La implementación estaba prevista para mayo, pero se prorrogó por el devastador temporal de marzo pasado que afectó a la ciudad de Bahía Blanca y sus localidades aledañas. El procurador Eduardo Casal destacó que “se advierte la necesidad de reforzar recursos humanos para sostener el rol protagónico del Ministerio Público Fiscal”.
La Justicia Federal de Bahía Blanca inició una nueva etapa con la implementación del sistema acusatorio. Desde este lunes 29 de septiembre, la jurisdicción -que abarca once municipios del sur bonaerense y toda la provincia de La Pampa- se rige por el Código Procesal Penal Federal (CPPF), que establece la oralidad como regla, la videograbación de audiencias y una redistribución de roles: los fiscales investigan, los imputados ejercen su defensa y los jueces resuelven en audiencias públicas.
El Ministerio de Justicia de la Nación celebró el inicio de esta etapa al remarcar que el nuevo modelo “reduce drásticamente los tiempos procesales logrando sentencias en tiempo récord” y “le da herramientas a la justicia para meter presos a los delincuentes”.
La Resolución PGN 42/2025
La implementación fue acompañada por una reorganización interna del Ministerio Público Fiscal de la Nación, plasmada en la Resolución PGN 42/2025 firmada por el procurador interino Eduardo Casal. La medida creó la Fiscalía de Distrito de Bahía Blanca, con dos unidades fiscales: la de Bahía Blanca, a cargo del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, y la de Santa Rosa, encabezada por la fiscal Iara Jésica Silvestre.
Además, se designó al fiscal general Horacio Azzolin como coordinador distrital y a Gabriel González Da Silva como fiscal revisor. Cada unidad fiscal quedó estructurada en áreas especializadas: Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y No Penal y Electoral.
Casal recordó que la entrada en vigor estaba prevista para mayo, pero se prorrogó “debido a las devastadoras consecuencias del temporal que afectó a la ciudad de Bahía Blanca y sus localidades aledañas a principios de marzo de este año”.
Inversión millonaria
La puesta en marcha también implicó una inversión millonaria en infraestructura. Según informó el Consejo de la Magistratura, las obras en Bahía Blanca y Santa Rosa demandaron 116.621.177 pesos, de los cuales 96.271.771,1 pesos se destinaron específicamente al sistema acusatorio. Se acondicionaron salas en la Cámara Federal de Apelaciones, el Tribunal Oral Criminal Federal y la Oficina Judicial de Bahía Blanca, además de espacios en el Juzgado Federal y el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
Con estas intervenciones, Bahía Blanca cuenta actualmente con tres salas operativas y Santa Rosa con dos, equipadas con mobiliario especializado, sistemas de aire acondicionado, iluminación de emergencia y tecnología para audiencias orales y videoconferencias.
En la resolución, Casal analizó las particularidades de la jurisdicción, que incluye a Bahía Blanca como polo urbano y portuario, la Base Naval Puerto Belgrano y cuatro complejos penitenciarios federales en La Pampa. “Tal como ocurre en casi todo el territorio nacional, predominan los ingresos de casos vinculados con estupefacientes”, señaló, aunque aclaró que esa tendencia se concentra en La Pampa, dado que esa provincia no adhirió a la desfederalización parcial en materia de drogas.
El procurador también destacó que el 40% de los ingresos corresponden a la categoría de delitos “comunes” en el sistema informático Coirón, seguidos por investigaciones de criminalidad económica, corrupción, trata de personas y violencia institucional.
Para afrontar la transición, Casal dispuso la habilitación de nueve nuevos auxiliares fiscales —que se suman a los siete ya existentes—, la cobertura interina de cargos de fiscales generales en Bahía Blanca y Santa Rosa, y la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Federal de General Pico, creada en 2004 pero hasta ahora inactiva. “Resulta indispensable reforzar las capacidades del organismo en la región en términos de recursos humanos”, advirtió el jefe de los fiscales.
Asimismo, se resolvió mantener activa la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, bajo la coordinación del fiscal Miguel Ángel Palazzani, dada la magnitud de las investigaciones en curso por delitos de lesa humanidad.
