El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó este lunes siete allanamientos en el marco de la investigación por la fabricación y comercialización de fentanilo contaminado en el laboratorio HLB Pharma, cuyo uso se vincula a la muerte de por lo menos 96 pacientes. Esta vez la investigación apunta a los máximos responsables de organismos de control.
Los operativos incluyeron la sede central de la ANMAT en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la sede del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y los domicilios particulares de varios funcionarios involucrados.
Fuentes judiciales explicaron que se investigan “eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero” del fentanilo contaminado.
Entre los domicilios allanados se encuentra el de Nélida Bisio, administradora de la ANMAT; a quien se secuestró el teléfono celular.
También se investiga a Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del INAME, en Quilmes; Ana Laura Canil, directora de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME; Mariela Baldut, directora de Poscomercialización y Acciones Regulatorias del INAME; y Maximiliano Lalin, jefe del Departamento de Inspectorado del INAME, todos en CABA.
Qué busca el juez
La justicia busca preservar pruebas documentales y dispositivos electrónicos vinculados a los funcionarios investigados. Además, se intenta determinar la entrada y salida de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, a la ANMAT, ya que él mismo declaró haber mantenido reuniones con Bisio para abordar irregularidades detectadas en la planta de Ramallo.
En la causa, la fiscalía imputa delitos que prevén hasta 25 años de prisión vinculados a la adulteración o envenenamiento de sustancias medicinales a raíz de lo cual resulte la muerte de alguna persona.
En la causa hay detenidos que enfrentan un complicado panorama, entre ellos el principal responsable, Ariel Fernando García, dueño de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo.
En la causa que tramita en La Plata, el juez detuvo e indagó a García Furfaro; a sus hermanos Diego y Damián García Furfaro, quienes junto al primero llevan el control de las actividades de los laboratorios. También a la madre de los tres, Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB, y al director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran.
Se detuvo además a los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y al de HLB, José Antonio Maiorano.
La fiscalía del caso había reclamado poco antes las detenciones en un dictamen donde advirtió que se trata de “un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”.
La fiscal federal de La Plata María Laura Roteta advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada, en el caso donde trabajan también la PROCUNAR, la PIA, la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Secretaría de Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).
El eje del caso
El eje de la investigación está puesto en el desvío de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia y también en posibles desvíos de cantidad del producto al mercado ilegal.
Además y, en parelelo, en un dictamen anexo suscripto por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se impulsó una investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.
La PIA analizó 273 expedientes administrativos abiertos con relación a estos laboratorios con anterioridad a lo ocurrido con el fentanilo contaminado.
Según el dictamen fiscal, “las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas -entre ellas, el reciente informe del Instituto Malbrán- resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo (N° 31.202 y 31.244) salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto”.
También se consideró acreditada la relación entre los contagios y el fallecimiento de una serie de víctimas a cuyo respecto se practicaron los necesarios exámenes periciales.
La investigación judicial comenzó el 12 de mayo pasado, tras la denuncia presentada por un funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales.
Estudios posteriores del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en la sede de las empresas involucradas.