Desde los pasillos de un juzgado de menores hasta el Tribunal Superior de Córdoba, Aída Tarditti construyó una carrera atravesada por la igualdad, la innovación y la cercanía con la ciudadanía. En esta entrevista repasa los cambios culturales y procesales del sistema, defiende una dogmática penal con perspectiva feminista y detalla los avances -y deudas- de la justicia cordobesa: oralidad, expediente digital, jurados y programas territoriales.
Su carrera comenzó desde los escalones más bajos del Poder Judicial, mucho antes de graduarse como abogada. ¿De qué manera esta experiencia temprana “desde la trinchera” moldeó su visión sobre la burocracia, la eficiencia y los desafíos sistémicos de la justicia?
Cuando empecé el mundo judicial era muy distinto. Estaba en segundo año de Derecho y pedí un juzgado penal; me dijeron que las mujeres no podían y me destinaron a un juzgado de menores. Fue muy provechoso: me vinculó con un fuero al que sigo cercana. Luego ingresé a un juzgado de instrucción, un ámbito “a lo El secreto de sus ojos”: todos varones y yo la única mujer. Recorrer todos los peldaños me dio una perspectiva invaluable. Hoy el escenario cambió: se ingresa por concurso, los ascensos están reglados y para fiscalías o defensorías interviene el Consejo de la Magistratura. También mutó la dinámica del trabajo penal. Viví de cerca la reforma del Código Procesal Penal de Córdoba en los ‘90: primero como coordinadora y después, ya en el Tribunal Superior, implementándola. Fue un desafío enorme y una gran satisfacción. Ha transitado un camino profesional en un fuero históricamente masculinizado, superando barreras como la que le sugirió no ir a un juzgado penal.
¿Cómo influyó esa experiencia personal en su posterior activismo y en su rol como presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA)?
Conocí AMJA en 2005, en un congreso en Salta, donde participaron Carmen Argibay y Elena Highton. Verlas tan abiertas, empáticas y vibrantes fue impactante. Nos hacían hablar en pie de igualdad. Ahí comprendí la importancia de ese espacio, empecé a vincularme y terminé asociándome. Nunca imaginé que años más tarde llegaría a presidir la asociación.
¿Cómo llegó ese momento? ¿Fue por su activismo y participación?
Ni siquiera integraba los cuadros directivos. Susana Medina me convocaba a veces para exponer en algún encuentro, pero era suplente de suplente; no tenía protagonismo asociativo. Sin embargo, en 2019 Susana pensó en mí para sucederla. Asumí sin prever lo que vendría: la pandemia. Tuvimos que reinventarnos: capacitaciones virtuales, reuniones por Zoom, acompañarnos mutuamente y de descubrir nuevas formas de estar conectadas. Recuerdo regresar de Buenos Aires en marzo de 2020: barbijos por todos lados y el DNU de aislamiento al llegar a Córdoba. Ahí comenzó un capítulo muy impactante, en lo personal, en la Justicia y en la vida de las mujeres juezas. De esa experiencia surgió un libro con testimonios de juezas, publicado por una editorial de Chaco. Creo que aún no tomamos verdadera dimensión de lo que fue ni de cómo impactó en nuestra vida.
Usted habló, al inicio de la entrevista, de lo que significaba ser mujer en la Justicia. ¿Cree que eso ha cambiado? ¿Diría que hoy es más fácil que antes?
Siempre hay batallas por dar, incluso sobre cuestiones que parecerían ya resueltas. Cuando ingresé, en 1985, un ministro del Tribunal Superior me dijo directamente que los jueces no querían funcionarias mujeres. En ese momento no lo viví como discriminación, sino como algo “naturalizado”. Con los años comprendí la importancia de incorporar la perspectiva de género. En la sala penal que integro, recién desde los años 2000 comenzamos a introducirla de manera sistemática. Costó también en el ámbito académico, donde las resistencias eran tan fuertes como en la magistratura. La obligatoriedad de la Ley Micaela fue clave: obligó a los varones a participar en las capacitaciones, evitando que esta tarea quedara solo en manos de las mujeres.
¿Cuál es el desafío de la dogmática actual para corregir esa ceguera histórica frente a las lógicas de la violencia de género?
Persisten sesgos patriarcales. Aún hoy se “acorralan” los temas de género como si fueran solo femicidio. Durante décadas, el paradigma de la omisión impropia fue “la madre que no amamanta”, sobrerrepresentando a mujeres como garantes y dejando fuera al padre ausente. Con colegas hace cinco años dirigimos un seminario de género y derecho penal: cada año surgen nuevos temas -omisiones, participación, causas de justificación, culpabilidad, salud mental-. Buscamos construir una dogmática con perspectiva feminista que integre teoría y práctica, frente a una teoría del delito depurada por más de 150 años mayormente por varones. Esto también atraviesa la salud mental: la invención de la “histeria” y el peso del positivismo criminológico -hasta los ‘80 en Europa se estudiaba la criminalidad femenina con Cesare Lombroso- perduraron más en psicología y psiquiatría que en derecho. Las mujeres fueron escasamente estudiadas con otro paradigma. Avanzamos, pero hay falencias formativas que harán que el cambio lleve tiempo.
