La Sala II de la Cámara Federal ratificó los procesamientos del ex Presidente y un amplio grupo de ex funcionarios y empresarios por negociaciones incompatibles y otros delitos vinculados al esquema de intermediación en Nación Seguros. El Tribunal confirmó maniobras de recaudación y direccionamiento de contratos, redefinió calificaciones legales -incluyendo encubrimiento agravado en lugar de lavado- y dispuso revisar numerosos embargos. También dictó faltas de mérito en tramos clave y ordenó profundizar la investigación sobre los circuitos de dinero.
La Cámara Federal de Apelaciones de la Nación -integrada por los jueces Roberto J. Boico y Martín Irurzun, con la disidencia parcial del juez Eduardo G. Farah- confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del ex presidente Alberto Ángel Fernández y de un numeroso grupo de ex funcionarios y empresarios, en el marco de la causa Seguros.
La resolución judicial avaló la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante la “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Imputaciones y procesamientos confirmados
El fallo ratificó los procesamientos de 19 personas humanas y modificó la calificación legal de varios imputados involucrados en el presunto lavado de activos:
Alberto Ángel Fernández: Se confirmó su procesamiento sin prisión preventiva por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor. Se mantuvo un embargo sobre sus bienes por $ 14.634.220.283,68 y la prohibición de salida del país sin autorización. El Tribunal consideró que las pruebas e indicios “avalan la inferencia” de que Fernández “cumplió un rol crucial” para que el empresario Héctor Martínez Sosa se hiciera de una gran cantidad de contratos públicos, aprovechando su vínculo personal y económico, así como su capacidad de injerencia en la designación de autoridades de la aseguradora estatal.
Círculo Martínez Sosa: Se confirmaron los procesamientos, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (u otros delitos concursales):
- Héctor Horacio Martínez Sosa (partícipe necesario).
- María Marta Cantero (secretaria presidencial y esposa de Martínez Sosa), además imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público (concurso ideal).
- Funcionarios de Nación Seguros y Gendarmería: Alberto Carlos Pagliano (Presidente de Nación Seguros), Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Andrés Arana, Mauro Damián Tanos, Osvaldo Alfredo Tórtora, Agustín Beraldi, Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino.
Esquema ANSES y coaseguros: Se confirmaron los procesamientos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada (en concurso ideal):
- Funcionarios de Nación Seguros vinculados a este esquema: Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos.
- Empresarios y productores: Pablo Andrés Torres García, Hernán Marcos Bressi, Diego Nicolás Rosendi y Héctor Basilio Villaverde.
- El Tribunal modificó el alcance de la materialidad de la maniobra de defraudación a ANSES y encomendó al juez reevaluar los embargos correspondientes a estos imputados.
Cohecho: Se confirmaron los procesamientos por el delito de cohecho (sobornos):
- Luciano Torre Arregui, Alfredo Fernando Del Corro, Mauro Damián Tanos, María Victoria Bisogni y Diego Nicolás Rosendi.
- Los embargos sobre estos bienes (salvo Torre Arregui) deberán ser calculados nuevamente en función de su situación actual.
Encubrimiento Agravado: Se confirmó el procesamiento de seis personas, pero se cambió la calificación legal:
Alfredo Fernando Del Corro, Damián Gosso, Carlos Alberto Suárez, Mariana Lourdes Trupia, Alejandro Damián Celes y Déborah Toloza fueron procesados por encubrimiento agravado (Art. 277, incisos 1 “c” y 2 “c” del CP), en lugar de lavado de activos de origen ilícito. Esto se debe a que la descripción de las operaciones (uso de cooperativas y facturación apócrifa para ocultar el origen ilícito de los fondos) encajaba más en la figura de encubrimiento. El juez deberá calcular nuevamente los embargos con arreglo a esta nueva calificación.
Faltas de mérito y revocaciones
La Cámara revocó los procesamientos y dictó la falta de mérito, dejando sus situaciones sujetas al resultado de la investigación, para los siguientes imputados:
- Funcionarios de ANSES: Federico Alejandro D’Angelo Campos y Santiago Fraschina, ya que el Tribunal consideró que no tenían la competencia funcional exclusiva para adoptar las decisiones de coaseguro que se les imputaban, recayendo la responsabilidad primaria en Nación Seguros S.A.
- Productores y participantes menores: Sebastián Díaz Bancalari (Vicepresidente de Nación Seguros), Diego Carlos Marín, Norberto Matías Garrido, y Fernando Carlos Salim.
- Participantes menores en la defraudación a ANSES: Brian Kelly y Lucas Pablo Rosendi, ya que no se logró desvirtuar sus versiones de que no tuvieron actividad operativa en las operaciones concretas reprochadas.
- Lavado de Activos: María Victoria Bisogni y Mauro Tanos, específicamente por el delito de lavado de activos (manteniendo su procesamiento por cohecho).
- Personas Jurídicas: Las cooperativas “7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Limitada” y “Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada” (dado que el delito de Encubrimiento no está en el catálogo de delitos asignables a personas jurídicas bajo la ley 27401).
Contexto del favorecimiento
La investigación se centró en el marco del Decreto N° 823/2021, que obligó a las entidades del sector público nacional a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., una medida que, si bien buscaba la eficiencia, no modificó la práctica de incluir intermediarios privados (productores, organizadores y másters). El fallo determinó que Martínez Sosa, esposo de la secretaria presidencial María Cantero, se benefició percibiendo casi el 60% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios del sector estatal.
La influencia de Martínez Sosa se extendía a la designación de autoridades en Nación Seguros (como Alberto Pagliano y Carlos Gustavo García Argibay). Las comunicaciones encontradas revelaron que Cantero, la secretaria de Fernández, gestionaba negocios para su esposo y que el propio expresidente intervino personalmente para evitar que se le cayera un contrato a Martínez Sosa, con el mensaje “Ya me ocupo”.
En cuanto a la defraudación en el caso ANSES, el Tribunal notó que la designación de coaseguradores (como San Germán) y la inclusión de intermediarios (TG Broker/San Ignacio) se realizó bajo la influencia de Pablo Torres García, incluso cuando los funcionarios de Nación Seguros creían que la empresa coaseguradora no cumplía con la capacidad operativa necesaria. Las millonarias ganancias de San Ignacio fueron canalizadas a través de cooperativas que emitían facturación sin respaldo de servicios reales, lo que facilitó el pago de sobornos a funcionarios como Mauro Tanos (Nación Seguros), por medio de bienes, viajes y la adquisición de un departamento.
El caso continúa bajo instrucción, con la orden de profundizar la investigación sobre los circuitos de dinero y las responsabilidades internas en los organismos estatales que designaron a los intermediarios.
Disidencia de Farah
En resumen, el juez Farah compartió gran parte de los fundamentos del voto mayoritario de los jueces Boico e Irurzun respecto a la evaluación de las cuestiones preliminares, la corroboración de los hechos y la responsabilidad de la mayoría de los procesados. Pero consideró que el esquema de corrupción estaba más firmemente probado y que las calificaciones legales debían ser más severas en ciertos puntos. En particular, buscó responsabilizar a los productores de Martínez Sosa que la mayoría liberó, confirmó el procesamiento del funcionario de ANSES D’Angelo Campos, y mantuvo la calificación más grave de lavado de activos para el entorno de las cooperativas.
