De visita en nuestro país, el juez español Manuel Ruiz de Lara dialogó con Quorum y advirtió sobre el avance de las intromisiones políticas en la Justicia, trazando paralelismos con la Argentina de Cristina Kirchner y cuestionando con dureza la querella presentada por el presidente Pedro Sánchez contra el magistrado que investiga a su esposa. Con un idealismo imperturbable, defiende la independencia judicial como pilar esencial de la democracia y propone reformas estructurales para blindarla frente al poder político.
Magistrado español, referente en la defensa de la separación de poderes y autor del libro Patria Judicial, Manuel Ruiz de Lara ha construido una trayectoria marcada por su compromiso con el Estado de Derecho y la independencia judicial. Juez de carrera, es conocido por sus fallos en causas complejas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y la corrupción política, así como por su activa participación en debates institucionales sobre la modernización de la Justicia en Europa.
Presidió la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, una de las asociaciones más influyentes de España, desde la cual impulsó reformas profundas al sistema de designación de los altos cargos judiciales. También tuvo a su cargo causas resonantes -como el litigio sobre la Superliga europea de fútbol- que trascendieron fronteras y sentaron precedentes en la jurisprudencia comunitaria.
¿Qué lo trajo a la Argentina?
Vine por un ciclo de conferencias organizado junto a Gustavo Meirovich, en el marco de una diplomatura que me parece muy interesante. Estuvimos en el estadio de River. Yo tuve un caso relacionado con el fútbol y la Superliga que resultó muy interesante y tuvo bastante trascendencia mediática, incluso a nivel mundial. Eso daría para una conferencia entera. Ya está juzgado, hubo sentencia, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se pronunció, dándome la razón en la posición que sostenía. Pero, en definitiva, mi presencia aquí se debe sobre todo a este ciclo de conferencias que se desarrolla en España y en Argentina. De hecho, vamos a replicar este modelo con varios magistrados argentinos que próximamente viajarán a España, donde se organizará un congreso multidisciplinar con distintas ramas jurídicas. En él, trabajo junto a mi compañero, el magistrado Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional; con Meirovich y con el juez nacional de Ejecución Penal de la Capital Federal, Marcelo Peluzzi. Otro de los proyectos es un libro, una obra científica elaborada por autores españoles y argentinos -especialistas en derecho penal- que abordará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los sistemas de compliance penal y los delitos en el ámbito económico. La presentación será en enero. Los trabajos ya están concluidos y actualmente se encuentran en una editorial española, por lo que la obra verá la luz muy pronto y se comercializará tanto en Argentina como en España. Son dos iniciativas muy interesantes. El codirector es Meirovich, principal impulsor de la iniciativa, y estoy convencido de que será una obra apasionante.
Usted habla muy bien de los jueces en España, pero no así del Gobierno y sus intromisiones en la Justicia. ¿A qué lo atribuye?
Lo atribuyo a una irresponsabilidad del Gobierno de España. Nunca antes habíamos visto algo así. Siempre existieron presiones mediáticas, pero jamás declaraciones de ministros en ejercicio arremetiendo contra jueces que investigan casos de corrupción vinculados al propio Gobierno. Algunos incluso los han acusado de prevaricación, lo que en sí podría ser un delito de calumnias. Ese fenómeno me recuerda a lo que sucedía en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, que en televisión atacaba a jueces o fiscales que la investigaban. Esto es muy pernicioso para la democracia: si el poder político siembra dudas sobre el Poder Judicial, mina la credibilidad de la institución.
Usted publicó la novela Patria Judicial, a la que define como un thriller cercano a la verdad. ¿Por qué?
Bueno, porque trata de resaltar precisamente esos problemas. Es una novela que transcurre entre España y Argentina y que, dentro de la ficción, establece un gran paralelismo con la realidad. Los personajes resultan muy similares y, en el caso de quienes ocupan altos cargos de gobierno, todos tienen su alter ego, tanto en la trama argentina como en la española. Lo que pretende la obra es, a través de la ficción, concienciar al ciudadano sobre la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. En la novela hay de todo: historias de amor y desamor en la judicatura, episodios de atentados terroristas y escenas de acción propias de un thriller. Busca ser entretenida, pero el trasfondo es concienciar a la ciudadanía de lo esencial que resulta contar con un régimen donde exista verdadera separación de poderes e independencia judicial.
