El debate sobre el decomiso millonario fijado en la causa Vialidad quedó en condiciones de ser resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal, después de que tanto la defensa de Cristina Kirchner como la fiscalía presentaran sus escritos.
En el caso del fiscal ante esa instancia Mario Villar respaldó la decisión del Tribunal Oral Federal 2 en relación al monto multimillonario y la forma de cálculo en base a la cual se llegó a los 684.990.350.139,86 millones de pesos que deberán afrontar de manera solidaria la ex presidenta y los otros ocho condenados por corrupción en el reparto irregular de la obra pública en Santa Cruz
La defensa de Cristina Kirchner a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy reclama, por su parte, que Casación disponga suspender el avance del decomiso y dicte un nuevo fallo “conforme a derecho”.
Desde ahora, los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos quedaron en condiciones de resolver.
Los argumentos del fiscal
En su presentación ante la Sala IV de Casación, el fiscal general Mario Villar ratificó no sólo la cifra establecida por el Tribunal Oral Federal 2, sino también el criterio de actualización aplicado sobre los $85.000 millones originalmente calculados como perjuicio en el veredicto condenatorio emitido en 2022, al término del que fue el primer juicio a la ex presidenta, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.
“El decomiso se trata, antes bien, de una consecuencia jurídica independiente, de carácter propio, cuyo fin preventivo es eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas antijurídicamente”, sostuvo Villar en el escrito.
También añadió: “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas”.
El fiscal cuestionó el planteo de Carlos Beraldi, abogado de Cristina, al que calificó de “análisis tergiversado” por poner en duda el método de actualización. Para Villar, los recursos interpuestos por la defensa son “extemporáneos” y persiguen objetivos “que exceden los límites de lo jurídica y lógicamente posible”.
En esa línea, remarcó que la sentencia del TOF 2 —en especial en lo relativo al decomiso, su monto y la actualización— “se encuentra firme y constituye cosa juzgada, de modo que ya no puede cuestionarse, modificarse o debatirse del modo que pretenden las defensas de los condenados”.
También enfatizó que la discusión ya se dio en todas las instancias: “El decomiso, su monto y su forma de actualización pudieron ser y efectivamente fueron debatidas en los momentos correspondientes —juicio oral y público, instancia de casación y etapa de revisión extraordinaria—”.
Por eso, concluyó que los planteos de la defensa de Cristina Kirchner “o bien carecen de sentido porque implican una tergiversación de los términos de la sentencia, o bien son extemporáneos y sólo buscan reeditar una discusión que ya fue resuelta”.
El fiscal recordó que durante todo el proceso se garantizaron los principios básicos del proceso penal —oralidad, inmediación, sistema acusatorio y contradicción— así como los derechos de los condenados, entre ellos el debido proceso, la defensa y la propiedad.
Qué plantea Cristina Kirchner
La ex presidenta pretende lograr “la suspensión de todas las actividades patrimoniales ejecutivas” vinculadas al decomiso por ausencia de sentencia firme judicial sobre el monto definitivo y actualizado.
Su defensa ya anticipó que, además de acudir a la Cámara de Casación, hará reserva de plantear el caso ante la Corte Suprema y organismos internacionales de derechos humanos.
Los abogados Beraldi y Ary Llernovoy alegan que la conversión de una estimación provisoria en un monto definitivo les impidió controvertir la actualización, vulnerando el derecho de defensa, el principio del juez natural y el derecho de propiedad. También cuestionan la falta de fundamentación sobre el método de actualización elegido y denuncian un trato desigual y arbitrario respecto de otros casos.
Cuestiona el índice de actualización aplicado para llevar el monto inicial de 84.835.227.378,04 pesos -fijado en el veredicto condenatorio del 6 de diciembre de 2022– a la cifra actualizada de 684.990.350.139,86 pesos, equivalente a casi 600 millones de dólares.
Los criterios del decomiso
El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, estableció los criterios bajo los cuales los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola deberán avanzar en la ejecución patrimonial.
Según los magistrados, al tratarse de las ganancias obtenidas de la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la suma a decomisar constituye “una pena accesoria vinculada a la responsabilidad por el delito cometido”.
El monto del decomiso se determinó en función de lo que se calculó fue la defraudación con manipulación de licitaciones y sobreprecios en las adjudicaciones de contratos de obra pública, todos «hechos y circunstancias que fueron objeto de investigación, juzgamiento, decisión y revisión» hasta quedar firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se delimitó un período entre 2003 y 2015. Es decir, que el dinero, bienes y valores ejecutables deben haber sido obtenidos por los condenados en ese lapso de tiempo, cuando se perpetraron los delitos con fecha de finalización en diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia de la Nación
En ese extenso listado podrían entrar hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz y hasta los 4,6 millones de dólares secuestrados en una caja de seguridad bancaria a su hija Florencia Kirchner.
Ahora, con las posturas enfrentadas ya presentadas por escrito, la Sala IV de la Casación tiene el expediente en condiciones de dictar resolución en los próximos cinco días hábiles, un fallo que definirá si se mantiene o no el monto del decomiso más alto fijado en una causa de corrupción en Argentina.
