José Luis Espert presentó un escrito en los tribunales federales de Retiro para que el juzgado porteño que lo investiga por el origen de los aportes a su campaña presidencial de 2019, reclame la causa abierta en San Isidro por lavado de dinero: es la que remite a un cobro de al menos 200 mil dólares por parte de Fred Machado, vinculado al narcotráfico.
Ahora el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi tendrá que resolver si reclama la competencia a su par de San Isidro, Lino Mirabelli.
Por lo pronto se pidió una certificación de la causa de San Isidro.
Mirabelli delegó la investigación en el fiscal Fernando Dominguez e impuso el secreto de sumario: este jueves una nutrida comitiva se presentó a allanar la casa de Espert en San Isidro y fue recibida en persona por el ex candidato a diputado por La Libertad Avanza, quien les franqueó el ingreso.
Se ordenó el secuestro del teléfono celular del Diputado y dispositivos electrónicos para ser peritados, como parte de las medidas para las cuales se requirió autorización a la Cámara Baja, a raíz de los fueros parlamentarios con los que cuenta Espert en su rol de Diputado nacional.
Los motivos para que todo pase a Py
El economista pretende que las causas en su contra se concentren en el fuero federal porteño. La denuncia por supuesto lavado a raíz del cobro de 200 mil dólares pagados por Machado quedó radicada en San Isidro.
Machado será extraditado a Estados Unidos con aval de la Corte Suprema de Justicia, según dispuso el Gobierno argentino.
Los abogados solicitaron que la causa por presunto lavado de dinero sea trasladada a los tribunales federales de Comodoro Py. El planteo, presentado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, busca que este le reclame la competencia a su par de San Isidro, Lino Mirabelli, bajo el argumento de que ya instruye una causa previa con elementos similares.
El pedido apunta a unificar los expedientes que investigan los vínculos entre Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de liderar una red de lavado de dinero y contrabando de cocaína.
La defensa del diputado de La Libertad Avanza sostiene que la causa abierta en Comodoro Py en 2021 ya recolectó testimonios, documentación y registros de vuelos y debe prevalecer sobre la denuncia posterior que recayó en San Isidro.
Qué investiga cada juez
Martínez de Giorgi investiga cómo se financiaron los 36 vuelos realizados por Espert en aviones operados por empresas vinculadas a Machado durante la campaña presidencial de 2019. Según consta en el expediente, al menos cinco de esos traslados fueron compartidos por ambos, mientras que en otros tantos figuraron asesores o allegados del economista. La empresa MED Aviación S.A., operadora de las aeronaves, aparece registrada a nombre de socios del empresario hoy detenido en Río Negro, próximo a ser extraditado a los Estados Unidos.
En paralelo, Mirabelli quedó a cargo de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien acusó a Espert de recibir al menos 200.000 dólares de una red delictiva asociada a Machado
Días atrás, el fiscal Fernando Domínguez imputó formalmente al legislador por supuesto lavado de activos. Como parte de la investigación, el juez Mirabelli solicitó certificar la causa de Comodoro Py para analizar si corresponde la unificación sin tomar ninguna decisión al respecto por el momento.
El contrato
A su vez, salió a la luz un contrato de locación de servicios firmado entre Espert y Machado en junio de 2019, por un millón de dólares. Allí se establecía un acuerdo de asesoramiento económico y estratégico para una empresa minera de Guatemala, propiedad del empresario acusado. Según ese convenio, el economista recibiría pagos mensuales de 100 mil dólares durante un año.
En su descargo, Espert negó haber recibido aportes irregulares para su campaña y aseguró que el contrato formó parte de un “trabajo de consultoría privada”. También se desligó de cualquier manejo de fondos durante la elección presidencial, y afirmó que su participación como candidato fue “extrapartidaria”.
El escándalo, sin embargo, tuvo impacto político inmediato. Esta semana, el diputado pidió licencia en la Cámara baja hasta el final de su mandato, que vence en diciembre. La decisión coincidió con el avance de la causa y con los recientes allanamientos en propiedades de Machado, ordenados por la Justicia argentina tras el aval de la Corte Suprema para su extradición a Estados Unidos.
