La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina confirmó este martes la extradición del empresario argentino Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, país que lo acusa por múltiples delitos vinculados a lavado de dinero y tráfico internacional de aeronaves.
Poco después de conocida la sentencia judicial, el presidente Javier Milei instruyó a sus funcionarios para que avancen con los trámites necesarios para enviar al argentino detenido en Neuquén a Estados Unidos, donde será juzgado por graves delitos vinculados al lavado de activos.
En un comunicado de la Oficina del Presidente se informó que Milei instruyó a Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que instrumenten «de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley»
Argentina «ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional», consigna el parte de prensa.
La Corte Suprema
El máximo tribunal, con la firma de sus tres integrantes Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, rechazó a media mañana de este martes el recurso de apelación presentado por la defensa de Machado y avaló la decisión del Juzgado Federal 2 de Neuquén, que había declarado procedente la entrega del empresario a la justicia norteamericana.
La decisión se conoce en un contexto que se lo vincula con el ahora ex candidato a diputado José Luis Espert. El fallo ratifica que Machado deberá ser extraditado para ser sometido a proceso por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo presentada el 5 de mayo de 2021 ante el Tribunal del Distrito de Texas.
Se trata de una serie de delitos federales vinculados a una presunta red internacional de lavado de dinero, fraude y tráfico ilegal de aeronaves.
De acuerdo con la “Quinta Acusación de Reemplazo” los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete —por los que ahora la Corte Suprema argentina autorizó su extradición— incluyen:
- Asociación ilícita para cometer lavado de dinero.
Machado es señalado como el organizador de una estructura que habría movido millones de dólares mediante empresas pantalla y transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito de fondos provenientes de la compraventa de aeronaves. - Lavado de dinero .
Se le atribuye haber canalizado esos fondos a través de operaciones con aviones, hangarajes y leasing de aeronaves en distintos países, entre ellos Estados Unidos, México, Argentina y Paraguay. - Fraude bancario y financiero
Según la acusación, la red habría utilizado bancos norteamericanos y compañías de Delaware para transferir dinero y simular operaciones legales con el objetivo de disfrazar el flujo del dinero ilícito. - Transporte y registro irregular de aeronaves
Machado y sus socios habrían manipulado el registro de aeronaves y falsificado documentación para exportarlas y operarlas en países de América Latina con identidades falsas o sociedades de fachada. - Asociación delictuosa
El indictment lo vincula con Debra Lynn Mercer Erwin (una empresaria texana ya condenada en 2024) y Kayleigh Moffett, entre otros imputados, como parte de un esquema que facilitaba la venta y financiamiento de aviones a organizaciones delictivas.
Según los documentos judiciales norteamericanos, Machado actuaba a través de un conglomerado de empresas, entre ellas South Aviation, Pampa Aircraft Financing y Med Aviación S.A., y habría canalizado más de 300 millones de dólares en operaciones sospechosas.
Argumentos de la Corte
La Corte descartó los planteos defensivos que denunciaban, entre otros puntos, una supuesta “violación al principio de igualdad de armas” durante el debate, por la diferencia numérica entre los fiscales y los abogados del empresario. Los jueces señalaron que “la defensa no ha demostrado —ni se advierte— de qué modo ello pudo afectar los intereses concretos de Machado, o qué derechos se ha visto privado de ejercer por la situación que invoca”.
También rechazaron el pedido de recusación del juez de primera instancia y el planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal, al entender que se trató de “una reflexión tardía” de la defensa, que conocía desde el inicio del procedimiento las limitaciones que establece esa norma.
El Tribunal coincidió con el dictamen del Procurador General interino Eduardo Casal y ordenó que el juez de la causa informe al tribunal extranjero el tiempo que Machado permaneció detenido en Argentina, para que ese período sea computado en el eventual proceso en Estados Unidos.
Actualmente, Machado se encuentra bajo arresto domiciliario en su casa en el sur del país.
La posición de Estados Unidos
Según consta en el expediente, la Embajada de los Estados Unidos ratificó su interés en la extradición a través de una nota verbal del 1 de octubre último, acompañada de las sentencias condenatorias contra Debra Lynn Mercer Erwin (21 de noviembre de 2024) y Kayleigh Moffett (23 de enero de 2024), coimputadas junto a Machado en la causa que se tramita en Texas.
Con esa documentación, la Corte consideró “disipados los reparos” planteados por la defensa respecto de las condiciones del proceso en el país requirente.
Contexto del caso
Machado —detenido en Argentina desde 2021— está acusado en Estados Unidos de liderar una red dedicada al lavado de activos y al transporte internacional de aeronaves utilizadas en operaciones ilegales. Su extradición había sido declarada procedente por la justicia federal neuquina, pero la defensa apeló la medida, alegando irregularidades procesales y cuestionamientos constitucionales.
La Corte argentina deja firme la entrega del empresario a las autoridades estadounidenses y cierra un largo capítulo judicial que comenzó hace más de cuatro años
