Aunque su implementación estaba prevista para el 11 de agosto, el Ministerio de Justicia anunció una prórroga “excepcional e irreversible”. La reforma que promete juicios más ágiles y transparentes sigue enfrentando resistencias internas, déficit estructurales y un clima generalizado de cautela: nadie quiere quedar expuesto si el cambio fracasa.
Se dice de Py que es el escenario donde se libra la madre de todas las batallas. Que si algo sale bien en Comodoro Py, están las cartas del éxito garantizadas en cualquier otro lugar. Y aunque todo parecía indicar que el sistema acusatorio llegaría a la sede del fuero federal porteño el 11 de agosto, la cuenta regresiva se detuvo.
A través de las redes sociales, con un comunicado institucional y en medio de la feria judicial, reconoció lo que era certeza en los pasillos: el Ministerio de Justicia de la Nación cedió a la presión y anunció de mala gana una prórroga de tres meses “excepcional e irreversible”.
El ministro Mariano Cúneo Libarona aseguró que el sistema judicial penal federal cuenta con los recursos necesarios pero se optó por una postergación “para remover obstáculos políticos y corporativos” y garantizar una plena coordinación entre los tres poderes del Estado. Lo cierto es que, por el momento, la pulseada tiene un ganador y no es el Gobierno.
Fuentes de la Procuración consultadas por Quorum afirmaron lo que era previsible: “Creemos que era necesario un tiempo más para asegurarnos llegar mejor en cuanto a recursos materiales y humanos”.
Y agregaron: “Se están haciendo todos los esfuerzos desde el Ministerio Público, pero era muy inconveniente comenzar ya”.
La gran pregunta ahora no es si marcará un antes y un después en la manera de impartir justicia penal en Comodoro Py 2002, sino cuándo y cómo lo hará.
El sistema adversarial que es ley desde hace una década sin duda enfrenta obstáculos operativos: falta de espacio físico, asimetrías de personal, ausencia de cuerpos periciales y vacantes que dificultan el éxito investigativo.
Muchos insistieron hasta último momento en que la reforma debía postergarse: no se puede implementar bajo imposición y en un clima de incertidumbre.
Otros, tan entusiastas como resignados, asumían que era inexorable y se aferraban al “hagamos lo mejor que podamos”.
En un punto hay coincidencia total: nadie quiere ser la cara visible de un eventual fracaso. Por eso, en las semanas previas a la feria judicial de invierno, jueces, fiscales y defensores participaron de simulacros de audiencias, talleres de litigación, y hasta viajaron a Salta -provincia pionera en el modelo adversarial- para observar cómo se trabaja allí.
Se entrenaron en estrategias que imponen la oralidad, muy distinta al esquema tradicional de las fiscalías de instrucción, donde predominaban los extensos escritos. Desde ahora, el fiscal que inicia una causa debe llevarla hasta el final.
En un punto hay coincidencia total: nadie quiere ser la cara visible de un eventual fracaso.
Pero el momento ha llegado. Algunos más predispuestos que otros, en las últimas semanas previas a la feria judicial de invierno asistieron a simulacros de audiencias de litigación, capacitaciones, muchos viajaron a Salta -provincia pionera en el sistema acusatorio- para ver en persona cómo se presentan y llevan allí los casos.
Se entrenaron en estrategias de litigación, que se incorporan con la reforma, imponen la oralidad y es algo muy distinto al trabajo habitual de las fiscalías, sobre todo las de instrucción habituadas a extensos escritos editados y corregidos una y otra vez antes de la firma.
“Es un sistema que prevé, por empezar, una duración más acorde con la resolución de conflictos que suelen darse en el fuero penal, pero que presenta como desafío, particularmente en esta jurisdicción, la gestión de los casos complejos”, explicó a Quórum la fiscal federal Alejandra Mángano.
Durante las jornadas de capacitación organizadas por el Ministerio de Justicia, la Asociación de Magistrados y el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Franco Picardi señaló: “Implementar el sistema acusatorio es un desafío enorme y una deuda pendiente. Creo que de una vez por todas tenemos que cumplir con la implementación”.
