La querella de Fabiola Yáñez presentó un recurso extraordinario en un intento por llegar a la Corte Suprema y revertir el apartamiento del juez federal Julián Ercolini en la causa por violencia de género contra el ex Presidente.
Y mientras se resuelve, el nuevo juez designado por sorteo, Daniel Rafecas, no puede intervenir aún en el expediente. Al panorama se suma la renuncia del abogado penalista patrocinante de la querella de la ex Primera Dama, Mauricio D’Alessandro.
Los movimientos llegan cuando todo indicaba que Alberto Fernández sería enviado a juicio de manera inminente por graves delitos que prevén hasta 15 años de prisión. De hecho, su defensa acaba de plantear la nulidad de toda la causa, algo pendiente de resolución.
La renuncia
El abogado Mauricio D’Alessandro formalizó el recurso extraordinario que debe conceder -o no- la Sala II de la Cámara Federal de Casación como último acto antes de renunciar a patrocinar a la ex primera dama. Con la apelación, el expediente podría llegar a la Corte Suprema en lo vinculado a la permanencia del juez Ercolini al frente de la investigación.
Si Casación rechaza el recurso, a la querella sólo le quedaría la vía de la queja directa.
En su renuncia al patrocinio de Fabiola, D’Alessandro explicó que tomó conocimiento de la intervención de nuevos abogados en distintos expedientes que enfrenta Yáñez con Fernández -tanto en el fuero civil como en el penal y contravencional porteño— y que esa situación podría implicar “estrategias legales contradictorias”.
“Habiendo tomado conocimiento de la existencia de nuevos abogados interviniendo en diferentes causas que mantiene Fabiola Yáñez con Alberto Fernández y existiendo cuestiones que puedan implicar estrategias legales contradictorias, vengo a renunciar a mi mandato en las presentes actuaciones”, expresó.
El letrado detalló además que su última actuación fue la presentación del recurso extraordinario contra la resolución del 6 de octubre de la Sala II de Casación, que dispuso el apartamiento de Ercolini “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. Señaló también que “el expediente principal se encuentra finalizado en su etapa de prueba y con requerimiento de elevación a juicio pendiente de resolución”.
Los cambios en la estrategia judicial de Yáñez se dieron luego de su sorpresivo regreso al país desde España junto al hijo que tiene con Alberto Fernández. En una causa civil y en otro expediente del fuero penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires designó como nuevas abogadas a Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa en reemplazo de Mariana Gallego, quien también renunció.
Desde el inicio de la causa, la estrategia se desarrolló con base en el deseo de Fabiola Yáñez de permanecer en Madrid junto a su hijo, algo que cambió hace 20 días cuando volvió de manera sorpresiva al país y comenzó el cambio de abogados en las distintas causas vinculadas a su relación con el ex Presidente.
La acusación
En el fuero penal federal, ex mandatario está procesado por amenazas coactivas y lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género. El fiscal federal Ramiro González ya dio por concluida la instrucción y pidió enviar el caso a debate oral.
Sin embargo, la recusación de Ercolini trabó el avance del expediente, que por sorteo pasó al juzgado de Rafecas. La defensa de Fernández, además, pidió ahora la nulidad de toda la investigación y que el proceso se reinicie desde cero, bajo el argumento de que se desarrolló con un juez parcial.
El procesamiento de Alberto Fernández resuelto por Ercolini está confirmado por la Cámara Federal porteña. Con la instrucción cerrada, el proceso está en etapa decisiva y Fernández va camino a ser juzgado por delitos que prevén hasta 15 años de prisión, cometidos según la acusación desde 2016 hasta agosto de 2024.
La fiscalía pidió que se juzgue al ex Presidente por los delitos de lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; lesiones leves también agravadas bajo esas mismas condiciones -reiteradas en dos oportunidades-, y amenazas coactivas.
Según la acusación fiscal, Fernández ejerció una “violencia sistemática” contra Yáñez en el marco de una relación de poder asimétrica iniciada en 2016 y agravada durante su gestión como Presidente.
“El desarrollo personal, profesional, de la vida política y pública del denunciado, contrasta de una manera notable con los de la víctima que se reconoce, de modo recurrente, frente una abrumadora situación de desigualdad. La magnitud de la asimetría que se pudo verificar, signó el vínculo desde sus inicios y, de alguna manera, fue determinante para la configuración de las distintas formas y tipos de violencia comprobados en la causa”, expresa el requerimiento de 172 carillas al que en su momento tuvo acceso Quorum.
El caso tomó impulso a partir de mensajes y fotos extraídas del teléfono de María Cantero, ex secretaria privada del entonces presidente, en los que Yáñez mostraba moretones y relataba situaciones de hostigamiento.
Estos mensajes se encontraron en el celular secuestrado en el marco de otra causa penal que investiga presunto direccionamiento en la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos en el gobierno de Fernández
El ex Presidente está procesado en este caso, pero el tema está bajo revisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña.
