El máximo tribunal penal federal del país decidió que el debate se haga en Santa Cruz y no en Mar del Plata, como reclamaban familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA, San Juan.
La Sala IV del máximo tribunal penal rechazó los planteos de las partes y ratificó que el debate oral se llevará a cabo en Río Gallegos, en una decisión tomada por mayoría con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
En disidencia, el tercer integrante de la Sala, el juez Javier Carbajo, se pronunció por realizar el debate en Mar del Plata
Los motivos
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el juicio por la tragedia del submarino ARA San Juan se desarrollará en la provincia de Santa Cruz, donde se llevó adelante la investigación judicial. Con el voto mayoritario de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la Sala IV del máximo tribunal penal rechazó los planteos de las partes que reclamaban el cambio de sede y ratificó la competencia del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.
El juez Javier Carbajo votó en disidencia y sostuvo que el juicio debía realizarse en Mar del Plata, ciudad desde donde había zarpado el submarino y donde tiene asiento la Base Naval que comandaba la flota de submarinos.
El fallo, de fuerte impacto institucional, despeja el último obstáculo para la realización del juicio oral que buscará establecer las responsabilidades penales en la cadena de mando de la Armada por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.
Las posiciones enfrentadas
En la causa están elevados a juicio el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo (ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento), el capitán de navío Claudio Villamide (ex jefe de la Fuerza de Submarinos), el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, todos procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
El expediente fue instruido por la jueza Marta Yáñez en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, con competencia sobre el área donde el buque había tenido su último contacto. Con la elevación a juicio, la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.
Sin embargo, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes y querellante, pidió que la causa pasara a Mar del Plata, alegando que el hecho ocurrió más allá de las 200 millas náuticas y, por lo tanto, fuera de la jurisdicción de Caleta Olivia. También sostuvo que llevar el juicio a Santa Cruz “afecta a las víctimas”, muchas de ellas residentes en Buenos Aires o Mar del Plata.
A esa postura se sumaron las defensas de López Mazzeo y Villamide, quienes remarcaron que las decisiones cuestionadas se tomaron desde la Base Naval de Mar del Plata, sede de la Armada Argentina. También el fiscal de juicio, Julio Zárate, coincidió en que el caso debía tramitar en Mar del Plata, “último puerto del buque y sede de la flota de submarinos”.
En oposición, la Defensa Pública Oficial de los imputados Alonso y Correa y la abogada Valeria Carreras, representante de varios familiares, respaldaron la competencia santacruceña. Argumentaron que allí se investigó el caso desde el inicio y que el tribunal ya había avanzado en la etapa preparatoria para fijar fecha de debate.
La decisión de Casación
Por mayoría, los jueces Borinsky y Hornos confirmaron que el juicio se haga en Santa Cruz. Entendieron que la tragedia del ARA San Juan ocurrió en alta mar, fuera del límite de las jurisdicciones territoriales, y que “ante la incertidumbre sobre el lugar de comisión del delito” debía mantenerse la intervención del tribunal que previno en la causa.
El juez Hornos escribió que “la ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino a que arribe el buque. Pero en este caso, la tragedia radica en que, tristemente, el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”.
En esa línea, agregó que frente a esa situación excepcional, “no cabe otra solución que seguir la regla subsidiaria y mantener la intervención del Tribunal que previno; en este caso, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz”.
Para Hornos, además, “aventar la demora que podría implicar un cambio de sede constituye, por sí mismo, un argumento para mantener la competencia de quien está llevando actualmente la causa” y remarcó que la instrucción fue compleja y que ya se avanzó en el ofrecimiento de pruebas previo a la fijación del juicio.
“Es necesario, en todos los casos, pero sobre todo en este que enluta a la Nación entera, dar la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que reclama justicia”, concluyó.
El juez Borinsky adhirió a esos fundamentos y destacó que “mantener la actual competencia se presenta como la alternativa que asegura la mejor, y más pronta, administración de justicia a la luz del principio procesal de economía procesal”.
El voto disidente de Carbajo
Por su parte, Javier Carbajo sostuvo que la competencia correspondía al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por ser el lugar desde donde zarpó el submarino, donde se encontraba su base natural y desde donde se impartieron las órdenes de la misión.
“Es claro que el sitio desde el cual se emitió la orden de operación que determinó la salida al mar y el destino del buque fue la Base Naval de Mar del Plata”, sostuvo el magistrado, y subrayó que la zona de la implosión y el hallazgo del submarino “se encuentran a más de las 200 millas náuticas fijadas como límite de competencia por la ley 26.261”.
Carbajo afirmó además que su postura “no implicaba demorar el juicio ni invalidar lo actuado en la jurisdicción de origen”, ya que todas las partes, incluidos los familiares de las víctimas y los testigos, residen fuera de Santa Cruz. Por ello, propuso encomendar al tribunal marplatense “que imprimiera celeridad a fin de fijar, a la mayor brevedad posible, fecha para el comienzo de la audiencia de debate”.
Próximos pasos
Con esta decisión de la Cámara de Casación, el juicio por la tragedia del ARA San Juan continuará su curso en Río Gallegos, bajo la competencia del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que deberá fijar la fecha de inicio del debate oral.
La resolución, que marca el cierre de una larga disputa jurisdiccional, deja al expediente en condiciones de avanzar hacia un proceso histórico que intentará determinar las responsabilidades penales en una de las mayores tragedias navales de la historia argentina reciente.
