El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se presentó ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo. La causa analiza un esquema “estructurado y sostenido” de direccionamiento a droguerías, sobreprecios y supuestos sobornos que habrían afectado directamente a beneficiarios del programa Incluir Salud.
Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó por primera vez ante la Justicia para ser indagado en la investigación por supuestos delitos con la compra de medicamentos a droguerías. Su defensor Mauricio D’Alessandro anticipó a la prensa que daría explicaciones ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi y podría responder preguntas. La audiencia duró poco más de una hora y el ex funcionario hizo una breve exposición ante los investigadores. El también abogado Diego Spagnuolo llegó a Comodoro Py 2002 a las 13 hs, casi en el horario de su cita, y se retiró a las 14:30.
La acusación
En la causa se investiga si dentro de ANDIS funcionó un mecanismo “estructurado y sostenido” para direccionar la compra de medicamentos de alto costo a ciertas droguerías y el supuesto pago de comisiones ilegales al respecto, en el marco del sistema Incluir Salud.
La pesquisa se inició a raíz de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo referidos a presuntos pedidos de “cajas” y coimas vinculadas a la provisión de medicamentos de alto costo.
A ese material -cuya autenticidad la defensa de Spagnuolo ya cuestionó al insinuar que algunos podrían haber sido editados o falsificados mediante inteligencia artificial- se suman chats, movimientos de dinero y presuntos incrementos patrimoniales que la fiscalía considera no justificados.
En este contexto compareció ayer Miguel Ángel Calvete, empresario con histórico peso en el rubro farmacéutico y definido por los investigadores como un nexo directo entre ANDIS y algunas de las droguerías proveedoras. Calvete, quien afronta cargos por direccionamiento de contratos y participación en maniobras económicas vinculadas a los pagos irregulares y decidió no declarar.
Las indagatorias
Los citados son 15 imputados durante esta semana y hasta diciembre. El caso tiene un detenido: Pablo Atchabahian con arresto domiciliario en Mendoza-
La causa expone lo que el fiscal define como un entramado delictivo montado dentro del organismo para direccionar contrataciones, manipular procesos de compra y aplicar sobreprecios sistemáticos en medicamentos e insumos críticos. Según la hipótesis fiscal, la maniobra incluía además el pago de sobornos a funcionarios públicos con capacidad de decisión dentro de ANDIS.
El eje de gravedad de la investigación no es solo económico ni institucional: es social. Las irregularidades detectadas afectaron de manera directa al universo de beneficiarios del Programa Incluir Salud, dirigido a personas en situación de extrema vulnerabilidad: titulares de pensiones no contributivas, madres con siete hijos, adultos mayores en situación de pobreza y personas con discapacidad sin otra cobertura médica.
Según Picardi, la organización delictiva operaba en perjuicio de la administración pública y, particularmente, sobre un colectivo que requiere protección reforzada. El desvío de fondos destinados a medicamentos e insumos de alto costo -muchos de ellos esenciales para tratamientos crónicos o discapacidades severas- habría impactado en la continuidad y calidad de las prestaciones.
Tras reunir pruebas documentales, testimoniales y peritajes, el fiscal solicitó la ronda de indagatorias que ordenó el juez Casanello y dispuso nuevos allanamientos y medidas de prueba para profundizar el análisis del circuito económico y del rol de cada uno de los imputados, tanto funcionarios como empresarios.
La investigación apunta a reconstruir:
- Cómo se direccionaban las compras a determinadas droguerías o prestadoras.
- Qué funcionarios participaban en la selección irregular de proveedores.
- El mecanismo de cálculo de sobreprecios aplicado en medicamentos e insumos críticos.
- El flujo de pagos ilegítimos y retornos a funcionarios.
El análisis del contenido del dictamen fiscal revela una trama de corrupción organizada desplegada en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Esta organización, compuesta por funcionarios públicos y empresarios del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia), operó mediante el direccionamiento de contrataciones, la manipulación del sistema informático SIIPFIS, la aplicación de sobreprecios, y el pago de sobornos a funcionarios.
