En un congreso organizado por UNICEF, OCEDIC y el Ministerio de Justicia porteño, especialistas, funcionarios y referentes judiciales advirtieron sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en entornos digitales y coincidieron en la necesidad de reforzar la prevención, la investigación y el acompañamiento para construir espacios virtuales más seguros.
Con el objetivo de intercambiar herramientas de investigación, prevención y acompañamiento frente a los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el mundo digital, UNICEF Argentina y el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral, con el apoyo del Ministerio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, realizaron el Congreso “Abordaje de los riesgos en entornos digitales para niñas, niños y adolescentes” en la Legislatura porteña.
El encuentro reunió a funcionarios del Poder Judicial, académicos, investigadores, representantes de organizaciones civiles, organismos internacionales y empresas tecnológicas para reflexionar sobre los desafíos que plantea la era digital y las estrategias para garantizar la protección integral de las infancias.
Una era digital con oportunidades… y amenazas
“Estamos viviendo en una era en la que lo digital atraviesa cada aspecto de la vida: allí aprenden, se expresan, juegan, socializan, acceden a información, pero también se exponen a riesgos que debemos abordar con urgencia”, advirtió María Elena Úbeda, representante adjunta de UNICEF Argentina, al inaugurar la jornada.
La explotación sexual, el grooming y el acoso en línea son solo algunas de las amenazas más graves que enfrentan niños y adolescentes a nivel global, potenciadas por la expansión tecnológica y la globalización de las comunicaciones.
El diagnóstico en Argentina es elocuente. Según el estudio Kids Online 2025 de UNICEF, el 95% de niñas, niños y adolescentes del país tiene un celular con acceso a internet y comienza a usarlo en promedio a los 9,6 años. Uno de cada diez acepta todas las solicitudes de amistad en línea, y tres de cada diez accedieron a encontrarse con personas que conocieron en entornos digitales; un 3% se reunió con un adulto.
Cifras que preocupan y desafíos que se multiplican
La fiscal especializada en Cibercrimen de CABA y directora de OCEDIC, Daniela Dupuy, compartió datos alarmantes: en lo que va de 2025 se registraron en Argentina más de 107.900 reportes en la plataforma internacional CyberTipline, que centraliza denuncias por explotación infantil en línea. El uso de inteligencia artificial, advirtió, ha contribuido al incremento de los casos.
“Desde OCEDIC los invitamos a reflexionar sobre cómo podemos contribuir en esta lucha crucial y comprometernos a ser parte de este cambio que tanto necesitamos”, señaló Dupuy ante un Salón Dorado colmado.
La voz de los jóvenes también estuvo presente. Una encuesta realizada por UNICEF a través de la plataforma U-Report, con la participación de 864 adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años, reveló que tres de cada diez sufrieron ciberbullying, el 29% fue víctima de grooming y cuatro de cada diez recibieron mensajes sexuales sin consentimiento. Sin embargo, menos de la mitad dijo saber cómo denunciar o a dónde acudir.
“Pasar del control al acompañamiento”
“Este congreso es un gran puntapié para colocar a quienes más lo necesitan en el centro de las políticas públicas y construir una justicia más ágil y efectiva”, destacó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
Por su parte, la asesora tutelar Carolina Stanley subrayó la necesidad de un cambio de enfoque: “Las chicas y los chicos pasan mucho más tiempo del que quieren frente a las pantallas. Muchas de las cosas que pasan en las redes afectan la salud mental, por lo que tenemos que pasar de una propuesta de control a una de acompañamiento”.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de CABA, Inés Weinberg, remarcó la responsabilidad del sistema judicial: “En el Tribunal somos conscientes de la gran relevancia de estos casos. Hemos privilegiado siempre la búsqueda de la mejor administración de justicia, para que el juzgado que intervenga pueda llevar a cabo la más amplia investigación y atender mejor los intereses de los menores”.
Y agregó: “Familias, escuelas, sector tecnológico, sociedad civil y Estado debemos asumir un rol activo y corresponsable. No basta con señalar los riesgos; debemos garantizar entornos digitales que prioricen los derechos y el interés superior del niño”.
La jueza Marcela De Langhe, por su parte, llamó a ampliar la mirada: “La problemática excede al grooming. Hablamos también de exposición a contenidos dañinos, captación para apuestas, discursos de odio, manipulación de datos personales y otras formas de violencia en redes y plataformas digitales. Nuestra responsabilidad es doble: garantizar derechos y dar respuestas eficaces, pero también sumarnos al esfuerzo colectivo de prevención”.
Un compromiso colectivo
Más de 600 personas participaron del congreso, cuyo interés fue tal que agotó el cupo presencial, lo que llevó a habilitar una modalidad virtual. A lo largo de las mesas temáticas se debatió sobre el estado de situación de la violencia digital contra niños y niñas, el acompañamiento a las víctimas, las operaciones transnacionales, el rol del sector privado y la importancia de la alfabetización digital.
En el marco del encuentro, la Legislatura declaró de Interés para la Comunicación Social al documental “Ciberacosos en la red a niños, niñas y adolescentes”, elaborado por OCEDIC, que visibiliza las múltiples formas de violencia digital y la necesidad de promover la prevención y la protección en línea. El diploma fue entregado a Dupuy por la diputada porteña Gimena Villafruela, quien estuvo acompañada por el vicepresidente primero del Cuerpo, Matías López, y la diputada Manuela Thourte.
El evento contó además con la participación de Sergio Torres, vicepresidente de la Suprema Corte bonaerense; Guillermo Yacobucci, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral; y otros referentes judiciales y académicos.
La conclusión fue unánime: sólo con la acción conjunta de Estado, justicia, sociedad civil, sector tecnológico y familias será posible construir entornos digitales seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos de la infancia. Porque detrás de cada cifra hay una vida, y cada clic puede marcar la diferencia.
