Caso Maradona: los jueces que buscarán borrar la “mancha” que dejó Makintach

Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani integran el nuevo tribunal del juicio por la muerte de Diego Maradona. En la primera aparición conjunta quedaron a la vista tensiones internas y diferencias de criterio. El papel que tuvieron en juicios históricos como el robo del Siglo y el crimen de la socióloga María Marta García Belsunce. La increíble coincidencia de uno de ellos con Julieta Makintach. ¿Quiénes son? 

“La Justicia no se mancha”. La jueza Verónica Di Tommaso eligió una icónica frase de Diego Maradona para ponerle punto final a un juicio que estaba predestinado a quedar en la historia, pero que terminó de manera abrupta y con un escándalo de impacto mundial. La mentira de Julieta Makintach -la otra magistrada que junto a Maximiliano Savarino formó parte del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro- había quedado al descubierto cuando el fiscal Patricio Ferrari proyectó el tráiler de “Justicia Divina”, la miniserie que seguía el juicio por la muerte de Maradona, pero que ni las partes ni los otros jueces estaban al tanto.

Con el debate anulado y un proceso de jury abierto, el Poder Judicial de San Isidro sorteó un nuevo tribunal. La bolilla le tocó al TOC 7, integrado por Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y María Coelho, pero sólo el primero de los jueces fue designado. La magistrada fue excluida por estar a cargo del juicio por jurados que pidió la defensa de la enfermera Dahiana Madrid, una de las imputadas por la muerte de Maradona, y Lago se excusó por razones de salud. En lugar de Coelho fue designado Alberto Ortolani, integrante del TOC 1 de San Isidro, y por el otro magistrado salió sorteado Pablo Adrián Rolón, del TOC 5.  

Gaig, Ortolani y Rolón debutaron el 18 de julio en una audiencia preliminar que dejó a la vista una interna entre ellos. Gaig, como presidente del tribunal, protagonizó una acalorada discusión con los abogados defensores que obligó a pasar a un cuarto intermedio.

El desencadenante fue el reclamo del abogado Francisco Oneto, quien denunció que se había convocado la audiencia apenas 24 horas después de completarse la integración del tribunal, sin respetar el plazo legal de 10 días previsto en el Código Procesal Penal bonaerense. “Es un monarca”, le gritó Oneto a Gaig durante la discusión, en la que también intervino su colega Julio Rivas. Ambos sostuvieron que necesitaban ese plazo para evaluar la posibilidad de recusar a alguno de los magistrados, insinuando objeciones, aunque sin especificar nombres.

La postura inflexible de Gaig fue respaldada inicialmente por una negativa a suspender la audiencia, lo que elevó el tono de la discusión hasta niveles poco habituales. En un momento, incluso se le negó el acceso a los canales de televisión, lo que sumó más tensión: “Está jugando al truco, nos esconde las cartas”, lanzó Oneto, acusando al juez de falta de transparencia. 

Gaig también se mostró reacio a aceptar la colaboración de sus propios colegas. Cuando el juez Rolón intentó interceder, lo interrumpió con un seco “la audiencia la manejo yo”. Más tarde, cuando Ortolani quiso opinar, su aporte fue igualmente descartado. Frustrado, se lo escuchó murmurar “acá estoy pintado”, dejando entrever el malestar por la forma en que el presidente tribunal conducía el debate. 

Quién es quién

Para Gaig no fue un trámite más. Es que dos senadores de Cambiemos, Andrés De Leo y Elisa Carca -por aquel entonces miembros de la Coalición Cívica- se negaron a acompañar su pliego. ¿El motivo? Denuncias previas por mal desempeño y violencia laboral.

“Este candidato tenía unas denuncias hechas y también había sido sancionado por parte de la Procuración, por una situación de maltrato y de violencia en el ejercicio de su trabajo”, advirtió en ese momento Carca, quien además reveló que Gaig admitió los hechos en la comisión de Asuntos Constitucionales aunque los atribuyó a “una interna”. Pese a esas objeciones, la mayoría automática garantizó su nombramiento.

