Por más de 25 años, Juan Manuel Nicolosi López ha transitado el camino de la defensa pública con convicción y entrega. Desde 2009 es titular de la Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Jueces y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, donde intervino en la mayoría de las megacausas del fuero. Académico, conferencista y referente en delitos económicos, su trayectoria combina experiencia, formación y una mirada crítica -pero esperanzadora- sobre el sistema de justicia argentino.
¿Cómo comenzó tu recorrido en la Justicia?
Ingresé en 1997 al Ministerio Público de la Defensa, en la gestión del Dr. Miguel Ángel Romero. Pasé por distintas áreas directivas: presupuesto, recursos humanos, superintendencia. Cuando asumió la Dra. Stella Maris Martínez, fui Secretario Letrado y tuve mis primeras experiencias como defensor en Quilmes y en Morón. Esos años forjaron mi identidad como defensor oficial. En 2009 concursé y gané el cargo que hoy ocupo en el fuero Penal Económico. Siempre me apasionó el derecho económico, los tributos, el derecho aduanero y las finanzas públicas. Éramos “bichos raros” en la Universidad de Buenos Aires los que nos inclinábamos por esa especialidad. Fui una persona con suerte, siempre estuve rodeado de excelentes profesionales, que fueron generosos en la enseñanza del conocimiento, tanto por parte de sus titulares, como de los compañeros de trabajo de esa época, y con muchos de ellos conservo una amistad.
¿Cómo funciona la Defensa Oficial en el Fuero Penal Económico?
Hoy la Defensa Oficial interviene en más del 80% de las causas. Defendemos tanto a personas físicas como jurídicas, con la complejidad que eso implica, sobre todo porque nuestro sistema procesal penal está pensado para personas físicas. Lo interesante es que ya no se trata solo de un recurso para quienes no pueden pagar un abogado. Cada vez más imputados eligen a defensores oficiales por nuestra idoneidad, por el trabajo académico que realizamos, por publicaciones o recomendaciones. Se reconoce nuestra capacidad de litigar, de plantear cuestiones innovadoras, de alcanzar resultados favorables. Incluso hemos generado leading cases en materia aduanera, tributaria, cambiaria, en cuestiones de género, de inimputabilidad o de espectro autista, así como en soluciones alternativas y acuerdos de colaboración.
¿Cuáles son los mayores éxitos que tuviste en tu trabajo?
Desde 2009 pasaron innumerables asistidos por esta Defensoría, y la mayoría con resultados favorables. Recuerdo casos complejos vinculados a género, a discapacidad difícil de detectar en una primera entrevista, a menores punibles, a mujeres embarazadas. También acuerdos de colaboración que requirieron intervención del Programa de Testigos. Pero lo más importante es que esos logros nunca son individuales: son de un grupo de trabajo comprometido, integrado por la Defensoría N° 2 y la N° 1 cuando la subrogo. Quiero aprovechar esta entrevista para honrar a mi amigo y secretario, el Dr. Gerónimo Santos, quien murió hace unos años en un trágico accidente, volviendo de sus vacaciones con su familia. Él dejó un legado para todos nosotros, su dedicación en su trabajo, la empatía y el trato cordial con las personas, eran sus notas distintivas, cosas que no se aprenden en ninguna facultad y que lo llevaron al baúl de mis grandes recuerdos. Ese triste suceso fue una gran pérdida para toda la Defensa Pública. La injusticia del destino, Gerónimo estaba próximo a ser designado Defensor en el fuero, había pasado la entrevista en el Senado de la Nación, sólo faltaba el decreto del Poder Ejecutivo.
Defender a personas jurídicas tiene su propia complejidad. ¿Cómo lo vivís?
En la mayoría de los casos nos designan de oficio, porque esas empresas ya no existen, están en quiebra, son “fantasmas” o fueron constituidas por testaferros que no tienen idea de lo que firmaron. Ahí surge el problema de la representación: ¿cómo ejercer la defensa de una persona jurídica con alguien que solo puso el nombre sin saber que estaba creando una empresa para cometer ilícitos? Otro escenario complejo es cuando la empresa está en concurso o quiebra. En esos casos, el representante legal es el síndico concursal, pero la jurisprudencia no es uniforme respecto de si el síndico puede o no representar a la empresa en el marco de un proceso penal.
¿Cómo evaluás la gestión de la Defensora General?
