El procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, dictó una resolución que marca un hito en la modernización del Poder Judicial provincial. El proyecto establece un marco normativo, la creación de una plataforma propia y una implementación gradual para garantizar un uso responsable, ético y seguro de la Inteligencia Artificial (IA) Generativa.
El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires dio un paso decisivo hacia la modernización institucional con la puesta en marcha de un plan integral para incorporar la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) en el ámbito judicial.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución PG N.º 1475/25, firmada por el procurador General, Julio Conte-Grand, y se inscribe en un proceso global que busca aprovechar el potencial de la tecnología sin perder de vista sus riesgos.
La IAGen, capaz de generar textos, imágenes, audios y otros contenidos de manera autónoma, es considerada una de las innovaciones más disruptivas de la actualidad. Su impacto económico mundial, según estimaciones privadas, podría alcanzar varios billones de dólares anuales. No obstante, el entusiasmo que despierta convive con desafíos sensibles: la difusión de desinformación, la exposición de datos confidenciales, los riesgos sobre la propiedad intelectual y la posibilidad de reproducir sesgos ya existentes en los modelos de entrenamiento.
Tres pilares
Ante ese escenario, la Procuración decidió avanzar con una estrategia de carácter integral y humanista, apoyada en tres pilares. El primero es la aprobación de un Marco Normativo y Estratégico, que fija principios y directrices alineados con la Constitución, las leyes vigentes y los tratados internacionales de derechos humanos.
El segundo es el compromiso activo de los funcionarios judiciales en un uso crítico y responsable de la herramienta, para lo cual el propio marco incluye explicaciones accesibles sobre el funcionamiento de la tecnología, sus fundamentos técnicos y sus posibles aplicaciones.
El tercer pilar es el desarrollo de “ChatIA”, una plataforma propia concebida como la única interfaz autorizada para que los agentes del Ministerio Público interactúen con la Inteligencia Artificial Generativa.
La estrategia no se limita a normas y recomendaciones: se apoya también en una trayectoria de innovación tecnológica ya consolidada. El Ministerio Público bonaerense había sido pionero en 2018 con la incorporación de un sistema de identificación multibiométrica basado en aprendizaje profundo, en 2019 con el primer chatbot judicial del país y en 2024 con una herramienta de transcripción de audios y videos mediante inteligencia artificial. Ahora, con ChatIA, se avanza en un terreno aún más sofisticado.
La resolución establece que la implementación será gradual y en tres etapas. La primera contempla una prueba piloto en fiscalías, defensorías y asesorías, para evaluar el desempeño en tareas concretas como redacción, edición y resumen de documentos. En una segunda fase, se proyecta la ampliación a más usuarios y nuevos casos de uso. Finalmente, la tercera etapa prevé la puesta en marcha de un sistema de monitoreo continuo con indicadores de éxito y riesgo, con el objetivo de medir el impacto en eficiencia operativa, calidad del trabajo y seguridad informática.