La historia detrás de esas denuncias, revelada tiempo después por el periodista Horacio Verbitsky, habría incluido episodios de violencia contra colegas dentro del Ministerio Público. Tres fiscales lo denunciaron ante la entonces procuradora María del Carmen Falbo por trato insultante y violento. Uno de ellos, Carlos Washington Palacios, incluso relató que Gaig lo tomó del cuello y lo empujó contra una pared. También se lo vinculó con hechos de corrupción: habría solicitado dinero para intervenir en causas, haciéndose pasar por el fiscal Marcos Petersen Victorica.

En ese contexto, Falbo tomó la cuestionada decisión de trasladarlo a la misma fiscalía que debía investigarlo, en el partido de Tigre. Gaig tenía entonces una trayectoria como auxiliar letrado en la Fiscalía de Pilar, donde su nombre circulaba entre los allegados al también denunciado fiscal Julio Novo. En el pedido de enjuiciamiento contra Novo impulsado por Elisa Carrió, Gaig fue incluido como testigo por haber sufrido episodios de violencia laboral.

Sin embargo, su carrera judicial no se detuvo. En 2014 rindió examen para ocupar una vacante en el fuero penal de San Isidro, compartiendo terna con Mariano Tecchi y Laura Zyseskind. Su nombre fue seleccionado recién en 2016, cuando una nueva conformación del Consejo de la Magistratura bonaerense -ya bajo la órbita de Vidal- elevó su postulación al Ejecutivo y, finalmente, al Senado provincial.

Desde entonces, Gaig participó de casos resonantes. Uno de los más recordados fue el juicio a los hermanastros Leandro Acosta y Karen Klein, condenados a prisión perpetua en diciembre de 2019 por el crimen brutal de sus padres en la localidad de Manuel Alberti. El doble parricidio incluyó el descuartizamiento de los cuerpos y un pacto entre los acusados para encubrir el hecho. Gaig integró el tribunal que dictó la condena.

Antes, como parte del Ministerio Público, había intervenido en etapas preliminares del caso María Marta García Belsunce. En 2007 participó de una inspección ocular a la casa del country Carmel y prestó declaración sobre la figura de Nicolás Pachelo. También le tomó testimonio a dos coimputados, Norberto Glennon y José Ortiz. Esos antecedentes fueron utilizados más adelante para cuestionar su imparcialidad. En 2020, cuando el juicio contra Pachelo se reactivó, Gaig se excusó de participar alegando “motivos de agenda”. El reemplazo, designado sin sorteo previo, fue el juez Esteban Andrejín, lo que generó una controversia entre los fiscales que denunciaron la falta de transparencia en la selección del nuevo integrante.

Otra intervención destacada ocurrió en diciembre de 2023, cuando el Tribunal Oral 7 de San Isidro, que integra junto a María Coelho y Alberto Lago, absolvió a un hombre que había pasado dos años preso acusado de una violación que nunca existió. La absolución fue unánime, pero las palabras del juez Lago en el fallo sintetizaron la gravedad institucional del caso: “Este órgano colegiado siente la necesidad de pedirle disculpas en nombre de la Justicia, por estos casi dos años que pasó privado de su libertad, sabiendo que esto es irremediable”. Gaig acompañó la decisión, aunque no emitió una declaración pública.

Alberto Ortolani

En paralelo a su función como juez, Ortolani se ha dedicado también a la formación. En un seminario titulado “Introducción al Derecho Penal”, dictado en 2023, expresó que “la docencia es algo que verdaderamente le apasiona”, una declaración que revela no sólo su compromiso con el Derecho, sino también con la transmisión de conocimiento a nuevas generaciones.

