La fiscal federal Fabiana León defendió con firmeza la necesidad de llevar a juicio a empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo que ofrecen una reparación económica a cambio de evitar ser juzgados en el caso Cuadernos y obtener sobreseimientos por extinción de la acción penal.
“La corrupción se combate juzgando, no sustituyendo el juicio por reparaciones económicas”, sostuvo Fabiana León y agregó: “Intentar evitar el debate legitima la ‘tarifa de salida’, erosiona la previsibilidad y fomenta la reincidencia”.
Ante el Tribunal Oral Federal 7 en una audiencia virtual en la que primero escuchó a las defensas de más de 40 acusados ofreciendo dinero y bienes para evitar llegar al banquillo el 6 de noviembre, la fiscal argumentó que convertir la pena en precio constituye un riesgo moral y fomenta la desigualdad.
“Permitir que quien tiene recursos pueda pagar para no ser juzgado quebranta la igualdad ante la ley” en beneficio de quienes tienen medios y con exclusión de los más débiles: “Las salidas transaccionales rompen la equidad y dejan fuera a quienes no pueden pagar. No puede basarse en eso una solución justa”.
Corrupción y confianza pública, un daño sin precio
León diferenció los acuerdos de arrepentidos de este tipo de transacciones: “Los beneficios de arrepentidos son cosas totalmente distintas. No deben confundirse con acuerdos de reparación monetaria”.
Y añadió: “No somos asistencia social, ni corresponde una donación para obtener un resultado en un juicio penal. Una donación no reemplaza el debate público ni la responsabilidad judicial”.
La fiscal insistió en que la corrupción no afecta sólo un patrimonio aislado: “La corrupción corroe instituciones, distorsiona decisiones administrativas, afecta la competencia y erosiona la confianza pública. Ese daño no tiene precio y su reparación no es mensurable”. Por eso, enfatizó, la reparación dineraria no puede sustituir el juicio.
“Devolver dinero sin debate ni sentencia devalúa el derecho penal y lo reduce a contabilidad económica”.
“La pena o la absolución pública cumple una función normativa: define qué conductas son intolerables, disuade futuros delitos y garantiza igualdad ante la ley. Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad y erosiona la confianza democrática”, afirmó.
León recordó que el Estado tiene tres mandatos inseparables en materia de corrupción: investigar, juzgar y sancionar, incluyendo la inhabilitación de quienes corrompieron la función pública, y recuperar los activos por vías legales. “La confianza pública se construye cuando las reglas funcionan incluso en los casos más difíciles; negociar la salida sería un mensaje letal”, sostuvo.
La fiscal subrayó además la experiencia de su propio equipo: “Esta fiscalía ha demostrado consistencia técnica y fortaleza procesal. La causa soportó un intenso control jurisdiccional y una catarata de planteos, algunos dilatorios y otros manifiestamente oblicuos, todos rechazados. Negociar una salida ahora vaciaría de sentido la confianza construida paso a paso”.
“La única reparación verdadera de la corrupción es el juicio público, con sus efectos de verdad, sanción, inhabilitación y recuperación de activos. El dinero no compra honra ni confianza pública”, advirtió la fiscal.
También salió al cruce de letrados que aludieron al riesgo de colapso en la Justicia ante la inminente puesta en marcha del sistema acusatorio que sobrecargará de tareas a los fiscales, abogados y jueces.
“Esta fiscalía no colapsa”, respondió.
La semana próxima los defensores tendrán oportunidad de responderle y luego el Tribunal Oral Federal 7 tomará una decisión, cuando ya queda poco tiempo para la audiencia preparatoria del debate convocada el 24 de septiembre.
