En un Plenario extraordinario encabezado por Horacio Rosatti, el Consejo de la Magistratura aprobó el Presupuesto 2026 por más de dos billones de pesos. Lo que parecía un trámite derivó en un áspero cruce político sobre la falta de presupuesto nacional, el funcionamiento de las instituciones y el traspaso de la Justicia a la Ciudad. La tensión fue tal que el propio Rosatti debió salir a aclarar el alcance del fallo Levinas.
El Consejo de la Magistratura de la Nación celebró este miércoles un Plenario extraordinario presidido por Horacio Rosatti, con la asistencia del secretario General, Mariano Pérez Roller, y del administrador General del Poder Judicial, Alexis Varady.
Participaron los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Hugo Galderisi, Álvaro González, César Antonio Grau, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, Inés Pilatti Vergara, Alejandra Provítola, Mariano Recalde, Roxana Reyes, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Guillermo Tamarit, Fernanda Vázquez y Eduardo Vischi.
Dos temas centrales en la agenda
El Plenario abordó dos puntos de la convocatoria: el dictamen de la Comisión de Acusación en el expediente vinculado al juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Martín Poderti, y el dictamen de la Comisión de Administración y Financiera sobre el Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Nación para 2026.
Finalmente, se aprobó el Presupuesto por 2.007.943.778.229 de pesos, con 15 votos a favor y cinco abstenciones. La iniciativa contempla la composición y el monto de las erogaciones proyectadas, la planta de personal y el plan de obras, y fue remitida a la Corte Suprema para su consideración.
Choques por la falta de presupuesto nacional
Lo que parecía un trámite derivó en un intenso cruce político. Como suele ocurrir, los consejeros Rodolfo Tailhade, Mariano Recalde y Vanesa Siley cuestionaron, entre muchas otras cosas, que la Nación funcione desde hace dos años sin presupuesto aprobado por el Congreso, decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.
Tailhade habló de la “pauperización institucional de nuestro país” y criticó “lo que están haciendo ahora con la deuda pública”. Recalde, por su parte, apuntó contra “los señoritos de Comodoro Py y el estacionamiento”. También hicieron fuertes críticas al fallo de la Corte vinculado al Consejo de la Magistratura, incluso enfrentándose directamente con el accionar de Rosatti, quien soportó estoicamente las críticas.
El diputado Álvaro González replicó: “Es lo que tenemos. El que maneja la plata no es el Poder Judicial. El que maneja la plata es el Poder Ejecutivo. En ningún momento se dejaron de pagar los salarios”. Recordó además que Sergio Massa había sido el primero en retirar el presupuesto 2024 y que luego Javier Milei continuó con el mismo criterio.
Ante las críticas, el representante del Ejecutivo, Sebastián Amerio, señaló: “Parece que el país existe desde hace un año y diez meses. Todos saben que no es así, pero no lo mencionan. La situación edilicia del Poder Judicial es complicada desde hace muchos años, la implementación del acusatorio fue abonado 100 por ciento por el Ministerio de Justicia de la Nación, y es cierto que tenemos alguna deuda que tenemos que pagar. Y el presidente de este cuerpo se ocupa de que devolvamos la plata que adelantaron”.
El fallo Levinas y el traspaso de competencias
Ya se había enrarecido el clima hasta que el consejero César Grau introdujo un tema aún más complejo: el fallo Levinas y la transferencia de competencias judiciales a la ciudad de Buenos Aires. Grau pidió que se introduzca una cláusula donde se consigne que el presupuesto asignado a la Justicia Nacional de la ciudad de Buenos Aires se asigna hasta tanto se resuelva definitivamente este conflicto.
El consejero Alberto Lugones aclaró no estar de acuerdo con el fallo de la Corte y que no es facultad del Consejo resolver el tema sino de los órganos legislativos de la Nación y de la Ciudad.
Inmediatamente, la consejera Alejandra Provítola salió con los tapones de punta no sólo contra el traspaso de la Justicia nacional como es su posición histórica sino también recordando a sus colegas que el Consejo no sólo sigue llevando a cabo concursos para los Juzgados Nacionales de la Ciudad vacantes, sino que también ha realizado concursos anticipados.
