Con la presencia de más de un centenar de magistrados, funcionarios e invitados de todo el país, se desarrolló en Córdoba el XXV Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Orales, organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Durante dos jornadas intensas en el hotel Orfeo de Salsipuedes, se debatió sobre el futuro de la justicia federal, la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal y los desafíos frente al crimen organizado.
En el acto inaugural participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Eugenio Angulo; el ministro de Justicia y Trabajo de la provincia, Julián López; el intendente de Salsipuedes, David Strasorie; el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; el presidente de la AMFJN, Andrés Basso; y el gobernador Martín Llaryora.
Los discursos coincidieron en resaltar la independencia judicial como pilar del Estado de derecho y en señalar tres grandes desafíos: la implementación del sistema acusatorio, el impacto de la inteligencia artificial y la lucha contra el narcotráfico.
Basso subrayó que el encuentro es un ámbito de intercambio imprescindible y advirtió sobre la necesidad de cubrir vacantes para no frustrar la reforma procesal: “Debemos bregar para que la reforma no fracase; resulta imperiosa la cobertura de gran cantidad de vacantes”.
Reafirmó además la defensa de la independencia judicial, advirtiendo sobre intentos regionales y globales de debilitarla, y reiteró el rechazo de la Asociación al traspaso de la Justicia Nacional: “El Estado de derecho exige un Poder Judicial absolutamente independiente para resolver todo tipo de causas, especialmente aquellas vinculadas al poder político, económico y a las grandes estructuras criminales”.
Finalmente, valoró las acciones solidarias de la institución en hogares y comedores comunitarios.
Rosenkrantz celebró la agenda de debate y reivindicó al derecho como “un invento humano maravilloso, sinónimo de civilización”, destacando que los jueces deben juzgar solo movidos por el derecho. Sobre la inteligencia artificial, marcó que “las máquinas calculan mejor, pero los jueces ponderan mejor” enfatizando que la tecnología debe ser un complemento y no un sustituto de la labor judicial.
Llaryora, en tanto, destacó el orgullo cordobés por recibir el evento: “La justicia es parte del ADN de Córdoba”.
Subrayó el rol de los jueces como custodios de la Constitución y garantes de la democracia, y agradeció especialmente su valentía en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico “Esa batalla desigual hay que darla”. Celebró además que se aborden debates de futuro como el impacto de la inteligencia artificial en los derechos individuales. “Gracias a fallos heroicos, nuestra generación es la que más años vivió en democracia en la historia argentina”, afirmó.
“Nunca castigar antes de investigar”: reflexión judicial sobre independencia, pena y prescripción
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, expuso sobre la filosofía del castigo y la importancia del debido proceso. El orador planteó una reflexión profunda sobre el rol del Poder Judicial en el marco republicano, la esencia del castigo penal, la vigencia del debido proceso y el valor del tiempo en materia de prescripción de delitos. Destacó la importancia de mantener la independencia judicial, actuar sin espectacularidad y siempre dentro de la ley, aun frente a presiones mediáticas o vacíos normativos que la política no resuelve. También recuperó ejemplos históricos y filosóficos (Sófocles, Sócrates, Kant) para vincular la tradición cultural occidental con los desafíos actuales de la justicia argentina.
Llamó a mantener la independencia judicial “sin espectacularidad”, alertó sobre los juicios mediáticos y planteó tres ejes: nunca castigar antes de investigar, repensar la justificación de la pena y reflexionar sobre la prescripción de los delitos.
“No hay un derecho constitucional para el delincuente de eludir la pena. El olvido como fundamento de la prescripción es débil”, sostuvo.
Finalmente, advirtió sobre la tendencia local a que “primero esté la sentencia y después la ley”, lo que obliga al Poder Judicial a cubrir vacíos de la política. Y cerró con un llamado: “No se trata de endurecer por endurecer, sino de llegar al final de los procesos. Lo importante es que la justicia funcione y llegue a término”.
La presentación de la exposición de Rosatti fue realizada por la jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, Noel Costa, a quien los asistentes destacaron en numerosas oportunidades por “su invaluable labor” en la organización de las jornadas como presidenta de la Comisión de Tribunales Orales de la AMFJN.
Un cambio estructural en la Justicia: Petrone y Barroetaveña analizaron el sistema acusatorio
En un panel moderado por la jueza Carolina Prado (organizadora del evento junto a la Dra. María Noel Costa); los Dres. Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, presidente y vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, coincidieron en que el nuevo Código Procesal Penal Federal implica un cambio estructural y cultural.
Petrone repasó la experiencia en provincias pioneras como Salta, Rosario y Mendoza, y subrayó que el sistema acusatorio rompe con la lógica tradicional del “juez–juzgado como isla”. Destacó que la efectividad en audiencias alcanza el 95%, que el 85% de las causas se resuelven en menos de nueve meses y que el desafío actual es consolidar la transparencia a través de agendas públicas, registros audiovisuales y un glosario de jurisprudencia asistido por inteligencia artificial.
“Uno de los grandes déficits actuales es la falta de una agenda pública de audiencias accesible: sin publicidad no hay verdadera transparencia”, advirtió. Y concluyó: “Queda mucho por hacer. Hemos dado los primeros pasos, pero los desafíos estructurales y organizativos recién comienzan”.
Por su parte, Barroetaveña puso el foco en las dificultades de infraestructura y en el alto nivel de vacantes judiciales -un 37% sin cubrir-, aunque remarcó que la calidad profesional de jueces y juezas es la que sostiene el éxito del sistema. “Más allá de los sistemas, el mejor sistema son los jueces y las juezas. La calidad profesional y humana marca la diferencia”, afirmó.