Organización en áreas
Con el sistema acusatorio la organización fiscal cambiará para siempre: ya no regirá el trabajo de 12 fiscalías de instrucción de manera independiente en el quinto piso de los tribunales federales. Se trata de un nuevo organigrama que al filo del comienzo del receso invernal los fiscales aún desconocían en cuanto a los nombres que ocuparían cada puesto de la nueva estructura.
En los pasillos se bromeaba con tirar abajo paredes de durlok que separan pasillos y despachos y conformar un único bloque laboral, para ganar el lugar que escasea.
Habrá áreas fiscales para delitos complejos, sencillos, atención inicial, contención de víctimas. Y una dependencia que se encargará de establecer adónde irá cada caso, además de los sorteos de denuncias que ingresen.
Ante cada nueva denuncia, se contará con hasta 90 días para resolver si se impulsa una investigación, llamar a las víctimas, juntar prueba y si se arriba a un cuadro de evidencia que da verosimilitud a los hechos, formalizarla en una audiencia que se pedirá ante la nueva Oficina Judicial. La defensa del o los acusados tendrán acceso a todo lo que se haga. Pero recién al momento de esa audiencia, de manera oral y sin ningún dato previo, el juez tomará conocimiento del caso.
El desafío del Ministerio Público pasa por “tener una política criminal donde podamos orientar la actuación de los fiscales”, apunta Picardi durante las jornadas de ejercicios de litigación y simulacros de audiencias donde ejercitaron jueces, defensores y fiscales.
Desafíos operativos: entre la voluntad y la realidad
Los pronósticos que anticipan una justicia más ágil y transparente deben confrontarse desde ahora con la realidad estructural. En concreto, el anuncio por parte del Gobierno nacional de la entrega a la Procuración General de la Nación de un edificio en la ex ESMA sobre Avenida del Libertador, donde funcionó uno de los mayores y temidos centros de detención ilegal durante la última dictadura militar, no fue bien recibido por los fiscales que en muchos casos impulsaron y sostuvieron acusaciones contra genocidas que terminaron condenados por secuestros ilegales, torturas, asesinatos y robo de bebés en ese centro clandestino de detención.
Así las cosas, nadie pensó nunca en mover un papel hacia esas dependencias, que además no pueden alojar detenidos. Quedó claro que será destinada, en todo caso, a oficinas administrativas.
A pesar del entusiasmo por transformar la dinámica penal federal, los fiscales enfrentan obstáculos concretos que han generado preocupación interna. Repiten que no tienen espacio físico para audiencias simultáneas. Desde el anuncio de la puesta en marcha hasta el presente, no hubo nombramientos ni traspasos de personal y persiste la asimetría entre la cantidad de empleados con que cuentan las fiscalías en relación con los juzgados. Horas antes del inicio de la feria judicial de invierno, se preguntaban aún dónde atenderían a las víctimas de delitos, cómo serían los sorteos de las denuncias que llegan desde ahora directo a las fiscalías. Tampoco se habían conformado cuerpos periciales ni estaba clara la reestructuración organizativa interna que conlleva el acusatorio.
En los últimos meses, se remodelaron todas las salas de audiencias del edificio, se compraron equipos de videoconferencia, se vio el ir y venir de carretillas con nuevos aires acondicionados, se pintaron paredes y cambiaron luminarias. Se hizo lo que se pudo. Persisten problemas de conexión a internet, cableado vetusto y falta de sanitarios adecuados. Tampoco se mudaron juzgados que no pertenecen al fuero y ocupan desde hace décadas varios pisos y oficinas.
Todo en un marco que a futuro augura mayor presencialidad en el edificio, porque muchos piensan que en un nuevo sistema donde el juez recién tomará contacto con fiscales, defensa y acusados al momento de serle presentado un caso de manera oral, un Zoom podría no ser suficiente.
Implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) -que en realidad data de una década atrás- es para Comodoro Py una revolución judicial que pone en cabeza de los fiscales la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones. Muchos se autoperciben responsables del fuero más complejo del país y así lo transmitieron en reiterados reclamos.
