En un contexto social desafiante, la provincia de Córdoba apuesta por consolidar un sistema judicial moderno, con control ciudadano y respeto a la división de poderes. En diálogo con Quorum, el ministro de Justicia y Trabajo cordobés Julián López define la hoja de ruta: diálogo institucional, transparencia y reformas con impacto real.
¿Cuáles son las principales líneas de acción que se propusieron al frente del Ministerio de Justicia y Trabajo?
Nuestra prioridad fue consolidar una relación sólida y respetuosa con el Poder Judicial de Córdoba, garantizando la independencia de poderes y el trabajo interinstitucional. En ese marco, pusimos el foco en el fuero penal, particularmente afectado por la situación social -crecimiento de la pobreza, exclusión y aumento del delito-. Para dar respuestas más rápidas implementamos el Plan de Gestión Territorial, que reorganiza fiscalías y comisarías en Córdoba capital y en las grandes ciudades del Gran Córdoba. Al mismo tiempo, buscamos profundizar las reformas ya en marcha y extenderlas a los tribunales del interior de la provincia, especialmente en el fuero laboral y civil. Un paso clave en esa dirección fue la reciente conformación de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial, que ya tiene casi 30 años de vigencia. Esta comisión, integrada por siete estamentos -entre ellos la Asociación de Magistrados, el Tribunal Superior, el Colegio de Abogados y la Academia Nacional de Derecho-, trabaja en una propuesta integral que incorpore oralidad, nuevas metodologías procesales y el uso de tecnología e inteligencia artificial.
¿Cómo evalúa el funcionamiento actual del Poder Judicial en la provincia y qué desafíos observa a futuro?
Córdoba cuenta con un Poder Judicial consolidado, jerarquizado y respetado dentro del entramado institucional de la provincia. Nuestra premisa es siempre la misma: profundizar lo que funciona bien y corregir lo que sea necesario, respetando la independencia de poderes pero apostando al trabajo conjunto como vía para generar buenas prácticas y fortalecer la confianza ciudadana. Existen pilares que le otorgan fortaleza al sistema. En primer lugar, el respeto a la institucionalidad: contamos con vocales que ejercen sus cargos desde 1996, lo que habla de estabilidad y continuidad. En segundo lugar, los sucesivos gobernadores provinciales renunciaron a la facultad constitucional de designar jueces e impulsaron por ley la obligatoriedad de respetar el orden de mérito establecido por el Consejo de la Magistratura. Además, este Consejo está presidido por un representante del Tribunal Superior de Justicia, lo que aporta legitimidad y credibilidad al proceso de selección. De cara al futuro, el gran desafío es sostener y actualizar estos logros frente a una sociedad en constante transformación. Se requiere seguir fortaleciendo la transparencia, modernizar procesos con nuevas tecnologías y garantizar que la Justicia mantenga cercanía con la ciudadanía, sin perder su esencia de imparcialidad e independencia.
¿Qué políticas se están impulsando para acercar la justicia a los sectores más vulnerables?
Más allá de las iniciativas propias del Poder Judicial que fortalecen la cercanía con la ciudadanía, desde el Ministerio de Justicia impulsamos acciones concretas. En materia de infraestructura, avanzamos con numerosas obras en tribunales del interior, financiadas en parte por la tasa de justicia y en parte por rentas generales. Entre ellas se destacan los tribunales de Cura Brochero y Las Varillas, los nuevos tribunales de familia en Córdoba capital, así como las sedes de Deán Funes y Laboulaye. Paralelamente, estamos readecuando edificios existentes para incorporar áreas destinadas a la oralidad en distintos fueros, lo que agiliza procesos y hace más accesible la resolución de conflictos. Un eje central es el fortalecimiento de la justicia de paz, con 320 jueces que hoy llegan a 427 municipios y comunas. Para garantizar transparencia en las designaciones, se creó una Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, mecanismo consensuado que asegura legitimidad e independencia. A esto se suma la construcción de nuevos Juzgados de Paz en distintas localidades, consolidando una justicia más cercana, equitativa y presente en todo el territorio provincial.
¿Cuál es su postura sobre la digitalización judicial y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos?
