Mañana se realizará la audiencia destinada a resolver si se confirma el multimillonario decomiso ordenado en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y otros condenados. El trámite será exclusivamente por escrito, sin exposiciones orales. Una vez que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal haya recibido la postura de todas las partes, tendrá cinco días hábiles para decidir. Qué bienes están en juego.
En Tribunales repiten que la ejecución de este multimillonario decomiso es un hecho inédito en una condena por delitos vinculados a la corrupción pública, por su magnitud y la cantidad de propiedades de todo tipo y dinero en juego que deberá ahora rastrearse en Comodoro Py 2002.
Audiencia clave
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convocó para mañana, 11 de septiembre, una audiencia que podría determinar si confirma o no el monto fijado para el decomiso a nueve condenados en el caso Vialidad, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner. Se trata de más de 684.990 millones de pesos.
La audiencia se hará por apelación de la defensa de la detenida ex Presidenta y tras la actualización del monto originalmente establecido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, que condenó en un juicio oral por el direccionamiento y sobreprecios del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a empresas vinculadas a Lázaro Báez.
Este lapso temporal no es menor: el Tribunal estableció que los bienes decomisables deben haber sido adquiridos en este período con dinero proveniente del delito. Precisamente, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzan en la identificación de bienes, dinero y valores que podrían ser afectados a su cobro.
Los fiscales avanzan ya en el rastreo de bienes y dinero en un proceso que será largo porque además, una vez identificados, deberán dar «participación a las respectivas defensas a los fines de salvaguardar los derechos e intereses de todas y cada una de las personas interesadas«, como estableció también el Tribunal.
«El parámetro temporal adquiere una gravitación decisiva, pues sólo resulta jurídicamente legítimo vincular al decomiso aquellas incorporaciones patrimoniales que se revelen concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal», que se delimitó ocurrió entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015, fecha en la que Cristina Kirchner dejó la Presidencia de la Nación. Esto se determina para «preservar la racionalidad y proporcionalidad» de la medida, dispuso el Tribunal.
Los fiscales, a quien se delegó la tarea del rastreo de bienes y dinero, deben precisar en cada caso la fecha de incorporación al patrimonio del condenado y por qué presumen provino del delito.
Los jueces del TOF2 Jorge Gorini, Fabián Basso y Rodrigo Giménez Uriburu dejaron ya en claro que el decomiso constituye una pena accesoria de carácter pecuniario, vinculada directamente al delito de administración fraudulenta, y no puede confundirse con indemnización por daño material o moral que pueda tratarse en otro fuero judicial.
El monto del decomiso se determinó en función de lo que se calculó fue la defraudación con manipulación de licitaciones y sobreprecios en las adjudicaciones de contratos de obra pública, todos «hechos y circunstancias que fueron objeto de investigación, juzgamiento, decisión y revisión» hasta quedar firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora lo que se discute en Casación es un tema de montos.
Los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña tienen a estudio un planteo de la defensa de la expresidenta por el índice de actualización aplicado por el TOF 2 para llevar el monto inicial de 84.835.227.378,04 pesos -fijado en el veredicto condenatorio del 6 de diciembre de 2022– a la cifra actualizada de 684.990.350.139,86 pesos, equivalente a casi 600 millones de dólares.
El tribunal oral había establecido en la sentencia que el decomiso debía ajustarse mediante organismos técnicos al momento en que el fallo quedara firme. Esa condición se cumplió el pasado 17 de junio, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó y dejó firme la condena a seis años de prisión para Cristina Kirchner.
Tras la audiencia del 11 de septiembre, la Sala IV tendrá un plazo de cinco días hábiles para resolver el planteo que busca invalidar lo resuelto por el Tribunal que juzgó a Cristina Kirchner y los demás condenados, entre ellos el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez.
Si Casación confirma lo decidido por el Tribunal, seguirá adelante el decomiso basándose en ese multimillonario importe calculado por peritos de la Corte Suprema de la Nación con base en el Índice de Precios al Consumidor. A la defensa le quedará intentar llegar a la Corte Suprema.
La ex Presidenta pretendía lograr “la suspensión de todas las actividades patrimoniales ejecutivas” vinculadas al decomiso por ausencia de sentencia firme judicial sobre el monto definitivo y actualizado.
Su defensa ya anticipó que, además de acudir a la Cámara de Casación, hará reserva de plantear el caso ante la Corte Suprema y organismos internacionales de derechos humanos.