¿Qué paralelismos encontró entre España y Argentina?
Pues muchísimos. Siempre me decían: “Argentina es vuestro futuro, el futuro de España”. Nunca habíamos asistido a ataques tan directos por parte del poder político. Hubo intentos de presión, claro: la negativa a modificar la ley orgánica para que el Consejo del Poder Judicial fuera elegido por los jueces, ciertas reformas legales que debilitaban la independencia judicial, falta de inversión… pero nunca la presión que estamos viviendo ahora. En España incluso hemos tenido el caso de que el Presidente presentó una querella contra el juez que investiga a su mujer por haberlo citado como testigo. Esa querella fue desestimada e, incluso, un juez advirtió la posibilidad de imponerle una multa por mala fe procesal al propio Gobierno. El Presidente no es un ciudadano cualquiera: utiliza todos los terminales mediáticos y el poder de comunicación desde el Palacio de la Moncloa para atacar a un juez. Eso, para mí, sólo lo hace un dirigente notoriamente irresponsable y que no respeta ni la separación de poderes ni la democracia occidental.
Uno de los personajes de su novela es Eva Kirchner. ¿Una alusión a Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, yo dejo al lector los paralelismos, pero creo que son evidentes y remiten a personajes concretos de la realidad política española o argentina. Ese es también uno de los atractivos de la novela. Yo lo observaba desde fuera, pero por lo que vi y leí en las noticias, en Argentina se asistía a ese fenómeno: cuando se investigaba a la Presidenta -o luego a la Vicepresidenta- hablaba de casos de lawfare. Todo lo que la afectaba lo encuadraba en ese concepto, que procede de Sudamérica y que ahora hemos importado a España. Pero, ¿con qué objetivo? Presionar al juez o al fiscal que está investigando. No creo que haya casos de lawfare dentro de la Judicatura, para nada. Además, el sistema democrático prevé instancias de recursos: si un juez falla en la forma de llevar adelante una investigación, sus resoluciones pueden apelarse ante la Cámara -o en España, la Audiencia Provincial- y corregirse. Y, en cualquier caso, si un político considera que un juez ha prevaricado, dictando una resolución a sabiendas de que es injusta, debe presentar una querella. El propio Presidente del Gobierno lo hizo, pero la querella fue desestimada. Hay que aceptar las reglas del juego democrático.
¿La literatura y la ficción son una buena herramienta para echar luz sobre estos fenómenos?
Sí, yo no solo creo en la literatura, sino que, al menos en España, echo en falta que no existan series de televisión que narren todo esto, porque la realidad supera a la ficción. Encendemos el telediario y aparecen innumerables casos de corrupción, algunos vinculados a prostitución, organizaciones de blanqueo de capitales o malversación de caudales públicos. Hemos tenido, además, a los políticos independentistas en Cataluña, donde incluso se promulgó una ley de amnistía que, a mi juicio, no es constitucional. Todos esos episodios que ocurren en la realidad darían no solo para varias novelas, sino también para una serie de televisión o una película. Y me parece muy necesario, porque es una forma de educar a la ciudadanía en la cultura democrática y hacerle comprender que, si queremos sostener la democracia, es fundamental que exista separación de poderes.
En Argentina existe una sensación de adormecimiento social frente a la corrupción. ¿Ocurre lo mismo en España?
Bueno, sucedía. Es decir, la ciudadanía se va despertando, quizá también gracias a la labor de jueces y asociaciones judiciales que han salido a los medios de comunicación para alertar sobre la importancia de la separación de poderes. Porque si no hay independencia judicial, no hay seguridad jurídica. Y eso no sólo afecta al ciudadano que tiene un caso en curso, sino también a la inversión: un país sin seguridad jurídica y sin independencia judicial atraerá menos inversión, ya que cualquier litigio quedará sujeto a la voluntad del Gobierno. En España, hasta hace poco, este era un tema que pasaba desapercibido; muchos pensaban que no les afectaba, pero las tornas han cambiado. De todos modos, aún queda mucho por avanzar. Envidio, por ejemplo, lo que ocurrió en Israel, cuando Netanyahu impulsó una reforma del Poder Judicial y la ciudadanía salió masivamente a la calle en defensa de la magistratura. En España también se intentó una reforma judicial llamativa y hubo resistencia. Me parece fundamental entender que la democracia no consiste solo en votar cada cuatro o cinco años, sino también en mantener un equilibrio de poderes y un control mutuo. De lo contrario, el poder político campará a sus anchas, miles de casos de corrupción quedarán sin detectarse y, al final, eso perjudicará al país, a su seguridad y a su desarrollo.