La valoro de manera muy positiva. Nuestro gobierno tiene un fuerte compromiso con la innovación tecnológica al servicio de la gestión pública, y la Justicia no es la excepción. La pandemia aceleró un proceso que ya venía gestándose, especialmente con la implementación del expediente electrónico. Este avance acercó la justicia a la ciudadanía, agilizó trámites y redujo desigualdades entre profesionales con distintos recursos. Córdoba es hoy pionera en trámites digitales. Sin embargo, el desafío es que la innovación no deshumanice el servicio de justicia: debemos garantizar la inmediación, la cercanía de los jueces y, sobre todo, la conciencia de que detrás de cada expediente hay personas con problemas reales que necesitan resolverse.
¿Cómo garantiza que la tecnología no genere nuevas desigualdades en el acceso a la justicia?
Estamos convencidos de que la tecnología, bien aplicada, no solo no genera desigualdades, sino que amplía derechos y facilita un acceso más equitativo. Por eso insistimos en mantener el contacto humano y en ratificar principios esenciales como la inmediación y la cercanía en la toma de decisiones judiciales. La clave es equilibrar innovación con humanidad, asegurando que la digitalización sea un puente hacia una justicia más inclusiva y no una barrera.
Siendo Córdoba fue de las primeras provincias en digitalizar trámites judiciales. ¿Cuál es la próxima etapa en este proceso de transformación digital?
El desafío actual es enorme y se proyecta en distintas dimensiones. Por un lado, los nuevos medios tecnológicos están modificando la cuestión probatoria en diversos fueros, lo que exige también adecuaciones normativas, como las que se están llevando adelante en el Código Procesal Civil y Comercial. Se trata de pensar no solo en cómo impactan estas herramientas en los procesos judiciales, sino también en la vida cotidiana de las personas y en cómo garantizar una justicia más eficiente y cercana. El próximo paso concreto es la incorporación plena de las videollamadas en el fuero penal, especialmente para agilizar trámites y audiencias con personas privadas de libertad. A esto se suma la profundización de la oralidad en los fueros civil y laboral, una reforma que ya permitió reducir a menos de dos años causas que antes podían demorar hasta seis.
¿Qué lugar ocupa la inteligencia artificial en la agenda del Ministerio de Justicia y Trabajo? ¿Se evalúa su incorporación en la gestión de expedientes o análisis jurisprudencial?
Si bien a nosotros no nos compete lo que lleva adelante el poder judicial, sí creemos que es necesario discutir e incorporar en los nuevos códigos de procedimientos toda la materia de inteligencia artificial y otras cuestiones de innovación tecnológica y poder facilitar cuestiones vinculadas a la tecnología. La inteligencia artificial es un fenómeno inevitable, ya utilizado por abogados para analizar jurisprudencia. Pero debe regularse con criterios éticos y de transparencia. La máquina no puede reemplazar la valoración humana, que aporta contexto y justicia real.
¿Cómo balance hace del funcionamiento de los tribunales orales en Córdoba?
Córdoba tuvo un rol protagónico en el desarrollo de los tribunales orales, que se consolidaron como espacios clave para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad y para enfrentar con firmeza la narcocriminalidad. La provincia fue pionera en la creación de un fuero especializado en narcomenudeo, con fiscales y jueces que, en pocos años, duplicaron su número para atender la creciente demanda. A ello se suma una fuerza policial única en Latinoamérica: con formación universitaria, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal -y no del poder político-, que trabaja de manera articulada con las fuerzas federales de seguridad. Todo este andamiaje permitió dotar de mayor agilidad y eficacia al sistema oral cordobés, marcando un camino que hoy es referencia para otras jurisdicciones del país.
¿Qué desafíos y oportunidades observa en la implementación plena del sistema acusatorio en Córdoba?
Córdoba cuenta con un régimen acusatorio provincial que ha demostrado solidez y buenos resultados, aunque siempre existe margen para perfeccionarlo. Su principal aporte ha sido garantizar procesos más ágiles y un mayor respeto por las garantías y derechos de los ciudadanos frente a la ley. Los desafíos por delante son significativos. En primer lugar, resulta imprescindible cubrir las vacantes existentes y crear nuevos cargos para atender el déficit de funcionarios en tribunales orales federales, fiscalías y juzgados de todo el país. Solo así podrá consolidarse un verdadero equilibrio entre el Ministerio Público Fiscal y la jurisdicción. En segundo lugar, la capacitación de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos es una condición indispensable. Se trata de una de las transformaciones más trascendentes de los últimos treinta años en la Justicia Federal, y requiere una formación continua y especializada para sostener audiencias transparentes, ágiles y con plenas garantías procesales. En esa doble dimensión -infraestructura humana y capacitación- radican tanto los desafíos como las grandes oportunidades: fortalecer la confianza ciudadana, transparentar el sistema y consolidar un modelo acusatorio más eficiente y cercano a la sociedad.
