Leandro Vergara encabezó una clase pública en las escalinatas de la Facultad de Derecho y pidió sostener la Ley de Financiamiento Universitario. Alertó por el deterioro salarial, la caída de becas, la paralización de obras y la pérdida de movilidad social. Mañana se realizará una marcha en el Congreso.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Leandro Vergara, dio un discurso en las escalinatas del histórico edificio de Figueroa Alcorta. Allí trazó un panorama crítico sobre la situación presupuestaria que atraviesa la UBA y el sistema universitario nacional, en un contexto marcado por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Hablar de la universidad pública en la Argentina es hablar de futuro. No es sólo un espacio donde se dictan clases, es la palanca que transforma el conocimiento en desarrollo y el desarrollo en bienestar”, afirmó Vergara.
El decano destacó que, pese a figurar en el ranking QS como la mejor de Latinoamérica junto a la UNAM de México y la Universidad de San Pablo, la UBA recibe diez veces menos recursos por estudiante que las instituciones brasileñas. “Un estudiante argentino aprende y produce conocimiento a nivel internacional con diez veces menos recursos que un estudiante brasileño”, remarcó.
Vergara describió una situación “dramática”: salarios docentes por debajo del mínimo vital y móvil, becas progresar que perdieron el 65% de su valor en dos años y más de un millón de estudiantes que quedaron fuera del sistema de apoyo. “Desde diciembre de 2023 la inflación acumulada superó el 250%, mientras los salarios universitarios apenas crecieron un 95%. Eso implicó una pérdida de más del 40% del poder adquisitivo”, advirtió.
También mencionó que los hospitales universitarios estuvieron más de un año con presupuesto congelado y que desde 2024 no se ejecutaron fondos para obras: “Más de un año y medio sin laboratorios, sin aulas nuevas, sin mejoras edilicias. Sin ciencia, sin educación, sin universidades, lo que se debilita es el futuro del país”.
El eje de su mensaje estuvo puesto en la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en el Congreso y luego vetada. “No es una iniciativa aislada ni de minorías. Fue aprobada en el Congreso por una amplia mayoría de las fuerzas políticas, lo que muestra un consenso transversal y otorga a nuestro pedido una legitimidad democrática indiscutible. No se trata de la demanda de un sector corporativo, sino de una decisión de la representación popular, que comprendió que sin universidades fuertes no hay futuro posible para la Argentina”, sostuvo.
Tras la clase, Vergara dialogó con la prensa y reforzó la convocatoria a la movilización de este miércoles a las 17 hs en Plaza Congreso. “La ley está concebida en un país pobre como la Argentina y la ley funciona de alguna manera como un paliativo. Ustedes saben que universidades latinoamericanas equivalentes a la nuestra tienen 10 veces más financiamiento, eso no es posible en la Argentina. Nosotros comprendemos que la Argentina está atravesando una situación tremenda que no es de ahora, es histórica, pero la universidad ha tenido problemas. Lo paradójico es que la universidad con el poco presupuesto que tiene mantiene un nivel de excelencia excepcional”, señaló.
En declaraciones a América 24, respondió a las críticas que calificaron la marcha como “destituyente”: “Prefiero ir por lo positivo. Esta es una ocasión especial porque el Congreso puede sesionar y sostener una ley que fue votada mayoritariamente por casi todos los sectores. Es una norma transversal que apunta a sostener el financiamiento de la UBA”.
Vergara también puso el foco en los salarios: “Un jefe de trabajos prácticos que recién se inicia no supera los 250 mil pesos. Es vergonzoso. Y no hablamos sólo de salarios: también de ascensores que no funcionan, techos que se caen, hospitales que no reciben insumos. Todo está paralizado”.
Por último, subrayó que lo que está en discusión no es un gasto sino una inversión: “La ley implica apenas un incremento del 0,08% del PBI este año, con una aplicación gradual hasta 2031. No hay una incidencia fiscal tremenda. Es una medida responsable y necesaria para que la universidad no entre en una pendiente de la que después será muy difícil salir”.