También reivindicó la presencialidad en los juicios tras la pandemia, llamó a unificar criterios para dar previsibilidad y celebró que “Argentina está considerada hoy uno de los poderes judiciales más transparentes de Latinoamérica. Eso habla de que estamos haciendo las cosas bien”.
Solidaridad y compromiso
En paralelo, el grupo “Allanando Caminos”, integrado por más de 100 magistrados y funcionarios que con su generosidad y compromiso, lograron una exitosa colecta para la reparación de la instalación eléctrica de tres de los hogares del Hogar “Padre Luchesse”, alimentos no perecederos, indumentaria e insumos varios y pasaron una hermosa tarde de juegos junto con algunos de los niños y adultos, de los 150 que acoge este Hogar, la mayoría con discapacidades, provenientes de hogares con problemáticas complejas y mujeres víctimas de violencia, entre otros.
Política, traspaso y vacantes
El segundo día estuvo atravesado por debates sobre el fallo de la Corte, el traspaso de competencias y la crisis de vacantes. El llamado común fue claro: unidad para defender la justicia nacional.
En el segmento “Decomiso”, la exposición estuvo a cargo de la Jueza del Tribunal Oral Federal N°8 de CABA, Dra. Sabrina Namer y coordinada por los Dres. José Fabián Asís y Enrique Lilljedahl. A su vez, en el panel “Tribunales Orales: problemáticas y desafíos actuales”, disertaron el presidente de la AMFJN, Dr. Andrés Basso, y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dr. Pablo Jantus, con la coordinación de los Dres. Jorge Romeo y Julián Falcucci.
El presidente de la Asociación, Dr. Andrés Basso, reafirmó que el rechazo al traspaso de competencias a la ciudad de Buenos Aires constituye una “política de Estado” de la institución. Recordó que, apenas asumida su gestión, debió enfrentar el proyecto de ley ómnibus que incluía el polémico artículo 439, finalmente eliminado gracias a la presión judicial y política.
“El fallo de la Corte cambió drásticamente el escenario y nos obligó a responder institucional y judicialmente”, advirtió.
Basso alertó también sobre las propuestas de transferencias parciales: “Algunas cámaras plantean cesiones acotadas, pero debemos ser muy cuidadosos: lo que empieza pequeño puede abrir la puerta a excesos”.
Finalmente, instó a evitar divisiones internas: “Lo conseguimos en ganancias; debemos conseguirlo también en jubilaciones y en el traspaso”.
Por su parte, el juez de Casación Pablo Jantus ofreció una mirada crítica. Sostuvo que los procesos judiciales deben analizarse no sólo desde las normas, sino también desde las prácticas de poder y la estructura institucional. Recordó experiencias fallidas en la implementación de oficinas judiciales y colegios de jueces, que debieron revertirse por la falta de un marco normativo y organizacional sólido.
En relación al traspaso, señaló que la decisión de no avanzar también es una decisión política y cuestionó el fallo Levinas, al que acusó de asumir una “función materialmente legislativa” al otorgar competencias al Tribunal Superior de la Ciudad sobre sentencias nacionales. Según Jantus, ello “expulsó a la justicia nacional de la agencia judicial federal”, dejando al fuero en una situación incierta: “La justicia nacional quedó en un limbo: sin recursos, sin definición de futuro, convertida en una justicia residual”.
Advirtió además sobre sus consecuencias concretas: la falta de designación de jueces y la mínima asignación presupuestaria, la sobrepoblación en comisarías con 2.700 detenidos -problema inexistente en el sistema anterior-, el desgaste institucional, el debilitamiento de la unidad entre jueces nacionales y federales y la pérdida de espacios comunes como la Junta de Presidentes.
Testimonios de memoria y compromiso
La ex jueza Nora Monella recordó los inicios de estos encuentros en 1994, cuando la principal lucha era la superintendencia. Subrayó que la unidad entre jueces y tribunales ha sido y debe seguir siendo la clave para alcanzar objetivos comunes. Aun estando jubilada, manifestó su compromiso con esta causa y exhortó a no bajar los brazos. Finalmente, defendió el régimen previsional judicial, aclarando que: “No es un privilegio, es un reconocimiento a la labor judicial en una democracia republicana”.
En la misma línea, Daniel Petrone llamó a superar dicotomías: “A la larga la preocupación es común y tenemos que trabajar juntos”, señaló, reivindicando la experiencia compartida en oficinas judiciales.
La jueza de cámara a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 Ivana Bloch expresó su preocupación sobre los concursos: si bien su apertura genera señales de optimismo, en la práctica se han convertido en un “limbo doble”, marcado por la falta de pliegos y designaciones. Incluso advirtió una caída en el nivel de los postulantes.
Basso admitió que las designaciones dependen de cálculos políticos: el envío de pliegos depende de las prioridades del momento. Reconociendo que eso deja dos posibles lecturas: una cierta esperanza de que se destraben en la discusión presupuestaria, o la preocupación de que todo quede en suspenso.
Llamado final
El juez Marcelo Gallo Tagle cerró con un reclamo de compromiso colectivo: “Es fundamental que trabajemos juntos y no permitamos que nos quiebren. No podemos corrernos cuando el tema no nos toca”.
En un mismo tono, todos los expositores coincidieron en que el futuro de la justicia nacional no puede definirse en soledad ni en fragmentos: la unidad corporativa es la herramienta clave para resistir los embates políticos, defender la independencia judicial y garantizar el rol de los tribunales en la República.