¿Cree que este modelo acusatorio va a permitir un acceso más rápido y transparente a la justicia?
Sí, porque introduce un mayor equilibrio entre el Ministerio Público Fiscal y la jurisdicción, fortaleciendo las reglas del proceso y garantizando la transparencia en cada etapa. Claro que su efectividad depende de que vaya acompañado de las reformas institucionales y de gestión previamente mencionadas.
¿Qué impacto concreto ha tenido en Córdoba la oralidad en la dinámica de los juicios, en términos de plazos y resolución de causas?
La oralidad en el ámbito civil ha sido un cambio disruptivo y altamente positivo. Hoy se aplica prácticamente en toda la provincia y ha permitido agilizar de manera significativa los procesos gracias a las dos audiencias previstas en el procedimiento. Los resultados son contundentes: casi el 86% de las causas civiles se resolvieron en menos de dos años, cuando antes podían extenderse mucho más. Además, la mediación previa obligatoria redujo la litigiosidad en cuestiones de menor cuantía. Es un cambio profundo que queremos seguir evaluando, extender y perfeccionar.
¿Cómo se están capacitando jueces, fiscales y defensores para sostener audiencias más ágiles y transparentes?
La capacitación es un eje central y la lidera el Poder Judicial de Córdoba a través del Centro de Capacitación “Ricardo Núñez”, reconocido por su trayectoria en formación judicial. Desde el Poder Ejecutivo acompañamos con acciones conjuntas y programas específicos que buscan fortalecer estas prácticas en todo el territorio. Nuestro objetivo es que cada jurisdicción de la provincia pueda aplicar en simultáneo las reformas procesales, garantizando audiencias más ágiles, transparentes y accesibles para la ciudadanía.
Por haber sido pionera Córdoba en la modernización judicial, ¿qué aprendizajes de la experiencia cree que pueden replicarse en otras provincias?
La experiencia de Córdoba demuestra que las reformas procesales y de gestión tienen un impacto real en la vida de las personas. La implementación de la oralidad en los fueros civil y laboral permitió reducir de manera drástica los tiempos de resolución: pasamos de procesos que podían extenderse seis años a causas que hoy se resuelven en menos de dos. La mediación extrajudicial obligatoria, por su parte, contribuyó a disminuir la litigiosidad, promoviendo soluciones más rápidas y consensuadas. Y en el ámbito penal, el plan de gestión territorial representa nuestro mayor desafío actual, ya que asigna fiscales a zonas concretas, logrando un abordaje más directo y cercano del delito. Estas políticas no solo han despertado interés en otras provincias, sino también en el propio Consejo Federal de Justicia, lo que confirma que Córdoba puede servir como modelo replicable a nivel nacional.
¿Cómo imagina la cooperación con la Nación y las provincias para consolidar un sistema acusatorio federal más homogéneo?
Córdoba siempre ha tenido vocación de diálogo y de construcción de consensos. Estoy convencido de que esa es la condición sine qua non para fortalecer un sistema acusatorio federal homogéneo: el respeto institucional, la defensa del federalismo, la división de poderes y la búsqueda constante de acuerdos entre jurisdicciones. Este no puede ser un esfuerzo aislado ni coyuntural, sino un ejercicio permanente de cooperación y articulación entre la Nación y las provincias, con el objetivo común de ofrecer una justicia más ágil, cercana y eficaz para la ciudadanía.
¿Qué políticas se están discutiendo para asegurar transparencia, control y ética en la aplicación de la inteligencia artificial en la justicia?
Es un tema central en la agenda actual. De hecho, recientemente el propio gobernador relató una experiencia en la que, desde una cuenta oficial de un dirigente, se difundió un video manipulado en el que aparecía diciendo cosas que nunca había dicho. Este caso expone con claridad cómo las tecnologías digitales, en especial la inteligencia artificial, plantean nuevos desafíos en materia penal: la identificación de conductas ilícitas, la reacción frente a contenidos de rápida propagación en redes y la protección de derechos y bienes vulnerados.
