El primer encuentro, que se llevó a cabo en la UBA, reunió a magistrados de todo el país para definir una agenda común y fortalecer el diálogo federal. La jueza de la Ciudad Natalia Ohman llamó a “quebrar el mutismo que contrasta con la sociedad”, mientras Karina Andrade reivindicó que “la independencia judicial es una garantía para la ciudadanía”.
“Llegó el momento de hablar con franqueza, de discutir con profundidad e intensidad los problemas que hoy se le presentan al Poder Judicial”. Con esa definición, la jueza del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, Natalia Ohman, abrió el Primer Encuentro de la Red de Juezas y Jueces Penales de la Argentina, un evento que reunió a magistrados de distintas jurisdicciones del país.
El acto se llevó a cabo en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y marcó el inicio de un espacio orientado a revisar los modos de ejercicio de la función judicial y promover una conversación más amplia entre jueces, el ámbito académico y la sociedad. Ohman señaló que “la labor judicial no puede desarrollarse en soledad” y convocó a “quebrar el mutismo que contrasta con la sociedad que nos rodea”, en referencia a la necesidad de abrir canales de diálogo que permitan repensar el rol institucional de la magistratura.
El carácter federal del encuentro quedó evidenciado desde su inicio: participaron juezas y jueces del norte, sur y centro del país, además de magistrados de los fueros nacional y porteño. Las intervenciones dejaron a la vista los principales problemas que los aquejan -falta de recursos, presiones externas y la necesidad de una formación permanente que incorpore perspectivas interdisciplinarias-, así como también la importancia de fortalecer los lazos entre jurisdicciones para enfrentar desafíos compartidos.
En su discurso, la jueza Karina Andrade -a cargo del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad– reconstruyó el camino que condujo a la creación de la Red, destacando el trabajo que desde hace años llevan adelante magistrados del NOA y el aporte decisivo de la Red de Jueces de la Provincia de Buenos Aires, que este año cumplió 25 años. También evocó al fallecido juez Mario Juliano como una figura clave en la articulación de estas iniciativas. Andrade enfatizó el sentido institucional del proyecto al afirmar que “el capital institucional de los jueces está en sus decisiones” y que “la independencia judicial es una garantía para la ciudadanía”.
Los cinco ejes
La presentación incluyó los cinco ejes que orientarán el trabajo de la Red, concebidos como un marco de acción común para magistradas y magistrados de todo el país. El primero subraya la necesidad de una justicia cercana, capaz de comprender el impacto humano de cada decisión penal y de comunicarse con la sociedad. El segundo enfatiza la profesionalización: formación continua, razonabilidad en las decisiones y respeto estricto por las garantías constitucionales, especialmente en un país con modelos procesales heterogéneos y en transición.
El tercer eje reafirma que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía ciudadana. Allí se advierte sobre presiones externas, condicionamientos institucionales y carencias estructurales que —según coincidieron los jueces— afectan el ejercicio pleno de la potestad jurisdiccional. El cuarto rechaza mecanismos que pretendan reducir el control judicial sobre investigaciones policiales o fiscales, alertando que ese retroceso debilitaría la protección de derechos fundamentales.
Por último, el quinto eje plantea la necesidad de consolidar un Poder Judicial fortalecido, con recursos suficientes y jueces penalistas profesionalizados, capaz de sostener prácticas de calidad en un contexto marcado por reformas procesales complejas y desigualdades estructurales entre las provincias.
Generar espacios de intercambio
En diálogo con Quorum, el camarista de San Isidro Leonardo Pitlevnik -otro de los principales oradores- analizó la necesidad de generar espacios de intercambio sostenido y señaló que juezas y jueces toman decisiones en soledad, más aún en el marco de procesos que tienden a neutralizar la deliberación de tribunales colegiados.
A ello se agrega, dependiendo de cada jurisdicción, la falta de personal, escasez de recursos o demoras estructurales en los procesos de designación. También advirtió que esas condiciones “impactan en la calidad del servicio de justicia” y debilitan la posibilidad de construir respuestas institucionales estables. Para Pitlevnik, una red federal permite compartir la mirada de jueces y juezas de todo el país, unificar diagnósticos y revisar prácticas que inciden directamente en la independencia judicial.
En esa misma línea, la jueza Ohman destacó que uno de los problemas menos visibles del Poder Judicial es la desconexión entre la tarea cotidiana y las expectativas de la ciudadanía. “Hay un gran desprendimiento de la justicia”, señaló a este medio, y explicó que “reconstruir el vínculo requiere revisar prácticas, abrir canales de comunicación y asumir que la función jurisdiccional tiene efectos inmediatos en la vida de las personas”.
Ohman remarcó además que los jueces deben poder dar explicaciones sobre sus decisiones sin temor a represalias internas o externas: “Nosotros necesitamos entrar en contacto con la comunidad, con la sociedad”, afirmó, e insistió en que la Red puede contribuir a generar condiciones para que esa conversación ocurra.
