Durante una reunión en la Procuración General, el procurador interino Eduardo Casal y los representantes de los fueros Criminal y Penal Económico advirtieron sobre la falta de recursos, cargos vacantes y problemas de infraestructura a menos de un mes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal.
El procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, recibió este jueves al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, junto a 19 fiscales de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la inminente implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) prevista para el próximo 10 de noviembre.
En el encuentro -realizado en la sede de la Procuración General de la Nación, en la calle Perón 667-, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) volvieron a manifestar sus preocupaciones por las condiciones en que deberá ponerse en marcha el nuevo sistema acusatorio y solicitaron una prórroga en caso de no resolverse los principales problemas que implica el cambio. Los reclamos apuntan a los nombramientos pendientes, la falta de personal técnico, los problemas de conectividad y la escasez de espacio físico en los edificios judiciales.
Los fiscales, que ya habían solicitado una reunión con el ministro a fines de septiembre, insistieron en que, pese a la relevancia de la implementación del sistema acusatorio, las condiciones actuales no garantizan un funcionamiento adecuado. Advirtieron además que el 60% de los cargos del fuero Penal Económico permanecen vacantes, lo que agrava la sobrecarga de trabajo en los equipos existentes.
Durante la reunión, los funcionarios judiciales destacaron la idoneidad y capacidad del cuerpo fiscal para afrontar investigaciones complejas, pero remarcaron la necesidad de recursos materiales, humanos y tecnológicos para hacerlo en el marco de un sistema que demanda mayor celeridad y eficacia.
Casal acompañó los planteos y recordó que la normativa original de 2015 que preveía la implementación del nuevo Código incluía un capítulo específico sobre el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal, aspecto que, según señaló, “nunca llegó a concretarse”.
Por su parte, los fiscales reiteraron que, de no resolverse los problemas estructurales, no será posible implementar el nuevo sistema en los plazos previstos y plantearon la posibilidad de una prórroga para adecuar las condiciones de trabajo antes del 10 de noviembre.
Acompañado por sus asesores Marcelo Ruiz y Pablo González, y por el abogado y representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, Cúneo Libarona escuchó los reclamos y se comprometió a “extremar los esfuerzos” para remediar las falencias señaladas por los fiscales.
El procurador Casal estuvo acompañado por los secretarios Juan Manuel Olima Espel y Juan Manuel Casanovas, cotitulares de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA).