Tuvo algunos hechos muy puntuales vinculados a Pedro Sánchez y a su mujer, y tuvo que enfrentar algunos procesos. ¿Cómo transitó toda esa situación?
Bueno, es el régimen disciplinario que tenemos. En nuestra condición de jueces no podemos dirigir censuras al poder político. Otra cosa es mi condición de ciudadano: evidentemente, como ciudadano tengo libertad de expresión. Distinto sería que, en el ejercicio de mi jurisdicción o invocando mi condición de juez, hiciera alguna crítica al presidente del Gobierno. Fuera de eso, como ciudadano puedo emitir cualquier opinión favorable o desfavorable, tanto sobre el Gobierno como sobre la oposición. ¿Cómo se afronta? Yo ingresé a la carrera judicial por vocación. Mi vocación en la vida es defender la separación de poderes y la democracia. Creo tener valores democráticos consolidados y sostengo que el poder político, e incluso los jueces, deben estar sometidos a la crítica. No hay ningún problema en ello. Quizás los ataques que provienen de determinados políticos surgen porque no toleran que se los critique cuando se expone su atentado a la separación de poderes. Por eso pueden intentar represalias. Pero lo cierto es que en España hay un sistema democrático y unas garantías que hacen que esos intentos queden en nada.
¿Y se sintió respaldado por otros magistrados?
Sí, absolutamente. Entre otras cosas, porque las críticas que formulo son compartidas por la inmensa mayoría de la ciudadanía demócrata, no solo por jueces y magistrados. Por suerte, no soy el único referente: hay muchos más jueces, magistrados y figuras de la vida pública que remarcan la importancia de la separación de poderes, incluso periodistas y medios de comunicación. Con lo cual, sí percibo un respaldo y noto que avanzamos. Y, como soy optimista, creo que lograremos mejorar la calidad democrática de las instituciones, pese al intento de algunos -particularmente miembros del Gobierno- de degradar al máximo la democracia.
Lamentablemente, la independencia judicial está en riesgo en muchos lugares. Varios países de Latinoamérica atraviesan situaciones muy complejas. ¿Cuáles son los principales desafíos para garantizar al menos un verdadero control entre los poderes?
Pues yo siempre lo agrupo en tres pilares. El primero es el acceso a la judicatura: jueces y fiscales deben ingresar mediante un sistema objetivo, sin posibilidad de que el poder político designe a los más afines. Pongo el caso de Venezuela: allí el Poder Judicial no es independiente y, si uno acude a la Corte Suprema, particularmente en estas elecciones que han sido robadas por el presidente no democrático Nicolás Maduro, no existe forma de reclamar ni de garantizar esa independencia judicial. El segundo factor es una inversión adecuada en justicia, tanto en medios materiales como personales. La Justicia debe ser eficaz, imparcial y también rápida; no puede ser que los procesos se prolonguen durante años. El tercer pilar son los altos cargos de la Judicatura, los órganos de gobierno. En España todo funciona por escalafón, por un sistema de clasificación general, salvo los altos cargos, que son elegidos por el Consejo del Poder Judicial. Para garantizar la independencia, primero, el Consejo debe ser elegido por los jueces -como reivindica Europa- sin intervención del poder político. Y segundo, el sistema de nombramiento de los altos cargos debe ser objetivo, respondiendo a criterios de mérito y capacidad, y no a la cercanía de un magistrado con un vocal o con un político. Sólo así puede existir una verdadera carrera judicial y seguridad jurídica. Si se preservan esos tres valores, se garantiza la democracia. Si falla alguno, podemos terminar en la situación que vive Venezuela: ante una arbitrariedad del poder político, uno acude a la Corte Suprema, pero esta respalda al Gobierno porque prácticamente todos sus jueces han sido nombrados y son afines a él.
¿Qué opina de la elección popular de jueces, como en México?
