Se llevó a cabo en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA. Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad, abrió la jornada con un fuerte mensaje en un contexto en el que se discute la intervención del Estado en materia de discapacidad.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue sede del primer Congreso Internacional “Discapacidad en la Justicia: derechos y garantías”, una actividad que busca generar un espacio de diálogo para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad.
El encuentro fue organizado por el Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura porteño y contó con la presencia de especialistas, académicos, magistrados y referentes sociales. Los ejes principales giraron en torno a la igualdad de oportunidades, la educación inclusiva, la empleabilidad y la protección de derechos.
La secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad, Genoveva Ferrero, abrió y cerró la jornada. En su exposición subrayó la importancia del Congreso en un momento de debate sobre el rol estatal en esta materia: “Estamos en días muy críticos en donde se está replanteando si el Estado debe o no intervenir en materia de discapacidad. En el Poder Judicial creemos que el Estado tiene que estar presente, no sólo a la hora de intervenir con sentencias cuando el hecho ya pasó, sino también con políticas públicas vinculadas a la igualdad”.
Uno de los paneles más destacados fue el referido al acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Allí, el juez de Cámara del fuero Contencioso Administrativo, Lisandro Fastman, destacó la relevancia del Congreso: “Como integrantes del Poder Judicial lo menos que podemos hacer es poner el cuerpo y la escucha y reflexionar cuáles son las problemáticas, para dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de posibles soluciones”.
El congreso también contó con la participación de Jorge Araya, secretario del Comité sobre Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, quien planteó la necesidad de remover las barreras que limitan el pleno ejercicio de derechos: “Si bien es cierto que muchos poderes judiciales adoptaron protocolos para hacer sus edificios más accesibles, todavía hay un gran desafío que es transformar la accesibilidad a todo lo que es la documentación, porque para muchos ciudadanos no es sencillo comprender la jerga judicial”.
En su análisis, Araya subrayó que los Estados deben avanzar en el acceso a la asesoría legal y en la implementación de políticas y estrategias que garanticen la inclusión efectiva en el sistema de justicia.
La jornada reunió a diversas voces del ámbito judicial, académico y social, entre ellas el jefe del cuerpo de peritos de la Defensoría General de la Nación, Ezequiel Mercurio; la creadora del Programa ADAJUS, Mabel Remón; la investigadora mexicana Patricia Brogna; los legisladores porteños Manuela Thourte y Juan Manuel Valdés; el presidente de la ADC Alejandro Carrió; y Noelia Garella, la primera maestra titular con síndrome de Down en la Argentina.
También participaron la directora del Centro de Justicia de la Mujer, Cecilia Segura; la directora de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo porteña, Livia Ritondo; junto a especialistas como Natalia Mendoza, Flavia Calderone Alta, Alejandra de la Rosa y Soledad Antonucci Posso.
