Mientras la discusión sobre justicia e institucionalidad recorre el país, la Ciudad abrió un espacio donde jueces, académicos y funcionarios comenzaron a trazar, juntos, el mapa ético que podría guiar a los magistrados porteños en los próximos años.
“La ética judicial no es un tema abstracto: es una herramienta concreta para garantizar una justicia imparcial y confiable”. La frase, pronunciada durante la jornada realizada en la Legislatura porteña, sintetizó un consenso que atravesó todas las exposiciones: sin integridad, no hay legitimidad; sin legitimidad, no hay justicia posible.
En un contexto marcado por demandas crecientes de transparencia, independencia y responsabilidad institucional, magistrados, académicos, consejeros de la Magistratura, funcionarios y legisladores debatieron la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires cuente con un Código de Ética Judicial propio, capaz de orientar la conducta de sus jueces y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema.
La actividad, titulada “Código de Ética Judicial para el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires”, se propuso como un espacio de reflexión sobre el valor práctico de la ética en la función judicial y su rol como guía para la toma de decisiones —públicas y privadas— en un Poder Judicial moderno y autónomo.
El encuentro fue impulsado por el Dr. Marcelo Meis, consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad en representación de los abogados, y reunió a destacados referentes: el Dr. Luis Lozano, juez del Tribunal Superior de Justicia; el Dr. Armando Andruet, presidente del Tribunal de Ética Judicial de Córdoba; y el Dr. Juan Antonio Travieso, profesor emérito de la UBA. El cierre estuvo a cargo del ministro de Justicia de la Ciudad, Dr. Gabino Tapia.
La apertura estuvo a cargo de la diputada porteña María Inés Parry, quien expresó: “Es una gran satisfacción recibirlos en la Casa de las Leyes para iniciar esta serie de reflexiones que esperamos sea el primero de varios encuentros, igualmente nutridos, con magistrados, magistradas y legisladores. Quiero destacar la importancia del tema que nos convoca: la ética pública, justamente en un día en que se conoció una sentencia relevante que nos recuerda que, aunque demore, la justicia llega”.
Entre los presentes, cabe mencionar, a la presidente del Tribunal Superior, Inés Weinberg; a los consejeros Manuel Izura, Rocío López Di Muro y Gabriela Zangano; a los ex legisladores Ariel Álvarez Palma y Julián D´Angelo; y a la Dra. Claudia Gómez Chiapetta, quien redactó un proyecto de Código de Ética Judicial para la ciudad de Buenos Aires que fue mencionado en varias oportunidades.
La ética como garantía de imparcialidad
En la apertura, Marcelo Meis señaló que la discusión es mucho más que un ejercicio teórico: “La ética judicial no es un tema abstracto: es una herramienta concreta para garantizar una justicia imparcial y confiable. Fortalecer estos valores es esencial para consolidar la legitimidad del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía”.
Para Meis, avanzar en un Código de Ética forma parte del proceso de modernización y autonomía del Poder Judicial de la Ciudad, y constituye un paso necesario para fortalecer la capacidad, independencia y responsabilidad de los magistrados.
A lo que añadió: “Mi aporte hoy es político: debemos decidir si queremos un código, por qué lo queremos y qué tipo de código necesitamos. La justicia de la Ciudad funciona de manera muy distinta a la justicia nacional, que conozco bien por mi trayectoria profesional. La justicia nacional -especialmente la civil y comercial- está deteriorada, no por responsabilidad de sus integrantes, sino por la desatención de la política durante años”.
Frente a lo cual, concluyó: “No queremos replicar en la Ciudad los vicios de la justicia nacional: demoras interminables, infraestructura colapsada, tecnología insuficiente. Estamos trabajando seriamente en el traspaso de competencias, con la convicción de que, al recibir esa justicia, debemos transformarla: modernizar procedimientos, invertir en infraestructura y tecnología, y, sobre todo, asegurar que quienes integren el sistema sean magistrados y funcionarios de excelencia”.
Un código que represente a todos
El juez Luis Lozano, uno de los principales impulsores del debate, destacó que el Código debe construirse de manera participativa: “Es fundamental escuchar a todos los actores de la Justicia, en especial a los abogados, para que el Código de Ética no termine siendo endogámico y representando solamente la mirada de los jueces”.
