El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa, entre el 13 y el 16 de octubre pasado. Lucila Bernardini, integrante de la Coordinación de Comunicación Institucional, Prensa y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación, subrayó que la accesibilidad en la comunicación judicial debe ser considerada un derecho humano.
El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) participó del X Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en la ciudad de Arequipa, Perú, entre el 13 y el 16 de octubre pasado. En representación del organismo estuvo Lucila Bernardini, integrante de la Coordinación de Comunicación Institucional, Prensa y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación, quien asistió en nombre de la Defensora General, Stella Maris Martínez.
El MPD fue el único organismo de defensa pública invitado por la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, y participó en la mesa de diálogo titulada “La accesibilidad comunicativa como derecho y deber”, incluida dentro de la sección “Lenguaje claro y accesible” del encuentro.
Durante su exposición, Bernardini subrayó que la accesibilidad en la comunicación judicial debe ser considerada un derecho humano, especialmente en los organismos que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad. “Facilitar la comprensión es garantizar el acceso efectivo a la justicia”, señaló, y compartió las experiencias territoriales y digitales que impulsa la Defensoría.
En ese marco, destacó el trabajo del Área de Abordaje Territorial y Trabajo Jurídico Comunitario, creado “para estar presente en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, detectar barreras y proponer soluciones que aseguren un servicio de defensa pública accesible para todas las personas”.
Respecto de la comunicación institucional, la funcionaria remarcó que el MPD diseñó una estrategia digital “accesible, sencilla y cercana”, que busca dialogar con la ciudadanía en redes sociales “no como una institución que informa ‘desde arriba’, sino como un servicio público que acompaña, explica y orienta”.
Bernardini también destacó los programas de capacitación interna impulsados por la Escuela de la Defensa Pública, enfocados en lenguaje claro, trato adecuado y eliminación de barreras comunicacionales. “Sin comunicación clara no se puede ejercer la abogacía con verdadera perspectiva de derechos humanos”, afirmó.
En otro tramo de su intervención, abordó el trabajo del Programa sobre Diversidad Cultural del MPD, que promueve el reconocimiento de las lenguas indígenas como parte del derecho a la comunicación, la defensa y el acceso a la justicia.
Finalmente, planteó los desafíos que implica incorporar inteligencia artificial a los canales de atención y orientación legal del organismo, sin perder el vínculo humano con las personas asistidas. “La accesibilidad comunicativa es central para los organismos de justicia -concluyó-. Cumplir con ese derecho es una obligación legal, ética y humana que garantiza que quienes nos necesitan puedan contar qué les pasa, conocer sus derechos y recibir una respuesta adecuada”.