Al respecto expresó: “Me parece que este tema sobre la implicancia o no en este cuerpo del fallo de la Corte Suprema en el caso Levinas, con relación a nuestro trabajo en el Consejo de la Magistratura, no tiene nada que ver con lo que hoy estamos tratando. Primero que nada, debemos considerar que lo que apunta ese fallo se refiere a una cuestión que excede el trámite de los concursos en este Consejo y que también excede las competencias materiales de los fueros penal, civil, comercial y laboral que hoy la Justicia Nacional ejerce por leyes emanadas del Congreso de la Nación Argentina”.
Y añadió: “Debemos entender, de una vez, que este cuerpo ha tomado decisiones unánimes en compromiso con la justicia federal y nacional, que no son menos que mil jueces. Por ejemplo, en diciembre de 2023 aprobamos los concursos anticipados, pensados para la Justicia Nacional ante el altísimo número de vacantes que superaba el 40%, porcentaje que sigue siendo mayor que en el resto del territorio nacional. Esa decisión fue unánime de todos los sectores aquí representados: jueces, legisladores, académicos y abogados. No hubo ninguna objeción para que esa norma se aprobara. A raíz de ello, hoy hay en curso numerosos procesos de selección de magistrados, con una gran cantidad de postulantes. Actualmente, tenemos 23 concursos en trámite en la Justicia nacional que de ninguna manera pueden ser excluidos del presupuesto ni limitados en su trámite. Por el contrario, deben resolverse prontamente”.
En tanto, Barroetaveña destacó la prolijidad con la que se está trabajando administrativamente y que seguirán avanzando con los concursos pendientes para la Justicia Nacional de la Ciudad, cumpliendo el objetivo que tiene el Consejo.
Maques dejó en claro que, sin interés de entrar en ese tema, dejó constancia que presentó una nota en julio donde planteaba una serie de cuestionamientos respecto a partidas presupuestarias que deberían ser para la Ciudad en materia de Relaciones de Consumo y el fuero laboral.
La intervención de Rosatti
En medio de este profuso intercambio de opiniones, el Presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura tomó la palabra. Rosatti, haciendo gala de un sentido del humor prácticamente desconocido en él, recordó una película de Woody Allen en donde el cineasta y otra actriz discutían sobre lo que había querido decir un filósofo en la fila de un cine y el propio filósofo estaba allí para preguntarle.
“¿Qué quiso decir la Corte en el tema Levinas? A veces se me atribuyen autorías intelectuales que no tengo, pero en este tema yo tuve una participación importante en la Corte. Lo que resolvimos en Levinas es un tema procesal que nos estaba llevando fundamente con los abogados de la matrícula que no sabían si tenían que interponer recursos ante la Corte y ante el Superior Tribunal de la justicia de Buenos Aires”, indicó.
A lo que añadió: “Con relación al traspaso ya no vamos a decir más nada porque eso corre por cuenta de los poderes políticos efectivamente a través de un convenio entre el Congreso de la Nación y la legislatura provincial sobre cómo se hace. Esta es una cuestión absolutamente ajena a la Corte. Lo que la Corte exhorta es a ver cuándo esto se puede hacer. La Corte a veces hace exhortaciones, como exhorta a sancionar leyes o como ayer exhortamos de nuevo a que se designe al Defensor del Pueblo de una vez por todas porque tenemos reclamos jubilatorios que no podemos resolver porque corrían en su legitimación por el Defensor del Pueblo y no hay defensor del Pueblo hace un montón de años… Todas esas cuestiones a nosotros nos superan. Lo que quisimos decir en el fallo Levinas es ‘este es mecanismo procesal para que el abogado supiera que no iba a hacer perder el derecho de su defendido por el hecho de plantear un recurso ante un tribunal equivocado’”, concluyó.
Votación final y abstenciones
Al no incorporarse la cláusula propuesta por Grau, éste se abstuvo de acompañar el Presupuesto por considerarlo “inconstitucional”. También se abstuvieron Tailhade, Recalde, Siley y Pilatti Vergara.
De esta forma, el Consejo aprobó el Presupuesto 2026, aunque el debate dejó expuestas las profundas diferencias sobre la falta de presupuesto nacional, el financiamiento del Poder Judicial y el futuro del traspaso de competencias a la ciudad de Buenos Aires.
