En la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici, la Cámara de Casación resolvió que la pericia contable sea realizada por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema y no por profesionales designados por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, revocó lo decidido por la Cámara Federal de La Plata, que había convalidado la designación de un perito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para intervenir en el expediente.
Objeción fiscal
La fiscal Cecilia Incardona había objetado esa decisión al considerar que implicaba un apartamiento arbitrario de lo que establece el Código Procesal Penal: que los jueces deben recurrir en primer lugar a los peritos oficiales. También advirtieron sobre eventuales riesgos de imparcialidad, ya que uno de los nombres propuestos por la Universidad ocupa un cargo político en esa casa de estudios.
Casación le dio la razón al planteo fiscal y sostuvo que, en un expediente donde se investigan hechos de corrupción y evolución patrimonial de un ex funcionario público, resulta indispensable garantizar la mayor transparencia posible. En ese sentido, recordó que la Corte Suprema creó en 2014 un cuerpo especializado para intervenir en delitos de corrupción y contra la administración pública, con peritos seleccionados por concurso y bajo reglas de objetividad.
En su voto, el juez Hornos remarcó que este tipo de causas requieren un “deber reforzado de debida diligencia” y que los informes deben ser elaborados por organismos institucionalmente confiables. Borinsky y Carbajo adhirieron a esa postura.
“Se investigan graves hechos vinculados a la corrupción-, que dañan la legitimidad de las instituciones públicas, atentan contra el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos (cfr. Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción) requieren que, en virtud de los bienes jurídicos afectados, los juzgadores actúen con un deber reforzado de debida diligencia”.
Voto del juez Hornos.
Por su parte, el juez Borinsky remarcó que “la pretensión de las defensas de Jessica Wanda Judith Cirio, de Martín Insaurralde y de Sofía Clérici de que se declare inadmisible el recurso de casación no puede prosperar”.
“El magistrado de primera instancia se apartó de lo establecido como regla por la norma procesal sin una fundamentación suficiente que avale la tesitura adoptada. No expuso las razones que lo llevaron a prescindir de la designación de peritos oficiales ni explicó la necesidad
Voto del juez Borinsky.
de requerir a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires la selección de otros profesionales en la materia”.
Con esta decisión, la causa deberá volver al juzgado de origen para que se dicte una nueva resolución que disponga la intervención de los peritos oficiales de la Corte Suprema.
Se investiga un entramado de irregularidades en la adquisición y administración de bienes que no podrían justificarse con los ingresos de Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora, así como un esquema de lavado de dinero a través de propiedades y vehículos.
Los lujos de Marbella y los vuelos internacionales
El punto de partida de la causa fue un viaje de Insaurralde a Marbella, España, entre el 15 y 20 de septiembre de 2023, cuyo costo superó los 41 mil euros y 8 mil dólares, según el dictamen de los fiscales. La adquisición de los pasajes y otros costos del viaje fueron gestionados por una agencia de viajes de Miami, lo que levantó sospechas al no poder ser justificados con los ingresos declarados por el exfuncionario.
En ese viaje, origen del denominado “Yategate” se viralizaron fotos de Insaurralde y Clerici a bordo del yate “El Bandido” en Marbella. Las imágenes, que mostraban un estilo de vida ostentoso, llevaron a la Justicia a iniciar una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Este viaje forma parte de un patrón de gastos internacionales. Se detectó que Insaurralde habría financiado al menos 75 vuelos internacionales, de los cuales se han verificado hasta ahora 42. El costo total de estos viajes asciende a 7,8 millones de pesos y 71 mil dólares, lo que refuerza las sospechas de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía sostiene que estos gastos, asociados a vuelos internacionales y paquetes turísticos de lujo, no tienen correlato con los ingresos legítimos que Insaurralde pudo haber percibido en su rol público.
