El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario impuso penas de entre cinco y 19 años y medio de prisión a los miembros de una organización criminal que actuó entre 2021 y 2023. Los jueces destacaron el nivel de planificación y logística de los secuestros, que incluyeron inteligencia previa, falsos operativos policiales y pedidos de rescate en dólares.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario condenó a seis integrantes de una banda criminal a penas de entre cinco y 19 años y medio de prisión, por haber planificado y ejecutado secuestros extorsivos en las ciudades de Rosario y Villa Ramallo entre 2021 y 2023. Las víctimas eran familiares de empresarios con alto poder adquisitivo, seleccionados tras un trabajo de inteligencia previo.
El fallo, firmado por los jueces Eugenio Martínez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, fue fundamentado en una resolución de casi 300 páginas. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Rosario y la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, con colaboración de la UFECO.
El tribunal consideró probado que los acusados conformaban “una organización criminal compleja, profesional y estable”, con un esquema de trabajo que replicaban en cada secuestro. El líder ideológico, Claudio Daniel Coto (63), recibió la pena más alta: 19 años y seis meses de prisión, mientras que el jefe operativo, Néstor Adrián Santabaya (61), fue condenado a 17 años y seis meses. Ambos fueron hallados culpables de asociación ilícita, secuestros extorsivos agravados, robo en banda y amenazas.
Por los mismos delitos, aunque como coautores, fueron sentenciados Emiliano Acuña (38) y Sebastián Pugliese (47) a 14 años de prisión, mientras que Nicolás Santabaya (32) -hijo del jefe operativo- y Silvia López (44) recibieron cinco años de prisión.
El fiscal general Federico Reynares Solari calificó la estructura como “una organización con una asombrosa capacidad logística, técnica e inteligencia aplicada”. El tribunal coincidió en que el nivel de profesionalismo y el patrón repetido de actuación fueron claves para acreditar la autoría de los acusados.
Como una fuerza de seguridad
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, entre julio de 2021 y diciembre de 2023 los condenados actuaron con una logística equiparable a la de una fuerza de seguridad, utilizando celulares básicos para dificultar el rastreo, vehículos acondicionados y lugares de cautiverio alquilados con identidades falsas.
Los jueces destacaron que los delincuentes empleaban tres tipos de líneas telefónicas —“extorsivas”, “operativas” y “reales”— y que un descuido de Coto, quien no apagaba su “teléfono acompañante”, permitió reconstruir las comunicaciones de toda la organización.
En los allanamientos, la Policía Federal secuestró una camioneta Renault Trafic blanca, utilizada para trasladar víctimas, y un documento de identidad falso a nombre de “Juan Carlos Sacullo”, alias con el que Coto alquilaba los domicilios donde retenían a los secuestrados.
Secuestros, inteligencia y pedidos de rescate en dólares
El primer hecho juzgado ocurrió en enero de 2023 en Villa Ramallo, donde un empresario fue interceptado por falsos agentes de la Policía Federal. Los captores exigieron un millón de dólares de rescate y lo liberaron tras el pago parcial de 580.000 dólares.
Días después, en Rosario, el grupo intentó secuestrar a una mujer y a su hijo adolescente en la cochera de su edificio. El primer intento fracasó, pero el 10 de octubre lograron capturarlos y los mantuvieron cautivos en una casa alquilada en San Nicolás. Exigieron tres millones de dólares, aunque finalmente liberaron a las víctimas sin recibir el dinero.
Las pruebas incluyeron 2,5 millones de registros telefónicos, geolocalización de celulares y peritajes de voz, además de testimonios que confirmaron la reutilización de vehículos y la coordinación milimétrica de los movimientos.
