El magistrado del fuero penal de San Luis dejó su cargo tras más de 26 años en el Poder Judicial. Su salida fue aceptada por el gobernador Claudio Poggi y se hará efectiva a partir del 30 de abril de 2026.
Hugo Guillermo Saá Petrino presentó su renuncia irrevocable como juez del Colegio de Jueces en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis. La dimisión, ya aceptada por el gobernador Claudio Poggi, se hará efectiva a partir del 30 de abril de 2026 y pone fin a una carrera de más de dos décadas dentro del Poder Judicial.
En su carta de renuncia, el juez sostuvo que su alejamiento responde a motivos personales y a la decisión de retomar el ejercicio de la abogacía como nueva etapa profesional. Sin embargo, su salida se produce luego de un período signado por controversias públicas, problemas financieros y cuestionamientos internos vinculados a su conducción institucional.
“Luego de transitar más de 26 años de actividad en el Poder Judicial, razones de índole estrictamente personales motivan y justifican mi alejamiento del ejercicio de la judicatura para poder abocarme en el desarrollo y tránsito de la abogacía, como un nuevo camino y desafío profesional y personal”, explicó en el escrito que le envió al gobernador Poggi.
En los últimos meses, Saá Petrino quedó en la mira tras ser objeto de un embargo judicial sobre su salario para saldar una deuda de 36.000 dólares, con intereses que elevaron el monto a 46.800. La medida fue ordenada por el fuero civil tras años de litigio en los que el acreedor no logró encontrar bienes registrables a nombre del magistrado.
Ese episodio se sumó a otra situación crítica: la emisión de cheques sin fondos cuando presidía el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales. A raíz de esos hechos, varios integrantes de la comisión directiva renunciaron y luego se impulsó una auditoría interna, que terminó señalando un faltante millonario en la entidad.
La situación generó un fuerte malestar en el ámbito judicial puntano y planteó dudas sobre la continuidad de Saá Petrino en el cargo, al punto que su permanencia había quedado debilitada en el último tramo de su gestión.
Aunque en su renuncia el juez afirmó que su decisión obedecía únicamente a razones personales, la presión institucional y el desgaste público fueron determinantes para su salida.
