Representantes del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE analizaron los avances y desafíos del país en la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros. Magistrados federales y autoridades judiciales expusieron las medidas adoptadas y reafirmaron el compromiso con la transparencia y la cooperación internacional.
Una delegación del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó en el país una visita in situ para evaluar los avances en la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. La inspección formó parte de la Evaluación de Fase 4, que examina la implementación de la Convención ratificada por la Ley 25.319.
El proceso incluyó una amplia agenda de encuentros con funcionarios, jueces y representantes del sistema judicial. En representación de la Corte Suprema, participó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, encabezada por Juan Tomás Rodríguez Ponte, que expuso las acciones desarrolladas por el Poder Judicial en materia de investigación y juzgamiento de este tipo de delitos.
A lo largo de varios paneles, magistrados de distintas instancias del fuero federal -entre ellos Diego Barroetaveña, Roberto Boico, Karina Perilli, Sabrina Namer, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez De Giorgi, Julián Ercolini y Santiago Inchausti– detallaron las prácticas implementadas para fortalecer la respuesta institucional frente al soborno transnacional y sus delitos conexos.
Uno de los ejes de la visita fue el encuentro organizado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que tuvo lugar el 1° de octubre bajo el título “Consejo Judicial”. Allí, la vicepresidenta Agustina Díaz Cordero, el consejero Sebastián Amerio y el secretario general Mariano Pérez Roller presentaron información sobre la estructura del Consejo, los procesos de designación y subrogancia de jueces, los mecanismos disciplinarios y los programas de formación impulsados por la Escuela Judicial en materia de ética, lavado de activos y soborno internacional.
De acuerdo con los objetivos del Grupo de Trabajo de la OCDE, la misión buscó analizar cómo el país previene, detecta, investiga y sanciona el soborno transnacional, así como evaluar la efectividad de las políticas públicas y las herramientas judiciales en funcionamiento.
Durante la semana de trabajo, los representantes de México y Eslovaquia -designados como países revisores- mantuvieron entrevistas en la Dirección General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Allí, dialogaron con los actores involucrados en la detección y persecución de delitos económicos, con el propósito de conocer en profundidad los avances logrados y los desafíos pendientes.
