El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta un complicado panorama judicial tras la filtración de los audios en los que manifiesta estar al tanto de supuestos pagos de sobornos por parte de laboratorios proveedores de medicamentos al organismo.
Si se obtienen pruebas de este delito y se confirma la veracidad de los audios, quedaría claro que como máximo responsable del organismo no habría presentado a tiempo la denuncia penal pertinente en el ámbito que correspondía, la Justicia, explican fuentes del caso.
En la investigación, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi se avanza ahora en el peritaje de celulares secuestrados a los involucrados. En el caso de Spagnuolo en uno de sus móviles ya se concretó la extracción forense. Se comprobó la existencia de mensajes borrados en fecha coincidente con la difusión periodística del primero de los audios en los que aludiría a la droguería Suizo Argentina, pero aún no se determinó qué mensajes se borraron en esos casos concretos.
El celular fue secuestrado durante un operativo policial en la casa de un barrio privado de Pilar donde reside Spagnuolo. Si bien no se aportó la clave, como estaba prendido y nunca dejó de funcionar los peritos de la DATIP pudieron realizar la extracción forense y entregar todo a la fiscalía, desde donde se avanzará con el análisis.
Qué delitos podrían caberle a Spagnuolo
Al igual que los demás investigados, entre ellos los accionistas de la Suizo Argentina, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, Spagnuolo no tiene aún una imputación formal en la investigación. Todo dependerá del avance de la pesquisa y las pruebas que se obtengan vinculadas a los audios y pago de sobornos.
Si se comprobasen las sospechas podría quedar imputado como partícipe necesario del delito porque era el responsable de ANDIS y, según esos audios, estaba al tanto del supuesto pedido de porcentajes a los laboratorios por parte de la Droguería y no habría cumplido con su deber de denunciar judicialmente.
Las eventuales advertencias que pudo o no haber hecho a funcionarios de mayor rango que el suyo no tienen relevancia penal. Su silencio habría permitido la continuidad del accionar ilícito.
En su condición de funcionario público, Spagnuolo tenía la obligación legal de denunciar en sede judicial cualquier irregularidad detectada en el organismo.
La ruta de los celulares
Los expertos de la DATIP requirieron otro tipo de tecnología para acceder a los celulares de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, señalada en los audios como el punto de origen de las supuestas exigencias de porcentajes sobre las ventas a laboratorios. También se analiza el aparato de Daniel Garbellini, otro ex funcionario de ANDIS, quien fue el único en facilitar la contraseña.
Además están pendiente de análisis dos celulares secuestrados al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis.
En este último caso, se trata de una investigación que corre por vía paralela donde ya se indagó a De Vicentis por presunto “encubrimiento” y “obstrucción a la justicia” en relacion a los hermanos Kovalivker, vecinos de ese complejo de barrios privados
De Vicentis negó haber advertido a los Kovalivkrer sobre un operativo policial en el country y aseguró que se encontraba de vacaciones. Explicó que, no obstante, pidió una copia de la orden judicial para confirmar que se trataba de efectivos de la policía, porque eso forma parte de sus responsabilidades.
El juez Casanello ordenó secuestrar los videos de cámaras de seguridad de Nordelta para reconstruir el recorrido que hizo Jonathan, el hermano que logró evadir ese día el procedimiento y se presentó en Comodoro Py 2002 de manera posterior con un abogado para dejar su celular, apagado y sin clave.
Medidas
Todos los investigados en relación a los audios tienen prohibido salir del país y se bloquearon cajas de seguridad que puedan poseer en bancos
La medida alcanza a los Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, al ex titular de ANDIS Spagnuolo, y al ex funcionario del organismo Garbellini.
El bloqueo a cajas de seguridad se decidió luego que el viernes, durante los procedimientos en Nordelta, se encontraron miles de dólares y pesos argentinos en efectivo en las casas de dos de los empresarios involucrados en la investigación
El magistrado envió un oficio al Banco Central notificando de su decisión fundamentada en la necesidad de preservar posible evidencia -documentación- y dinero guardado en las cajas que se identifiquen pertenecientes a los investigados.
Mientras tanto, la fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) revisan convenios entre ANDIS y la droguería que en menos de un año sumaron 55 mil millones de pesos, en busca de sobreprecios, direccionamiento de licitaciones o cartelización.
“Existe sospecha suficiente de la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”, señalaron fuentes del caso, que anticipan nuevos operativos según los resultados de las pericias.
Por lo pronto, la Justicia no ha formulado aún imputaciones formales en la causa, sino que impulsó la investigación con base en hechos denunciados para determinar si esos audios difundidos y adjudicados al ex titular de ANDIS se refieren a hechos que pudieron haber ocurrido y sobre la base de los que se fundan las sospechas de corrupción.
Spagnuolo hablaría en relación con pedidos de pago de sobornos a proveedores por parte de la droguería, que vende al Estado medicamentos para personas con discapacidad.
Con ese fin, avanza además el análisis de movimientos contables y documentos.
En concreto, en una de las sedes de ANDIS en Ramsay 2250 de la ciudad de Buenos Aires se secuestraron seis solicitudes de gestión de pagos a la empresa Suizo Argentina por 10.828.052.146 de pesos. También computadoras. Además, en el barrio de Belgrano, en el Laboratorio Droguería Suizo Argentina los investigadores se llevaron 15 cajas con documentación y un pendrive.
