Organismos, gremios y trabajadores del Ministerio Público de la Defensa rechazaron los dichos de la jueza federal en un programa de TV y respaldaron la gestión de Stella Maris Martínez.
Las manifestaciones realizadas por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el programa “Solo una vuelta más”, emitido por TN, generaron una ola de repudios institucionales. En esa entrevista, la magistrada de San Isidro cuestionó la labor de la Defensoría General de la Nación y la gestión de su titular, la doctora Stella Maris Martínez. La respuesta no se hizo esperar: la Defensoría General, el Consejo Federal de Defensores, sindicatos judiciales y la junta interna del organismo salieron públicamente a defender el trabajo que realizan día a día en todo el país.
En un comunicado oficial, la Defensoría General de la Nación rechazó “enérgicamente las expresiones que intentan menospreciar la labor” de las defensoras y defensores públicos, cuya misión central es garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres en situación de violencia, adultos mayores y personas privadas de libertad. La institución recordó que los resultados de su Informe Anual 2024 desmienten cualquier intento de descalificación, ya que documentan cientos de intervenciones en defensa de derechos fundamentales, especialmente en materia de salud y seguridad social.
La Defensoría destacó que más del 60% de los casos abordados en distintas jurisdicciones están vinculados a la discapacidad y el acceso a prestaciones médicas, y que su trabajo se extiende a todo el territorio nacional. También subrayó que la gestión de Stella Maris Martínez al frente del organismo permitió “fortalecer la representación de víctimas”, avanzar en la defensa de la niñez ante la Corte Suprema” y sostener un trabajo de cercanía con comunidades alejadas.
“Las infundadas declaraciones de la Dra. Arroyo Salgado desconocen y minimizan el esfuerzo de quienes, con recursos limitados y un profundo compromiso profesional, trabajan cotidianamente para asegurar que los sectores más desfavorecidos accedan en igualdad de condiciones a sus derechos”, señala el comunicado.
En la misma línea, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresó su “más enérgico repudio” a los dichos de la jueza federal de primera instancia de San Isidro, que calificó de “infundados” y orientados a “desmerecer la prestigiosa labor” de la Defensa Pública.
El organismo federal recordó que los defensores afrontan diariamente enormes dificultades y limitaciones presupuestarias, y aun así cumplen un rol indispensable. “Resulta inadmisible que se intente menospreciar a una institución que históricamente tiene la misión de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres en situación de violencia, personas privadas de libertad y otros sectores postergados”, destacaron.
Los trabajadores también hicieron oír su voz. La junta interna del Ministerio Público de la Defensa calificó de “desafortunadas” las expresiones de la jueza y reafirmó su solidaridad con Martínez. “Sabemos el ahínco con que todos los estamentos del Ministerio Público trabajan en defensa de los menores e incapaces, de las víctimas y de las personas en extrema vulnerabilidad”, señalaron, al tiempo que reivindicaron la tarea institucional.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Judiciales Ciudad de Buenos Aires (Sitraju) vinculó los dichos de Arroyo Salgado a un intento de instalarse como posible sucesora en la Defensoría General, “con muy mal tino para ese fin”. En su comunicado, el gremio recordó que son las defensorías públicas las que enfrentan la suspensión y recorte de pensiones no contributivas y defienden a la población ante la falta de respuestas del Estado. “Reivindicamos nuestra labor diaria frente a tanta mentira televisada”, concluyó el escrito.
En las últimas horas también se pronunció la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que difundió un comunicado titulado “La encomiable actuación de la Defensoría General de la Nación en materia de defensa y protección de personas con discapacidad”.
La entidad sostuvo que el Ministerio Público de la Defensa, “a través de sus equipos en todas las jurisdicciones del país, es la institución nacional que interviene de manera prevalente y constante en la protección de los derechos de todas las personas, y específicamente del derecho a la salud”.
Asimismo, remarcaron que, “ha sido y es la defensa pública la que, mediante la promoción de diversas acciones judiciales, permite que los tribunales restituyan esos derechos fundamentales a los afectados, en especial a aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”.
El texto también subrayó que esta tarea “se proyecta a través de numerosas intervenciones extrajudiciales que buscan efectivizar el derecho a la salud integral”.
En tanto, la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) emitió un comunicado reafirmando y “destacando la gran labor que día a día llevan a cabo los defensores y defensoras públicos oficiales a lo largo de todo el país” en línea con el comunicado de la Defensoría General de la Nación tras las críticas recibidas al organismo y a su labor.
ADePRA detalló que la defensa pública lleva a cabo su labor “muchas veces con recursos limitados, para garantizar los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la salud y el acceso a la justicia, de los sectores más vulnerables, las niñas, niños y adolescentes; los adultos mayores; las personas con discapacidad; las mujeres víctimas de violencia entre otros, en armonía con los intereses generales de la sociedad y el debido proceso legal”.
“Exhortamos a respetar el trabajo y la importante función de la Defensa Pública como derecho constitucional y convencional”, sostuvo el comunicado firmado por el presidente de ADePRA, Adolfo Sánchez Alegre y su secretario general, Diego Stringa.
Qué dijo la jueza en televisión
En su participación en el programa Solo una vuelta más de TN, Sandra Arroyo Salgado cuestionó la labor de la Defensoría General de la Nación. Esto dijo: “Tenemos el Ministerio Público de la Defensa a cargo de una defensora general que tiene, entre otras funciones, la representación y defensa de los menores y de las personas con capacidades diferentes. Es una mujer (por Stella Maris Martínez) que está pronta a cumplir la edad de jubilarse y que realmente no estamos viendo en los distintos ámbitos una participación activa cuando vemos menores víctimas, personas que hacen amparos porque no pueden acceder a sus medicamentos, a tratamientos, y no vemos una participación tan activa del Ministerio Público de la Defensa representando a estas personas ante la justicia”.
