Los fiscales reclamaron la ejecución inmediata sobre 20 propiedades de la ex Presidenta en Santa Cruz. Denuncian que el Tribunal introduce condiciones “novedosas y sorpresivas” al dar vista a las defensas, pese a una condena firme.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola reclaman el decomiso inmediato y sin dar vista a la defensa de 20 propiedades de la condenada ex presidenta Cristina Kirchner, en un planteo que ahora evalúa el Tribunal Oral Federal 2.
Son casas y departamentos en Calafate y Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en muchos casos cedidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Los fiscales reclaman el decomiso de una casa en El Calafate, con una superficie de 6001,64 m2 adquirida en 2007 y que tuvo una cesión de derechos de Cristina Fernández de Kirchner a Austral Construcciones, la empresa fundada por el también condenado Lázaro Báez apenas Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003.
También departamentos en el complejo Güer Aike, en Río Gallegos, cedidos a Máximo y Florencia Kirchner y que son parte de un fideicomiso destinado a la construcción de un edificio de 10 unidades funcionales.
El listado incluye departamentos en el Complejo Hotel Los Sauces, también cedidos a sus hijos. Si bien este inmueble fue adquirido por la ex Presidenta en 2002, un año antes del rango en el cual se fijó que puede implementarse el decomiso -entre 2003 y 2015- la fiscalía aclaró que lo que adquirió en ese momento fue un terreno fiscal donde posteriormente, durante el período en el cual se dieron por probados los delitos, se construyó el complejo hotelero.
En el listado se incluyeron 32 bienes a nombre del también condenado en la causa Vialidad, Lázaro Báez
Primera tanda de bienes
Los fiscales identificaron esta primera tanda de bienes y solicitaron la ejecución con el fin de hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por el Tribunal el 15 de julio último, ante el incumplimiento, por parte de los condenados, del pago de 684.990.350.137,86 pesos que debía ser depositado en un plazo de diez días hábiles de notificada la resolución en cuestión.
Los inmuebles identificados “claro está, no agotan la totalidad de los bienes decomisables; por el contrario, constituyen un primer bloque sobre el cual puede comenzar a ejecutarse, sin dilaciones, el decomiso que ya se encuentra firme”, advirtieron.
Además, cuestionaron la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que delegó en la fiscalía el decomiso, por entender que es tarea de los jueces. Igualmente, adelantaron que actuarán en el tema a manera de “colaboración”.
“Sin perjuicio de que es el Tribunal el que tiene la obligación y el deber de ejecutar la sentencia firme de decomiso y más allá del diferente criterio esgrimido oportunamente por esta Fiscalía –en cuanto al alcance del decomiso sobre los bienes de los condenados–, procederemos, a los fines de agilizar la tarea del Tribunal, a colaborar en la identificación de los bienes que deben de ser decomisados”, explicaron.
Luciani y Mola remarcaron que el “interés último” es “que comience, de una vez, a ejecutarse el decomiso pasado en autoridad de cosa juzgada”.
Sin embargo, manifestaron su “absoluto desconcierto” por la decisión de los jueces que “previo a resolver” sobre cada bien a decomisar darán vista a las defensas para “salvaguardar los derechos e intereses de todas y cada una de las personas interesadas”.
“En otras palabras, el Tribunal, sin exponer fundamento normativo alguno y desatendiendo el derrotero de resoluciones que ya han adquirido firmeza, se encuentra procrastinando la ejecución de una condena firme, a partir de incorporar una condición absolutamente novedosa y sorpresiva, para proceder de conformidad con la misma”, cuestionó la fiscalía.
Cómo sigue
El Tribunal Oral Federal 2 tendrá ahora que responder al pedido y sobre todo decidir si da o no vista a las defensas de la ex Presidenta y de Báez.
Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.
En los próximos días se espera una decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación sobre la apelación de su defensor Carlos Beraldi al monto calculado para fijar el decomiso y al índice de actualización usado.
