, lo haga con un propósito mejor que el que tenía al ingresar.
¿Qué papel juega la tecnología en la modernización del sistema de ejecución penal?
La tecnología puede ser clave para agilizar trámites y reducir la carga laboral, pero rechazo su uso con fines predictivos: la evolución humana no puede medirse objetivamente. Sí la considero una herramienta fundamental para generar oportunidades educativas y laborales, sobre todo en jóvenes privados de libertad que son nativos digitales. El trabajo remoto puede ser una gran oportunidad de reinserción.
¿Cómo se complementan justicia restaurativa y terapéutica en su juzgado?
Me gusta pensarlo como un triángulo: víctima, victimario y comunidad. La justicia restaurativa restituye derechos y facilita procesos de entendimiento. Incluso dentro de cárceles trabajamos con dispositivos comunitarios para mejorar la convivencia, como el programa “Probemos hablando”. La justicia terapéutica, en cambio, interpela a los jueces para aplicar la ley de un modo que genere bienestar adicional. Ambas transforman prácticas y favorecen mejores resultados.
Usted rechaza el término “resocialización” y prefiere hablar de “restitución de derechos”. ¿Por qué?
No deberíamos usar más el “re”: nadie “renace”. Cada persona carga con su historia y hace lo que puede con ella. No alcanza con encerrar y esperar milagros. Se trata de reparar carencias estructurales: abandono escolar, violencia, falta de diagnóstico en la infancia. Con políticas integrales, las personas pueden descubrir que pueden tomar buenas decisiones y dejar atrás la etiqueta del delito. Eso es restitución de derechos.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta hoy el sistema penitenciario argentino?
El mayor problema es la falta de financiamiento. Los ingresos son muy bajos, lo que dificulta la permanencia de médicos, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales esenciales. Es un trabajo de gran sacrificio y altamente calificado, que debe ser rejerarquizado. Admiro profundamente al personal penitenciario, aunque todavía persisten estereotipos injustos hacia ellos.
