Jueces, académicos y especialistas nacionales e internacionales debatieron sobre los desafíos de la justicia penal juvenil en Argentina y la región. Se advirtió sobre la persistencia de normas que vulneran derechos y la necesidad de construir políticas basadas en información confiable.
La ciudad de San Juan fue sede del Tercer Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, realizado los días 3 y 4 de septiembre pasado bajo el lema “Por un sistema penal adolescente con perspectiva interdisciplinaria y federal”.
Durante dos jornadas, magistrados, académicos y especialistas nacionales e internacionales compartieron diagnósticos y propuestas para mejorar la justicia penal juvenil en Argentina y en la región.
La jueza chaqueña Vilma Almirón, al abrir uno de los paneles, remarcó el espíritu del encuentro: “Seguimos trabajando y procurando que nos interese el fuero penal juvenil, los adolescentes en conflicto con la ley penal, sumar buenas prácticas y escuchar a quienes nos nutren”.
Uno de los ejes más destacados del encuentro fue planteado por la panameña Sara Rodríguez Suárez, coordinadora del área jurídica y de Restitución de Derechos del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). A 35 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, Rodríguez advirtió que persisten marcos normativos contrarios a los estándares internacionales.
“Todavía existen normas que contravienen la Convención, como las vinculadas al matrimonio infantil o al castigo corporal. Treinta y cinco años después, el desafío sigue siendo armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales”, subrayó.
La especialista también cuestionó los intentos de vincular a los adolescentes con el avance del crimen organizado: “Los datos no nos dan para responsabilizarlos de los problemas de seguridad ni de la expansión del crimen organizado. El 58% de los niños y adolescentes de América Latina sufrió en el último año alguna forma de abuso físico, sexual o emocional”.
Rodríguez Suárez alertó sobre la normalización de la violencia en los entornos más vulnerables: “Muchos niños aprenden a reaccionar en una balacera o intercambio de disparos de arma de fuego, pero que no necesariamente no cuentan con apoyo para poder procesar el impacto de ese momento en el desarrollo psicosocial que eso deja a lo largo de su vida”. Y completó con un mensaje fuerte: “Las escuelas en las zonas más violentas deben ser las mejores escuelas, no las más abandonadas”.
La importancia de las estadísticas
Otro de los puntos clave del Congreso fue la importancia de contar con estadísticas integradas y federales sobre el fuero penal juvenil. Al respecto, la ministra del Superior Tribunal de Santa Cruz, en representación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JuFeJus), Alicia Mercau, fue clara: “Si no tenemos información, carecemos de medios o herramientas para desarrollar políticas penales juveniles que respondan a esta realidad. Eso abre la puerta a discursos demagógicos que colocan a los adolescentes como responsables de la inseguridad en un país”.
Mercau destacó la continuidad del sistema de indicadores iniciado en 2019, que ya involucra a 17 provincias: “Hemos logrado mantener la recolección de datos en el tiempo, algo fundamental para monitorear variables y evitar regresiones”.
En esa misma línea, el juez de Familia, Niñez y Adolescencia de Corrientes, Edgardo Frutos, presentó datos recientes: “En 2023 observamos un aumento de los delitos contra las personas, especialmente lesiones, y un retroceso en los delitos contra la propiedad. El 83% de los procesos finalizó con absoluciones, lo que refleja la necesidad de medidas alternativas y socioeducativas más eficaces”.
Por su parte, la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, planteó la importancia de abordar la justicia juvenil desde la perspectiva de vulnerabilidad: “La vulnerabilidad es transitoria, aunque algunas parecen permanentes, como las de género o raza. Las acciones del Estado deben estar orientadas a que esa vulnerabilidad no se perpetúe. Somos nosotros quienes tenemos que velar por esa transitoriedad”.
Homenaje a Víctor Bazán
El Congreso incluyó también la conferencia magistral de la jueza argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez, quien expuso sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el mismo acto se rindió un homenaje al juez y constitucionalista Víctor Bazán, quien donó su biblioteca personal a la Corte de San Juan.
“Siempre con la misma generosidad, con la misma pasión, con la misma entrega, sin guardarse nada”, destacó García Nieto al reconocer la trayectoria de Bazán, mientras que el propio homenajeado expresó: “Recibo este reconocimiento con gran emoción. Ha sido para mí un verdadero honor formar parte de esta honorable institución, intentando contribuir, aunque sea mínimamente, a la administración de justicia con vocación de servicio, honestidad y compromiso”.
Cierre y compromisos
El ministro de la Corte sanjuanina, Daniel Olivares Yapur, tuvo a su cargo el cierre del Congreso, donde destacó el aporte de las jornadas: “Cada uno se lleva en esto una reflexión final que tiene que ver con los principios y directrices que cada exponente ha expresado con tanta claridad y que nos van a servir no solo para nuestra vida diaria, sino para el ejercicio profesional en particular de quienes trabajamos en el derecho penal juvenil”.
En el marco del encuentro también se anunció que la sede 2026 será la provincia de Salta, y se firmó un convenio de cooperación entre el Instituto de Capacitación Judicial de la JuFeJus y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (INALUD), con el objetivo de fortalecer la capacitación y el intercambio de buenas prácticas.