La Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal expresó su “profunda preocupación” por el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 del Consejo de la Magistratura. Advirtieron que la reducción del 8% general y del 74% en Bienes de Uso compromete el funcionamiento de los tribunales, la modernización del sistema penal y la independencia judicial.
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones con competencia penal hizo público un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” frente al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 del Consejo de la Magistratura -Poder Judicial de la Nación-, actualmente en debate parlamentario. Según detallaron, “el crédito asignado implicaría una reducción del 8% general y del 74% en Bienes de Uso”.
En el documento, los magistrados advirtieron que “de mantenerse esa previsión, se afectaría gravemente el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”, a la que definieron como “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
El pronunciamiento destaca que “la suficiencia presupuestaria y autarquía financiera judicial constituyen condiciones indispensables para asegurar su efectiva independencia”. En ese sentido, remarcaron que “el orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer por sobre coyunturas económicas”.
De acuerdo con la Junta, el esquema de financiamiento previsto generaría consecuencias concretas sobre el servicio de justicia. “Asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”, señalaron.
El comunicado también se enfocó en los requerimientos del sistema penal federal. “La modernización y la plena implementación del sistema procesal penal federal requieren recursos adecuados”, afirmaron, y puntualizaron que “la reducción del 74% en Bienes de Uso impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica, esenciales para garantizar un servicio de justicia eficiente y moderno”.
Finalmente, los titulares de las Cámaras reafirmaron su postura institucional: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial” y exhortaron a que “el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”, con el objetivo de preservar “el equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”.