Con objetividad: no fui designado por su gestión ni ascendí gracias a ella. Gané mi cargo por concurso. Dicho esto, creo que la gestión de la Dra. Stella Maris Martínez es sobresaliente. Posicionó a la defensa pública en los más altos estándares, reconocidos por la Corte Interamericana, la OEA, Naciones Unidas y la Unión Europea. Es considerada como la más importante garantía de acceso a la justicia por parte de los sectores más vulnerables. La excelencia de su gestión se sostiene en un equipo de funcionarios altamente profesionales en cada área de competencia. En Superintendencia y Recursos Humanos, un Secretario General siempre disponible para consultas reglamentarias o cuestiones administrativas del personal; un Administrador General que logra gestionar con eficiencia recursos económicos escasos; una Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia que mantiene a todo el Ministerio Público permanentemente actualizado mediante cursos de calidad y contenidos pertinentes; y una Coordinación de Programas que brinda soporte a las dependencias con peritos, asistentes sociales y otros especialistas que trabajan de manera interdisciplinaria junto a los defensores oficiales en causas que requieren saberes técnicos complementarios. Con casi 28 años en la función judicial y habiendo participado como jurado y concursante, puedo afirmar que el sistema de selección del Ministerio Público de la Defensa no sólo es el mejor, sino también el más transparente y ágil. En el caso del personal, tanto jurídico como técnico-administrativo, todos ingresan por concurso, y los ascensos dependen del cumplimiento de pautas de capacitación y de la calificación otorgada por sus superiores. En cuanto a los magistrados, la diferencia con el Poder Judicial es clara: aquí no interviene un órgano político como el Consejo de la Magistratura que, a través de entrevistas personales, pueda alterar el orden de los ternados. En el MPD, una vez concluido el período de impugnaciones, el jurado eleva la terna a la Defensora General, quien la remite directamente al Ministerio de Justicia, salvo en casos puntuales vinculados al cupo de género. Por eso considero que es el sistema más transparente, aunque sé que no todos comparten esta visión. A mi entender, la selección debe ajustarse a criterios estrictamente técnicos y jurídicos, valorando antecedentes y oposición.
¿Qué importancia le das al sistema de ingreso democrático implementado en la Defensoría General?
Para mí es uno de los mayores logros. Una nota distintiva. Todos ingresan a partir del último cargo rindiendo examen. Nadie entra si no rinde: hay un examen, con antecedentes mínimos y una oposición, similar a la de un magistrado pero menos compleja. Los ascensos también dependen del mérito: rendir cursos, estar bien calificado por el titular, cumplir con la responsabilidad, la relación con compañeros y superiores. Si un oficial mayor no reúne esos requisitos, no asciende, y puede ascender otro con mejor desempeño. Eso genera un verdadero sistema meritocrático, basado no solo en lo académico, sino también en la contracción a la tarea y la responsabilidad.
¿Cómo se está preparando la Defensa Oficial en el Fuero Penal Económico para encarar el nuevo Sistema Acusatorio?
Ya se dictó la resolución que organizó las Unidades de Actuación: acusatorio, remanente y ejecución. Tenemos un coordinador general y equipos asignados. La Secretaría de Capacitación nos brindó cursos con expertos nacionales e internacionales y pudimos hacer viajes inmersivos a Salta y Mendoza para ver el sistema en funcionamiento. Nuestro gran desafío será aplicar ese modelo pensado para causas simples en un fuero de criminalidad económica: múltiples imputados, pericias complejas, maniobras de lavado. Aun así, estoy convencido de que traerá mejoras: habrá inmediatez, transparencia, audiencias ágiles y procesos más cortos. Haciendo estas salvedades, estoy convencido de que el nuevo sistema redundará en un mejor servicio de justicia, con intervención personal de cada una de las partes, que decidirán con inmediatez en cada una de las audiencias fijadas a tal efecto, y con celeridad que necesitan los procesos judiciales. Los desafíos son muchos, pero estamos dispuestos a afrontarlos, cumpliendo nuestra función con la dedicación y profesionalismo que nos caracteriza, y en el lugar que nos toque ocupar.
¿Qué significa para vos ser defensor público?