Me parece un disparate considerable, porque la judicatura es una función y una profesión técnica: hay que saber de derecho. A nadie se le ocurriría proponer una reforma legislativa en la que se dijera que los cirujanos -el neurocirujano del Hospital de Buenos Aires, por ejemplo- serían elegidos por votación popular en función del programa que presenten. Yo, si tuviera que operarme, querría que me atendiera el cirujano con mayor conocimiento y cualificación técnica, no el más popular. En la judicatura ocurre exactamente lo mismo. El populismo o el carisma no son garantía de que alguien vaya a ser un buen juez. Pongo un ejemplo muy conocido en Sudamérica: Baltasar Garzón. Era un juez famoso en España, pero sus resoluciones no eran especialmente buenas y hay indicios de que utilizó el poder para fines personales, económicos y de ascenso político. Fue condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo, así que no me parece el mejor modelo de juez independiente y cualificado. La judicatura y el acceso a la carrera no pueden depender del voto popular, es imposible. Ese sistema es vulnerable a otros poderes, no sólo al político. En un país con tantos problemas de narcotráfico como México, eso resulta un riesgo evidente. De hecho, ya ha ocurrido: según la prensa, una abogada vinculada al Chapo Guzmán terminó siendo jueza por elección popular. En determinados territorios dominados por el narco, que además ha sido sostén económico de la población, no resulta extraño que se vote a alguien ligado a esas redes. Y ese no es el mejor ejemplo de independencia judicial. Además, el voto popular no garantiza que un juez sepa de derecho. Al llegar a un juicio, ¿sobre qué decidirá? ¿Sobre la base de criterios personales y subjetivos? Eso va en contra de la seguridad jurídica. Yo, si un día tengo un juicio, quiero que me lo resuelva un juez independiente, que falle conforme a derecho y con criterio objetivo, porque esas son las reglas del juego democrático. Si se decide en función de consideraciones personales o de influencias externas, entramos en la arbitrariedad y se genera absoluta inseguridad jurídica. Creo que la reforma de México es absolutamente contraria a lo que debe ser un Estado de Derecho.
¿Cómo ve la imagen de la justicia en España frente a la ciudadanía?
Precisamente ahora el Poder Judicial en España goza de una muy buena imagen entre la ciudadanía, porque ha sido -junto con los fiscales- el único poder que ha sabido sostener la democracia frente a los excesos del Gobierno y de la clase política, como ocurrió con el intento independentista en Cataluña. La ciudadanía, a mi juicio, debe sentirse muy orgullosa de los jueces y magistrados que tenemos. No hay casos de corrupción dentro del Poder Judicial; sí los hay en la política. Y, de no existir jueces y magistrados independientes, hoy no se estaría investigando a la esposa del presidente del Gobierno, a su hermano o a sus principales colaboradores. Por eso creo que, en ese sentido, la imagen es muy positiva, a pesar de los intentos de ciertos sectores políticos por degradarla. Pero, como solemos decir en España, ese objetivo del poder político ya no cuela entre los ciudadanos.
En Argentina tenemos una ex Presidenta condenada por corrupción y con varias causas abiertas, y actualmente hay denuncias de un posible caso en el Gobierno. ¿Existen herramientas institucionales suficientes para afrontar estas situaciones, o debería haber algún organismo internacional que dote de más recursos a la Justicia?
Creo que las herramientas existen, aunque se pueden mejorar. Pongo un ejemplo: cuando se investiga un caso de corrupción en España, lo hace el juez, pero bajo sus órdenes actúan la Guardia Civil o la policía. A mi juicio, deberían depender orgánicamente del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si un agente mantiene su independencia, corre el riesgo de que, desde el poder político, se lo sancione impidiéndole ascender en su carrera. Para evitar que alguien, con otros intereses, omita una línea de investigación o esconda información, sería muy recomendable que la Guardia Civil dependiera directamente del Poder Judicial, incluso en materia de ascensos. Además, es esencial contar con una buena dotación de medios materiales. En los casos de corrupción, que son muy complejos, deberían existir juzgados especializados. Si queremos que la Justicia sea eficaz, es imprescindible invertir en ella y otorgar autonomía al Poder Judicial para gestionar sus recursos, sin depender del Ministerio de Justicia ni del Gobierno de turno. Solo así se garantiza mayor eficacia e independencia.
En cualquier caso, hay que preservar siempre la presunción de inocencia. Sobre lo que usted menciona del Gobierno de Milei, que yo sepa, lo único existente es una denuncia. En este momento procesal no hay ninguna condena, por lo cual cualquier persona vinculada a ese caso es inocente.
