Las ofertas millonarias chocan con la oposición de la fiscal de juicio Fabiana León, de la Unidad de Información Financiera e incluso del propio Oscar Centeno, el remisero arrepentido autor de los cuadernos que dieron origen a la causa
Fabiana León sostuvo que su opinión en el asunto es “vinculante” y no hay acuerdo con la fiscalía para conceder ese beneficio. Uno de los puntos sobre los que tendrá que definir el Tribunal Oral Federal 7, ya que las defensas opinan diferente.
Durante cinco horas y en una mega audiencia virtual, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli escucharon las propuestas de 46 defensas.
El remisero Oscar Centeno, arrepentido en la causa, mandó decir en la audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7 que le parece “injusto” dar un beneficio basado en un “poderío económico” que él no tiene.
“En esta fiscalía no se vende impunidad”.
Fabiana León
“No hay precio que se puede poner al daño institucional que se ha causado”.
Los empresarios buscan evitar llegar al banquillo de los acusados el 6 de noviembre próximo, fecha fijada como inicio para el juicio oral en la que también estará acusada como supuesta jefa de asociación ilícita la ex presidenta Cristina Kirchner.
Las defensas solicitaron aplicar el mecanismo previsto en el Código Penal de extinción de la acción penal por reparación integral del daño, con montos que, en su conjunto, rondarían los 8 millones de dólares.
Tras escuchar a todos los abogados, fue el turno de la querella de la UIF y por último de la fiscal general Fabiana León. Ambos se opusieron.
“No estamos hablando de un delito menor”, dijo el abogado de la UIF Mariano Galperín, quien añadió: “Es una causa de corrupción sistémica, a gran escala, donde la víctima es la sociedad en su conjunto”.
Los imputados deben ser sometidos a un debate oral porque “lo contrario implicaría renunciar a la verdad, a la sanción y a la memoria colectiva” porque permitir la reparación “sería banalizar” el delito.
El dinero “no compensa” y sería “mandar un mensaje de impunidad” porque los delitos “afectan la transparencia y la confianza pública” donde el poder adquisitivo reemplaza el principio de igualdad ante la ley, destacó porque “se trata de décadas de desigualdad” por el “saqueo de fondos públicos” durante 12 años.
León enfatizó que no hay un acuerdo con la fiscalía y el “Ministerio Público Fiscal se opone”. Además, remarcó que hasta el día previo de la audiencia de este viernes “el ofrecimiento dinerario era patético”.
Llegar a un arreglo significaría “privatizar el interés público” y “abrir un mercado de impunidad”.
“En esta fiscalía no se vende impunidad”
Fabiana León
Poco antes, la defensa de Oscar Centeno pidió la palabra.
“Por mandato expreso de Centeno manifiesto su oposición, le parece una injusticia impropia basada en un poderío económico del cual él lamentablemente carece”, manifestó el defensor oficial Marcelo Sciegata casi al cierre de la extensísima audiencia virtual ante el Tribunal Oral Federal 7 de la que participaron una treintena de acusados, entre empresarios, el financista Ernesto Clarens y ex funcionarios del kirchnerismo.
Algunas de las propuestas:
- Ernesto Clarens (financista arrepentido): ofreció un departamento y un yate en Miami, valuados en 1,5 millón de dólares, ya embargados en la causa.
- Benjamín Gabriel Romero (EMEPA): ofreció 510 millones de pesos; había confesado el pago de coimas por 600.000 dólares para mantener la concesión de la Hidrovía.
- Mario Rovella (constructor): propuso 732 millones de pesos.
- Julio Paolini: ofreció 826 millones de pesos.
- Armando Roberto Loson (Grupo Albanesi): 181 millones de pesos.
- Enrique Pescarmona (IMPSA): 510 millones de pesos actualizados. Su defensa recordó que IMPSA no obtuvo contratos en Argentina y terminó estatizada, y que los pagos investigados corresponden a obras en Venezuela.
- También ratificaron ofrecimientos Aldo Roggio, Alberto Taselli, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Jorge Neira y Ricardo Repetti, entre otros.
Hubo además ofrecimientos por parte de acusados en situación de vulnerabilidad, como un caso donde sólo se podría pagar el equivalente a una jubilación mínima.
Los argumentos
A lo largo de la audiencia virtual que comenzó más de una hora después de lo previsto, pasadas las 10 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 15 hs, el Tribunal Oral Federal 7 escuchó las diferentes propuestas, entre ellas la de la defensa del financista arrepentido Ernesto Clarens: ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares.
La defensa del empresario imputado colaborador Enrique Pescarmona ratificó un ofrecimiento de 510 millones de pesos. Su abogado Marcelo Nardi explicó que la empresa de Pescarmona, Impsa, “no sólo no obtuvo ningún contrato de obra hidroeléctrica, pese a ser la firma con el mayor expertise en Argentina en esa materia, sino que fue perjudicada, fue concursada y finalmente estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández”.
“Dejamos aclarado que los pagos que les fueron exigidos por los funcionarios públicos a Pescarmona y Francisco Valenti /también de Impsa) obedecen y están ligados a contratos celebrados en Venezuela, un país distinto, representando episodios coactivos que fueron descriptos en sus declaraciones”, añadió.
Otros empresarios ofrecen los embargos que tienen dictados en la causa actualizados: 732 millones de pesos en el caso de Mario Rovella u 826 millones por parte de Julio Paolini.
También ratificaron sus ofrecimientos basados en embargos actualizados Aldo Roggio, Alberto Taselli, Angelo Calcaterra y Hugo Dragonetti
Entre los argumentos, los abogados aludieron a los años que podría durar un juicio donde ya se convocó a 622 testigos, con audiencias una vez por semana y múltiples acusaciones.
Todos dijeron que sus clientes “se saben inocentes” pero necesitan resolver el tema para poder seguir adelante con sus empresas y con sus vidas ante la «condena natural» que se les impuso
La audiencia se abrió con el abogado que tuvo la iniciativa de concretar el planteo, Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.
El abogado recordó que el sistema judicial argentino tuvo mega causas que “generaron tanta expectativa” y “han terminado todas sin respuesta ni para la sociedad ni para los que fueron imputados” y recordó “la mafia del oro, la aduana paralela, el contrabando de armas a Croacia y Ecuador”, entre otras.
“Es la perspectiva que vemos en este proceso”, advirtió y ratificó que sus clientes son inocentes, pero “llevan seis años de penas naturales, sancionados por el compliance del sistema financiero, han sufrido publicación de sus nombres”.
Otro abogado, Luciano Pauls, advirtió que el futuro juicio podría durar “entre 10 y 20 años” porque es una causa que “claramente colapsa al tribunal” y cuestionó además el costo del juicio.
“¿Cuánto cuesta este juicio por mes? ¿Cuántos jueces, secretarios, prosecretarios? Cuesta 50 mil dólares por mes”, de manera aproximada, dijo
A la audiencia asistía además el procesado ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros ex funcionarios kirchneristas como Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina.
El defensor de Abal Medina también ratificó el pedido de reparación para evitar el juicio y dijo que su condición de funcionario público al momento de los hechos no impide concedérselo al ofrecer pagar el monto del embargo, 60 millones de pesos actualizables.
Los jueces Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli escucharon a todos y fijaron una nueva audiencia la próxima semana para que los defensores tengan oportunidad de responder a la fiscal León. Luego, quedarán en condiciones de decidir.
Si aceptan las reparaciones, buena parte de los empresarios quedaría afuera del juicio mediante compensaciones económicas; si no, todos deberán enfrentar un proceso que promete ser uno de los más largos y costosos de la historia judicial argentina.
