Tal como anticipó el presidente del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra en la celebración del Día del Abogado, las entidades que representan a la abogacía de todo el país formalizaron un reclamo administrativo ante el presidente Javier Milei para que cumpla con su deber constitucional de enviar pliegos al Senado y cubrir las vacantes judiciales.
En la Casa Rosada ingresó el escrito de nueve carillas que lleva las firmas del presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra; el vicepresidente 1º de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Raúl Aguirre Saravia; la presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestre; y el titular de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta.
El planteo se ampara en la Ley de Procedimiento Administrativo y en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución nacional, que obliga al Poder Ejecutivo a remitir al Senado los pliegos de los candidatos para cubrir los cargos de jueces, fiscales y defensores. “No hay servicio de justicia si no hay jueces a cargo de los tribunales”, señala el escrito.
La advertencia de Gil Lavedra
El ex camarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura fue categórico: “Es una vergüenza que durante todo su mandato no haya remitido un solo pliego para cubrir la enorme cantidad de vacantes judiciales que existen”. Y advirtió que “se está comprometiendo seriamente la justicia por la falta de cumplimiento de la Constitución nacional”.
Las cifras de la parálisis
De acuerdo con la información publicada por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, desde que Javier Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023 no se envió ningún pliego al Senado. En cambio, fueron retirados los expedientes que había remitido la administración anterior.
El reclamo detalla que existen 184 vacantes en trámite en el Poder Ejecutivo, además de 139 concursos abiertos en el Consejo y decenas de cargos pendientes de resolución en el Senado. La situación se repite en fiscalías y defensorías, con 37 y 57 cargos vacantes respectivamente.
Una cuestión institucional
Las entidades recordaron que no se trata de un gesto político, sino de un deber constitucional indelegable. El escrito vincula la falta de designaciones con la violación de las garantías del debido proceso, la afectación al derecho al juez natural y los retrasos excesivos que ya fueron advertidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Si el Ejecutivo sigue incumpliendo su obligación, presentaremos la demanda judicial que corresponda en defensa de los derechos de nuestros matriculados y asociados”, concluye el reclamo.