Estamos frente a una problemática esencial: la vulneración de derechos a través de medios digitales. Por eso, desde la política y las instituciones debemos dar el ejemplo, estableciendo con firmeza que la mala utilización de estas herramientas no puede ser tolerada. Creo que el camino es construir consensos amplios, que involucren a toda la dirigencia y a todas las instituciones, para definir principios comunes de transparencia, control y ética en el uso de la inteligencia artificial.
¿Cómo prevenir que la digitalización y el Big Data vulneren derechos fundamentales como la privacidad?
Es imprescindible abrir un debate serio y profundo a nivel nacional, en el Congreso, sobre la regulación de estas tecnologías. Hoy prácticamente no contamos con un marco normativo específico, lo que genera un vacío legal frente a prácticas que se repiten con mayor frecuencia y que pueden afectar tanto a personas como a instituciones. Si no se actúa con rapidez, se corre el riesgo de que el uso indiscriminado de datos derive en vulneraciones graves de derechos fundamentales. Por eso resulta clave tomar conciencia colectiva sobre los verdaderos riesgos e implicancias del Big Data y la digitalización, y avanzar hacia normas claras que garanticen la privacidad, la seguridad y la protección de la ciudadanía.
¿Qué avances se están dando en materia de lucha contra la violencia de género y asistencia a las víctimas?
La provincia cuenta con una Secretaría de la Mujer, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y articula su labor a través del Polo Integral de la Mujer. Allí funcionan fiscalías especializadas en la atención de casos de violencia, junto con equipos interdisciplinarios que brindan contención integral, tanto en el plano físico como psicológico y emocional, para las mujeres y sus grupos familiares directos. Además, se ha conformado un fuero específico en violencia de género, integrado por jueces y fiscales con competencia exclusiva, lo que garantiza la inmediatez en las medidas de protección y una respuesta más rápida y efectiva frente a situaciones de riesgo.
¿Cómo se está trabajando en la política penitenciaria y en la reinserción social de personas privadas de la libertad?
Hemos tenido un crecimiento muy fuerte de la población carcelaria, cercano al 18 o 20% en 2024 por mayor acción policial y la acumulación de causas. Hoy tenemos alrededor de 16.000 personas privadas de libertad. Construimos la primera cárcel de máxima seguridad para internos de alto perfil e incorporamos tecnologías para inhibir comunicaciones ilícitas. El desafío es doble: frenar la continuidad del delito desde adentro de las cárceles y mejorar la resocialización de quienes quieren una segunda oportunidad. Los talleres de oficios son clave, aunque debemos profundizar mucho más, para que todos los que quieran trabajar, tengan la oportunidad. También firmamos un sistema denominado “Doble Techo”, como no contamos con cárceles federales pero sí tomamos presos federales, acordamos con la Nación este sistema de traslados de presos de “alto perfil” a cárceles federales, de mayor seguridad.
¿Cuál es el mayor desafío personal que ha encontrado al frente de un ministerio que combina justicia y trabajo?
El mayor desafío personal radica en la amplitud y complejidad de las tres áreas que me toca conducir, todas profundamente atravesadas por la situación social del país. En primer lugar, la Secretaría de Organizaciones de Gestión Penitenciaria, que articula con el Servicio Penitenciario la custodia de más de 16.000 personas privadas de la libertad. Es una tarea de altísima exigencia que demanda atención constante. Actualmente estamos avanzando en la construcción de la primera cárcel de máxima seguridad de la provincia, incorporando tecnología para inhibir actividades delictivas y al mismo tiempo trabajando en políticas de resocialización y mejora de la calidad de vida dentro de los establecimientos. En segundo término, la Secretaría de Justicia, cuyo gran reto en este contexto de tensiones sociales es garantizar un acceso real y efectivo a la justicia, en especial para los sectores más vulnerables. Finalmente, la Secretaría de Trabajo -que fue Ministerio hasta 2023- concentra la responsabilidad de intervenir en conflictos laborales: conciliaciones, procedimientos preventivos de crisis y conflictos gremiales. En tiempos difíciles, el desafío es sostener el empleo y las condiciones laborales, lo cual solo es posible a través del diálogo y la mediación. En definitiva, el mayor reto es equilibrar estas tres dimensiones -penitenciaria, judicial y laboral- en un escenario social complejo, procurando siempre que cada decisión tenga un impacto positivo en la convivencia y en la paz social.Tenemos que estar atentos a realizar nuestro mejor trabajo y llegarle a quien más lo necesite.
