Una marcha frente al Congreso para visibilizar el impacto de las falsas denuncias

Organizaciones convocan a movilizarse el próximo 9 de septiembre en el Día Internacional contra las Falsas Denuncias. El Observatorio de Falsas Denuncias difundió un duro comunicado en el que advierte que “destruyen vidas, arruinan familias y vulneran derechos fundamentales”.

El próximo martes 9 de septiembre distintas organizaciones marcharán frente al Congreso nacional en el marco del Día Internacional contra las Falsas Denuncias. La consigna elegida para este año resume el espíritu de la jornada: “Destruye vidas, arruina familias y vulnera derechos fundamentales”.

El eje de la convocatoria, prevista para las 15 horas, fue reforzado por el Observatorio de Falsas Denuncias, que en un comunicado expresó su preocupación por el uso indebido del sistema judicial. “Las denuncias falsas existen. Y aunque no invalidan las luchas legítimas contra la violencia, tampoco deben ser ignoradas. Cada vez que se instrumentaliza el sistema judicial para dañar, manipular o silenciar, se vulnera no solo a la persona acusada injustamente, sino también a quienes realmente necesitan protección”, señalaron.

La organización sostuvo que la problemática afecta en su mayoría a varones, pero advirtió que el impacto es transversal y alcanza a familias enteras: “Hay vínculos quebrados y reputaciones destruidas sin pruebas. No se trata de competir entre dolores, sino de exigir verdad, justicia y responsabilidad”.

En la convocatoria también se cuestiona al Poder Judicial por su rol en estos procesos. Según remarcaron, la falta de rigor en las investigaciones, sumada a “la ineficiencia, el sesgo o la desidia”, termina permitiendo que las mentiras se transformen en condenas anticipadas, con la presunción de inocencia reducida a una formalidad vacía.

“Las denuncias falsas no solo condenan a inocentes sino que también silencian y deslegitiman a las verdaderas víctimas, debilitando la confianza en la justicia”, advierte el comunicado.

Los manifestantes exigirán que la Justicia respete el debido proceso, que investigue con seriedad y que no se deje arrastrar por “presiones mediáticas o intereses políticos”.

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