Ortolani es el más futbolero del tribunal. En sus redes se presenta como “papá de Tomás y Lucas” pero destaca su condición de hincha de Tigre. No sólo es simpatizante del club, sino que integra el Comité de Socios y Socias, lo que indica una participación activa en la vida institucional de la entidad. Suele estar en la platea del estadio de Victoria, pero también acompaña en los partidos de visitante. 

A lo largo de su carrera, tuvo a su cargo causas de alto impacto y de notable complejidad. Por ejemplo, intervino en el juicio por el crimen de Juan Manuel Canillas, un secuestro seguido de muerte que conmovió a la sociedad en 2002. 

Otro proceso en el que tuvo un rol activo fue el del “Robo del Siglo”, el célebre atraco al Banco Río de Acassuso en enero de 2006. El caso fue paradigmático por el modo cinematográfico del delito -incluyendo túneles, armas de juguete y rehenes liberados sin violencia- y por la sofisticación logística y la cobertura mediática que generó. Ortolani integró el tribunal que juzgó a los responsables, en una causa que redefinió algunos parámetros del análisis judicial sobre delitos contra la propiedad y su planificación estructural.

Pero, sin dudas, uno de los expedientes más complejos que tuvo bajo análisis fue el vinculado a la familia de María Marta García Belsunce, la socióloga asesinada en el country Carmel de Pilar en octubre de 2002. El TOC 1, integrado por Ortolani, condenó en 2011 por encubrimiento a varios miembros del entorno familiar y cercano a la víctima. Horacio García Belsunce, Juan Hurtig, Sergio Binello, Guillermo Bártoli y el médico Juan Ramón Gauvry Gordon fueron señalados por haber intentado obstaculizar la investigación, manipular la escena del crimen, falsear certificados de defunción y hasta tirar una bala por el inodoro.

Uno de los puntos más discutidos del fallo fue la afirmación del propio Ortolani respecto a la presencia de “La Gotita” en la cabeza de la víctima, lo que generó una fuerte reacción por parte de la familia García Belsunce. El tribunal dio por probado que hubo maniobras para encubrir el homicidio. Aunque los condenados estuvieron presos sólo 14 días, el proceso marcó un precedente en la evaluación judicial de los delitos de encubrimiento agravado en contextos de alto perfil social. Años más tarde, en febrero de 2020, el mismo tribunal -con Ortolani como uno de sus integrantes- dictó el sobreseimiento de Horacio García Belsunce, Juan Hurtig y Sergio Binello por prescripción de la acción penal, tras no haber obtenido una sentencia firme en más de ocho años.

En diciembre de 2023, este juez participó de otro juicio profundamente sensible: el que tuvo como acusada a Sor Marina, una monja colombiana residente en el Hogar de las Hermanas Trinitarias de Boulogne, condenada a diez años de prisión por abusos sexuales gravemente ultrajantes cometidos contra cinco menores entre 2017 y 2021. El tribunal la encontró responsable de haber perpetrado abusos reiterados aprovechando su rol de autoridad y la situación de convivencia con las víctimas, muchas de ellas en situación de extrema vulnerabilidad. La sentencia subrayó el uso de su posición como encargada de la cocina para generar un entorno de confianza y luego quebrantarlo de forma sistemática. Las denuncias surgieron tras la intervención de una abogada del Niño, y el tribunal reconoció la credibilidad de las víctimas en un fallo que fue valorado por organismos de derechos humanos.

Otro de los juicios en los que Ortolani participó fue el que condenó a Pablo Torres Lacal, declarado culpable por la muerte de Manuel Storani -hijo del dirigente radical Federico Storani- y de María de los Ángeles Bruzzone, la madre del joven. La sentencia impuso una pena de nueve años de prisión. El caso fue también relevante por la notoriedad pública de las víctimas y el impacto social que tuvo en la comunidad política.