Lozano aclaró además: “Al elaborar un código, lo primero es definir el perfil del juez que queremos para los próximos años. Los códigos éticos no crean valores: los toman de la Constitución, del diseño institucional y del modo en que la sociedad espera que actúe quien imparte justicia. Un código no puede ser un manual de prácticas judiciales ni un instrumento aislado del contexto. Tampoco puede ignorar el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que constituye un piso común para los países de la región. Debemos asegurar que un futuro código local no contradiga esos estándares y que incorpore los dictámenes de la Comisión Iberoamericana, poco difundidos en Argentina”.
Y agregó: “Si la Ciudad avanza con un código, será necesario crear un órgano que atienda controversias éticas. Recomiendo observar la experiencia de Córdoba, que ha desarrollado un órgano muy exitoso. Ese órgano debe nutrirse de las orientaciones iberoamericanas, para asegurar coherencia regional sin perder particularidades locales.
La madurez institucional y el rol del juez
El Dr. Armando Andruet, referente en ética judicial en la región, sostuvo que la creación de un Código revela el grado de desarrollo democrático de un Poder Judicial: “Un Código de Ética demuestra la madurez de un Poder Judicial. Está dirigido a los jueces, que son quienes impactan en el servicio de justicia”.
Andruet sostuvo: “Después de 40 años vinculado al Poder Judicial de Córdoba, quiero señalar algo esencial: los códigos de conducta no transforman a los poderes judiciales; transforman a los jueces. Y son los jueces quienes transforman los poderes judiciales. En los últimos 50 años, las sociedades cambiaron profundamente. El ideal del juez aislado, que ‘solo habla por sus sentencias’, ya no existe. Hoy la sociedad exige jueces visibles, responsables y ejemplares. Las conductas privadas tienen impacto público”.
Asimismo, afirmó: “Un código puede tener funciones diversas. Esa amplitud dependerá no solo de decisiones políticas, sino también de decisiones sobre el poder: cuánto están dispuestos los tribunales superiores a delegar en un órgano autónomo de ética. Para funcionar plenamente, ese órgano debe tener autonomía, funciones claras y límites precisos. El código también debe definir quiénes serán alcanzados: jueces, fiscales, defensores, funcionarios y, eventualmente, empleados que, aunque sin cargo, representan al Poder Judicial frente al ciudadano”.
Por último, planteó una serie temas a debatir: “¿Qué tipo de intervención tendrá el órgano ético? ¿Será orientador? ¿Pedagógico? ¿Preventivo? En todos los casos, su función no debe confundirse con la disciplinaria, que corresponde a quienes gobiernan el Poder Judicial”.
Tecnología, IA y nuevos dilemas éticos
El profesor Juan Antonio Travieso sumó una perspectiva indispensable: el impacto de la tecnología en la función judicial. “La tecnología plantea nuevos desafíos para la Justicia, en especial el uso de la IA. La ética no es un lujo, es una necesidad”, afirmó.
Planteó que cualquier futuro Código de Ética deberá prever orientaciones claras sobre el uso de herramientas digitales, tratamiento de datos, automatización y decisiones asistidas por inteligencia artificial.
Y mencionó un ejemplo: “Un caso reciente de Chile -el ‘Caso Audios’- lo demuestra. Conversaciones privadas filtradas, vinculaciones políticas, tráfico de influencias y conductas éticas reprochables involucraron incluso a jueces de la Corte Suprema, que terminaron removidos. Como consecuencia, la Corte Suprema chilena aprobó, hace apenas semanas, un nuevo Código de Ética Judicial, que entrará en vigencia en 2026. Ese código prevé: un consejo consultivo mixto, dictámenes públicos, recomendaciones sobre uso de tecnologías y de inteligencia artificial, estándares de transparencia. Hechos, no palabras. La ética judicial requiere instituciones concretas”.
Un debate transversal para un proyecto común
En el cierre de la jornada, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, valoró la amplitud institucional del encuentro: “Que todo el arco político esté representado es la garantía de que podremos generar el mejor proyecto de Código de Ética para los jueces y para los porteños”.
Tapia destacó que la discusión ética se inscribe en el proceso de consolidación de la autonomía judicial porteña y en la búsqueda de un servicio de justicia más transparente, moderno y orientado al ciudadano.
Un paso más hacia una justicia confiable
La jornada dejó planteado un consenso: la ética no es un accesorio del sistema judicial, sino el cimiento que sostiene su legitimidad. Un eventual Código de Ética Judicial porteño se perfila como una herramienta clave para reforzar la independencia, la integridad y la ejemplaridad de quienes administran justicia. En tiempos donde la confianza pública es el capital institucional más escaso, ese camino parece tan urgente como necesario.
