La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó reabrir una investigación penal contra el ex diputado provincial Mario Caputo, acusado de haber hecho registrar a una joven como empleada de la Cámara de Diputados bonaerense sin que ella lo supiera.
El dirigente -que en 2015 intentó ser intendente de Azul y en 2017 fue candidato a senador provincial por el espacio de Florencio Randazzo- había sido sobreseído, pero el máximo tribunal dejó sin efecto esa decisión.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dispuso que se continúe la investigación.
Empleada sin saberlo
Los hechos se remontan a 2012, cuando una joven fue designada, por gestiones del entonces diputado Caputo, como empleada del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense. Según la denuncia, la mujer nunca pidió el nombramiento ni firmó documento alguno, porque jamás se enteró de que figuraba como personal de la Cámara.
En su nombre, sin embargo, alguien cobró los sueldos entre mayo de 2012 y enero de 2013. La joven descubrió la maniobra de manera casual, cuando en el Banco Provincia le informaron que tenía acreditaciones mensuales de unos 13.000 pesos y que figuraba como empleada legislativa en los registros de ANSES.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía 8 de Delitos Complejos de La Plata, a cargo de Bettina Lacki. Poco después -según el expediente- alguien depositó en su cuenta la suma total de los haberes y un asesor de Caputo la contactó para ofrecerle dinero “diciéndole que había sido un error y que se callara la boca”, relató el abogado de la denunciante, Eduardo Lapenta.
Nueve meses después, apareció una restitución de poco más de 101.000 pesos, aunque nunca se determinó quién realizó la transferencia.
Del sobreseimiento a la reapertura
La fiscalía pidió en su momento la elevación a juicio por fraude en perjuicio de la administración pública, pero la defensa del ex diputado se opuso. En 2020, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata dictó el sobreseimiento de Caputo.
Cuando el Ministerio Público intentó apelar, los jueces consideraron que el recurso era extemporáneo, por lo que el caso quedó archivado. Esa interpretación fue confirmada luego por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y por la Suprema Corte provincial.
El Procurador General llevó entonces el caso ante la Corte Suprema de la Nación, que ahora consideró que la decisión fue arbitraria y que se afectó el derecho de la fiscalía a recurrir, por lo que ordenó reanudar la investigación penal.
