El Tribunal Oral Federal 7 rechazó este lunes, a exactamente un mes del inicio del juicio por el caso Cuadernos, los pedidos de reparación presentados por medio centenar de empresarios y ex funcionarios acusados para evitar ser juzgados. Los motivos de los jueces.
La decisión podrá ser apelada ante la Cámara de Casación, pero sólo queda un mes para que el máximo tribunal penal federal del país tome alguna decisión al respecto. Caso contrario, todos deberán sentarse en el banquillo de los acusados desde las 9:30 del 6 de noviembre próximo.
Lo harán de manera virtual junto a la también procesada ex presidenta Cristina Kirchner, acusada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.
Los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 7 Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli rechazaron ofrecimientos de multimillonarios en dólares y hasta yates o viviendas en Miami.
Entre quienes buscaron sin éxito evitar el juicio están Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, el financista Ernesto Clarens, Juan Orazi, Hugo Dragonetti, Patricio Gerbi.
Intentaron extinguir la acción penal mediante la reparación integral prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal y así ser sobreseídos sin ir a juicio, pero se toparon con la férrea oposición de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.
El Tribunal consideró “vinculante” la postura de la fiscalía.
“Establecido el carácter vinculante de la oposición fiscal a la reparación integral del perjuicio cuando ésta supera las exigencias de debida fundamentación, logicidad y razonabilidad, deviene infructuoso el estudio de discusiones como la procedencia del instituto cuando se trata de delitos contra la administración pública”
Las ofertas fallidas
Varios empresarios ofrecieron pagar sumas equivalentes a sus embargos actualizados (en algunos casos, superiores a los mil millones de pesos) para evitar el juicio. Por ejemplo, Cristóbal López ofreció 1.010.752.449 pesos, Aldo Roggio 1.875.907.639 pesos, Hugo Dragonetti 1.421.195.500 pesos, y otros montos proporcionales. En uno de los casos, el financista arrepentido Ernesto Clarens llegó a ofertar un yate y departamento en Miami.
Ahora el Tribunal también rechazó todos los pedidos, en una decisión tomada tras escuchar cada uno de ellos en dos extensísimas audiencias en septiembre pasado.
“La gravedad institucional de los hechos investigados, su carácter sistémico y la pluralidad de conductas imputadas impiden equipararlos a supuestos de contenido patrimonial individual susceptible de resarcimiento económico”.
El artículo 59 inciso 6 del Código Penal “constituye una causal de extinción de la acción penal, pero su procedencia exige una reparación integral, cierta, efectiva y proporcional al daño ocasionado”.
“No puede homologarse una reparación que no se corresponda con la magnitud del perjuicio derivado de los hechos imputados ni con la naturaleza de los bienes jurídicos afectados, particularmente cuando se trata de delitos pluriofensivos que lesionan el interés público”.
La reparación integral “no puede erigirse en una vía para eludir el juicio oral en casos de corrupción que comprometen el funcionamiento de la Administración Pública y la confianza social en las instituciones”.
La finalidad de este mecanismo “no es sustituir el proceso penal ni desnaturalizar la respuesta punitiva frente a hechos de corrupción estructural”.
Además de la fiscalía y la querella el arrepentido ex remisero del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno también se había opuesto a través de su defensa oficial a que medio centenar de acusados paguen o entreguen bienes para evitar el juicio.