¿Qué desafíos observa en la Justicia argentina?
Por ejemplo, el sistema de acceso a la carrera judicial, que según lo que he conversado con otros miembros del Poder Judicial en Argentina, podría mejorarse. En España se objetiviza mucho más: el acceso es mediante una oposición que consiste en la exposición oral de cinco temas, luego otros cinco ante un tribunal, y a partir de ahí se ingresa a la Escuela Judicial y a la carrera. Objetivizar ese acceso, sin ninguna intervención del poder político, es positivo para la independencia judicial. La segunda parte es el sistema de traslados, que en España funciona directamente por escalafón, sin intervención política. Si se libera el Juzgado de lo Penal de Madrid y hay un magistrado con más antigüedad que yo, se lo queda él, sin discrecionalidad. En Argentina, en cambio, entiendo que una comisión debe ponerse de acuerdo para decidir qué juez va a determinado juzgado, y muchas veces ni siquiera llegan a un consenso. Aquí ustedes cuentan con el Consejo de la Magistratura. En mi opinión, habría que objetivizarlo en dos cuestiones: primero, el acceso mediante examen de oposición, como en España, pero sin intervención de ninguna comisión. Y segundo, el sistema de movilidad, que en mi país funciona, salvo en el caso de los altos cargos -elegidos por el Consejo del Poder Judicial-, exclusivamente por antigüedad. Si alguien accede a un cargo antes que yo, es porque tiene más años de servicio, nada más. Ese método evita la discrecionalidad. Es algo absolutamente objetivo y sin margen de injerencia del poder político. Es como un sistema de puntos: quien tiene más, accede. Lo que sí deberíamos mejorar en España es el nombramiento de los altos cargos de la Judicatura, que también debería regirse por un baremo objetivo, para que no dependa de la confianza o amistad con algún vocal del Consejo.
Muchos lo describen como un juez activista. ¿Por qué?
Bueno, va con mi concepción de la vida. Yo creo que ser juez no es sólo un trabajo del que se vive o con el que se gana dinero, sino que implica también una labor social. El juez no se circunscribe únicamente a su juzgado: tiene la responsabilidad de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la democracia, que tarda años en construirse, pero sólo meses en derribarse. Es una conquista que debemos defender, permaneciendo siempre alertas para que no nos arrebaten los pilares democráticos. Tenemos miles de ejemplos, especialmente en Sudamérica, de regímenes democráticos que cayeron por relajar los controles institucionales. Yo tengo esa vocación idealista. Creo que es fundamental hacer pedagogía, no sólo dentro del ámbito jurisdiccional, sino también fuera de los tribunales. Esa vocación es esencial para mí. No me reporta rédito económico ni profesional; al contrario, muchas veces genera dificultades. Pero seguiré fiel a mis principios, porque esa es la forma en que concibo la vida.
¿Arrojamos la toalla?
Nunca. Es cierto que cuando los ataques provienen de personas con poder no resulta agradable. Pero tengo una mentalidad positiva: al fin y al cabo, quienes deben preocuparse son aquellos que actúan en contra de las reglas democráticas. Yo defiendo los valores democráticos, no una opción política. Lo importante es garantizar esos pilares para que, gobierne quien gobierne, esté sometido al control de los órganos judiciales. Para las próximas elecciones, previsiblemente habrá un cambio político en España. Y, por suerte -no lo digo por ideología, sino porque este Gobierno ha lesionado la independencia judicial y el Estado de Derecho-, confío en que ese cambio ocurra. Pero también aclaro que mantendré la misma posición frente al siguiente Gobierno si intenta atacar la democracia o la independencia de la jurisdicción. Hay que concienciar que esto no es una cuestión ideológica, sino de respetar las reglas del Estado democrático. Luego cada ciudadano votará a la opción que prefiera.
¿Y esta posición le trajo algún inconveniente personal?
No, en lo personal no. Tengo una mentalidad positiva y, aunque en un primer momento los ataques impresionan, después fortalecen: la piel se hace más dura. Cuando ingresé en la carrera judicial no imaginaba que habría tanta vorágine alrededor de la defensa vehemente de la independencia judicial. Pero incluso eso se transforma en experiencias que sirven para contar anécdotas o escribir novelas, como la que publiqué, basada en vivencias personales y profesionales vinculadas al poder político.
¿Y cuándo sale la película?
El guión está listo. Espero que pronto.