Es una vocación. Durante muchos años se nos veía como “defensores de pobres y ausentes”. Hoy eso cambió. Nosotros hablamos de “asistidos”, no de clientes. Sin desmerecer el trabajo de los colegas abogados particulares, que muchas veces es fenomenal, nosotros ponemos un plus en nuestra profesión: tratamos de ser empáticos con la persona que atendemos, brindarle un servicio que va más allá de lo jurídico, estar disponibles las 24 horas para sus consultas. La pregunta de un asistido nunca es una molestia. A veces la atendemos por teléfono, otras veces en nuestro despacho, y en muchas ocasiones incluso vamos a visitarlos. La defensa oficial es una buena defensa. Es algo que no se aprende en la Facultad, pero que quienes somos defensores oficiales tenemos en nuestros genes. En lo personal, desde 1997 me desempeño en el Ministerio Público de la Defensa. Sólo una vez concursé en el Poder Judicial -quedé en lista complementaria-, pero toda mi carrera desde que me recibí la desarrollé en la Defensoría.
¿Creés que la defensa pública sigue siendo la “cenicienta” del sistema judicial?
La defensa pública es, sin dudas, el área con menos difusión dentro del sistema judicial. Se habla mucho de los jueces y de los fiscales, pero muy poco de los defensores oficiales. Mientras ellos tienen un lugar históricamente consolidado, la defensa recién en la última década comenzó a revertir esa invisibilidad y a ocupar un protagonismo que antes no tenía. Hoy nuestro trabajo profesional y académico es reconocido: la capacidad de formular planteos innovadores, la contracción al trabajo y los resultados logrados han hecho que incluso jueces y fiscales valoren nuestro rol. Claro que, si se observa el presupuesto, la desigualdad sigue siendo evidente: el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa no cuentan con los mismos recursos. La llamada “igualdad de armas” muchas veces es apenas formal. Sin embargo, con capacidad, esfuerzo y hasta con nuestra propia sangre, equilibramos esas diferencias. Porque los defensores somos peleadores, combativos. La vieja idea de la defensa como la “Cenicienta” del sistema ya no tiene vigencia. Los recursos no definen por completo nuestra función. Hemos compensado esas desigualdades con capacitación, trabajo, dedicación y sacrificio, formándonos dentro y fuera del organismo. Y estoy convencido de que con la llegada del proceso penal adversarial -el sistema acusatorio- estas asimetrías se van a reducir aún más. En ese escenario, la litigación estratégica será decisiva, la oralidad marcará una diferencia y quienes estén mejor preparados serán quienes logren prevalecer en los pleitos.
¿Cómo es el vínculo con las asociaciones de víctimas?
Nuestro organismo creó defensores de víctimas en todo el país. No es función del defensor oficial representar a la víctima, porque defendemos imputados, pero el Estado asegura que la víctima también tenga un abogado. En el sistema acusatorio la víctima será escuchada como parte relevante del proceso.
Sos también un referente académico. ¿Qué lugar ocupa la docencia en tu vida?
Para mí es central. Hoy hablamos de inteligencia artificial, evidencia digital, cadena de custodia. Son herramientas que antes no existían. Capacitarse es indispensable. Doy clases en posgrados de la UBA, en la Universidad Austral, en la UNSAM, en la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Defensa. He tenido como alumnos a jueces, fiscales y defensores. Disfruto enseñar y transmitir conocimiento. Tengo una mirada crítica: muchos jóvenes hacen cursos para acumular “cartoncitos” y rendir concursos, más que por vocación. Creo que los antecedentes deberían valorarse, sí, pero la experiencia profesional y la práctica son lo más importante.
Se ha avanzado mucho en la defensa pública en los últimos diez años. ¿Cuáles son los desafíos que quedan por delante?
El gran desafío es seguir equilibrando nuestra estructura con la del Ministerio Público Fiscal para que la igualdad de armas no sea formal, sino real. Es como en el fútbol: si un equipo juega con 11 y el otro con 5, no hay igualdad. Para que el partido sea justo, ambos tienen que jugar con la misma cantidad de actores.
Por último, una pregunta personal: ¿ya abandonaste el deseo de aspirar a un cargo en algún juzgado?
Después de mi última experiencia concursando en el Poder Judicial, que algunos podrían ver como un éxito porque quedé en lista complementaria, terminé reafirmando que, por un largo tiempo, voy a seguir en el Ministerio Público de la Defensa. Y en principio, no volvería a concursar en el Poder Judicial.