Pablo Adrián Rolón

Su carrera judicial comenzó mucho antes, en 1989, cuando ingresó al Departamento Judicial de San Isidro en cargos auxiliares. Desde entonces, fue ascendiendo dentro de la estructura del sistema judicial bonaerense: fue auxiliar letrado en el Juzgado Criminal y Correccional 1 de San Isidro (1998), secretario del Ministerio Público Fiscal (1998-2004), y luego secretario del Tribunal Oral en lo Criminal 4 del mismo departamento judicial. En febrero de 2007 asumió como fiscal en lo Criminal y Correccional, cargo que ocupó durante casi una década hasta su nombramiento como juez de tribunal oral.

En su perfil de LinkedIn, Rolón destaca una frase que parece resumir tanto su filosofía de vida como su forma de ejercer la función judicial: “Los grandes de mi vida me enseñaron que la dignidad no se negocia, y que perseguir los sueños, es cosa de valientes”.

Uno de los procesos más emblemáticos en los que intervino fue el juicio por el homicidio de Marcos Schenone, ocurrido en 2003. En esa causa, el poderoso empresario gastronómico Horacio Conzi fue condenado a 25 años de prisión en 2005 por el crimen. Rolón tuvo a su cargo la organización del juicio, en una investigación que atravesó un fuerte debate público por su carga mediática y la personalidad del condenado.

También protagonizó otro fallo mediático en septiembre de 2024, cuando condenó a Martín Moncayo Von Hase a 16 años de prisión por abuso sexual. El acusado era un abogado con formación académica en la UBA y en Alemania. Fue denunciado por su ex esposa luego de escuchar el testimonio de sus dos hijas menores de edad -una de ellas con síndrome de Down-, quienes relataron abusos reiterados durante años, incluso durante vacaciones familiares. El juicio dejó expuesta una dinámica de violencia familiar que se mantuvo en silencio por más de una década, y la sentencia fue considerada ejemplar por su contundencia.

En diciembre de 2019, homologó una condena en juicio abreviado a Dante Casermeiro, hijo de la periodista Federica Pais, y Octavio Laje, hijo del economista Guillermo Laje, por una serie de robos bajo la modalidad “motochorros” cometidos en un mismo fin de semana en el norte del conurbano bonaerense. Ambos fueron condenados a tres años de prisión -en el caso de Casermeiro, en suspenso- por utilizar armas de utilería para asaltar a sus víctimas. Al momento de dictar la sentencia, Rolón dejó en claro que “en el juicio abreviado el juez mantiene su facultad de valoración sobre el grado de culpabilidad”, aunque debe respetar el marco pactado entre la fiscalía y la defensa. El caso fue apodado mediáticamente como el de los “motochorros VIP” por la procedencia social de los imputados.

En diciembre de 2024, fue parte de uno de los fallos más relevantes del año. Junto a sus colegas del Tribunal 5, condenó al director de la comunidad terapéutica “Resiliencia San Fernando”, Emanuel Cambra, a 35 años de prisión por los delitos de incendio doloso seguido de muerte, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y estafas. El proceso investigó un incendio ocurrido en 2021, donde murieron cuatro pacientes que se encontraban en condiciones deplorables y sin supervisión profesional adecuada. El fallo incluyó también las condenas a otros miembros del equipo administrativo de la institución, y fue destacado por organizaciones como la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), que señalaron: “Es la primera vez en la historia de Argentina que son condenados por reducción a la servidumbre directores y administrativos de una comunidad terapéutica”.

Tras el escándalo que dinamitó el primer tribunal, la nueva integración no trajo sosiego. Con un presidente señalado por denuncias de violencia laboral y viejas alianzas políticas, un juez con experiencia en causas emblemáticas pero relegado en la conducción del debate, y otro que llega como reemplazo de emergencia, el nuevo combinado parece más una conjunción de trayectorias paralelas que un equipo cohesionado. En ese clima, el juicio por la muerte de Maradona enfrenta un desafío mayor que el de establecer responsabilidades penales: recuperar la confianza en que, esta vez, la Justicia pueda estar a la altura de la historia.