Llevan adelante causas de alto impacto nacional, como ‘Vialidad’ o ‘la ruta del dinero K’, que derivaron en condenas a ex presidentes como Cristina Kirchner. También encabezan investigaciones con repercusión internacional, como las que ordenaron la captura de los mandatarios Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua). Además, intervienen en la causa por el atentado a la AMIA y acaban de resolver el juzgamiento en ausencia de altos funcionarios iraníes acusados por el ataque terrorista en Buenos Aires.
Todos expedientes que seguirán su marcha bajo el sistema anterior, con investigaciones a cargo de los jueces, procesamientos, instancias de apelación y futuros juicios orales en coexistencia con el adversarial.
El fuero en casos y números
Algunos números: a marzo de 2025 el cúmulo de casos en trámite en las Fiscalías de Primera Instancia del fuero Criminal y Correccional Federal de CABA era de 4.647. De ese total de casos, 1.204 fueron considerados “complejos” o “de trascendencia institucional” por los fiscales.
En las fiscalías ante Tribunales Orales, el número de casos elevados a juicio era hasta marzo último de 1.197, de los cuales 323 entran en la categoría de complejos. Las cifras las reveló el procurador Eduardo Casal, en una de sus misivas al Ministerio de Justicia.
En total, 29 fiscales de todas las instancias en los fueros federal y penal económico -también alcanzado por el sistema acusatorio- han dejado en claro por escrito sus reparos.
El guante lo recogió Casal, el jefe de todos los fiscales. “Resulta imperioso destacar que cualquier eficiente gestión de casos bajo el nuevo sistema, a efectos de asignar tareas y recursos, debe incluir el análisis del impacto que habrá de producir en las causas que actualmente se encuentran en trámite, con la dimensión y particularidades que tienen”, advirtió en su última carta dirigida a Cúneo Libarona.
También se mostró molesto por algunos análisis que interpreta menosprecian la labor de los fiscales y su “disposición a la entrada en vigencia del CPPF”. Ellos “se han manifestado a favor del sistema procesal impulsado en forma unánime requiriendo que se atiendan las evidentes necesidades de cara a una correcta implementación que, en definitiva, se encuentra vinculada al éxito de las investigaciones criminales complejas y la persecución penal de la criminalidad organizada y la corrupción”, remarcó.
Por caso complejo se entiende corrupción, narcotráfico, criminalidad económica, trata de personas. “Más aún, cabe advertir que una gran proporción de los casos complejos del distrito involucra a funcionarios públicos que integran la administración pública nacional” con sede en la ciudad de Buenos Aires.
En el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal, el Poder Judicial cuenta con un total de 1010 de integrantes, mientras que las fiscalías disponen de 368. De las 12 fiscalías federales de instrucción en Comodoro Py, cuatro están vacantes. Y así llegan al sistema acusatorio.
La implementación de este modelo implica una modificación sustancial en la estructura del proceso penal. Entre sus principales características se destacan:
- Los fiscales conducen la investigación: el Ministerio Público Fiscal pasa a tener el control total de la instrucción. Los jueces ya no investigan: controlan la legalidad, evalúan las pruebas y garantizan derechos.
- Audiencias orales y públicas: las decisiones se toman cara a cara, en audiencias orales, donde las partes exponen sus argumentos ante un juez.
- Juicios más ágiles y transparentes: se deja atrás la lógica escrita y burocrática. Se promueve la inmediación, la publicidad de los actos procesales y la participación activa de las partes.
- Creación de Oficinas Judiciales: se separan las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Las Oficinas Judiciales -organismos técnicos- gestionarán audiencias, notificaciones y tareas logísticas, descargando de esas funciones a los jueces.
La prórroga no resuelve el fondo del problema, apenas corre el tiempo. El sistema acusatorio promete juicios más transparentes, ágiles y orales, pero su éxito dependerá menos de las fechas que se anuncien y más de la voluntad real de los tres poderes para dotarlo de estructura, recursos y sentido de coordinación. En Comodoro Py, donde los expedientes pesan y la política siempre juega, los plazos se corren, pero el reloj sigue corriendo.