Usted ha abogado por una ley para la composición de la Corte Suprema, afirmando que una corte de varones “no es legítima”.
No lo es. Estuvimos cerca de tener una Corte integrada únicamente por varones por 15–20 años, según las edades propuestas. Cuesta instalar la cuestión de género: la presencia de mujeres en los espacios de decisión no aparece como algo relevante. Es comprensible que en países atravesados por la pobreza, la inflación o la inseguridad, esos temas ocupen los primeros lugares en la agenda. Pero la representación femenina en la conducción de las instituciones no es un asunto menor ni secundario. Aun así, cuesta que más voces se comprometan activamente en esta causa.
Con respecto a esta evolución en la relación entre género y dogmática penal, ¿considera que estamos realmente ante una transformación profunda de la ciencia penal o más bien siguen siendo ajustes puntuales en la tradición existente?
Hay dos caminos: tirar la dogmática por la ventana o apostar a la “imbricación” (Julieta Di Corleto). Yo apuesto a transformar desde adentro: insertar metodologías y epistemología feministas en la parte general (omisiones, participación, justificación, culpabilidad, salud mental) de incidir en una teoría del delito desarrollada durante más de 150 años casi exclusivamente por varones, con bibliografía escrita mayoritariamente por varones. La producción con perspectiva de género es reciente -mayoritariamente de mujeres, algunos varones también- y aún no tiene el refinamiento técnico de la teoría del delito clásico, pero aporta algo decisivo: integra experiencia y práctica, visibiliza problemas que la matriz tradicional no veía. El sujeto -y la sujeta- están dentro del problema. Ese es el aporte central de una dogmática feminista.
Pasemos a Córdoba. ¿Cómo evalúa el funcionamiento actual de la Justicia provincial?
La Justicia tiene puntos fuertes y débiles. Un aspecto positivo es que no se detuvo durante la pandemia: gracias a las herramientas tecnológicas, pudimos sostener el servicio de justicia, implementar el expediente digital y realizar juicios por videoconferencia. Eso aceleró procesos y derribó resistencias históricas de abogados y magistrados. Aunque hoy hemos vuelto a la presencialidad, quedaron instaladas alternativas útiles, como videoconferencias para declaraciones o juicios abreviados, evitando traslados innecesarios. En materia penal, estamos a las puertas de un cambio en la gestión de casos de flagrancia, acompañado por medidas alternativas y restaurativas. Para eso contamos con el asesoramiento de Calvo Soler y ya hemos creado una oficina de medidas alternativas. Es un camino interesante que comenzaremos a recorrer este año. También conmemoramos los 20 años del jurado con composición mayoritaria: un modelo inspirado en la tradición europea -alemana, italiana y francesa- con ocho ciudadanos y jueces profesionales. Llevamos más de mil juicios y la experiencia ha sido transformadora para los participantes y un mecanismo que mejora la percepción social sobre la justicia. Y avanzamos con programas de cercanía: referentes judiciales, facilitadores judiciales en zonas rurales, defensorías móviles y “Jueces van a la escuela”. Todos buscan acortar la distancia entre las instituciones y la ciudadanía.
Ha calificado al juicio por jurados como una de las “experiencias más exitosas de la justicia cordobesa”. ¿Qué métricas utiliza para medir este éxito y cómo contribuye, en su opinión, a mejorar la ‘crisis de credibilidad’ de la Justicia?
Por ahora, muy positivamente. No somos legisladores, pero la experiencia demuestra que funciona bien. Permite que el imputado, en caso de condena, recurra en casación porque la sentencia está fundada, y también habilita a la querella a apelar en caso de absolución. Además, no se limita a los homicidios graves: los jurados también juzgan delitos de corrupción. Para medir el impacto, desde 1998 cada jurado completa encuestas anónimas. Hoy estamos analizando décadas de respuestas a través del Centro Núñez de la Escuela de Capacitación. Los resultados son claros: la participación en los jurados mejora significativamente la percepción ciudadana sobre la justicia. Esto contribuye a revertir la crisis de credibilidad judicial.
Su carrera refleja una constante búsqueda de la “proximidad con las personas”. ¿Cómo se puede lograr que la Justicia, una institución que por naturaleza es jerárquica y formal, se perciba como accesible y comprensible para el ciudadano común?
El juicio por jurados es una herramienta de participación ciudadana, pero no es la única. Tenemos también el programa de referentes judiciales, donde jueces, funcionarios y empleados visitan plazas, centros de jubilados u organizaciones para responder inquietudes. Además, estamos implementando el programa de facilitadores judiciales, en convenio con la OEA, que fortalece la justicia de paz en pequeñas comunidades rurales o semirurales. A eso se suman las defensorías móviles y el programa “Los Jueces van a la escuela”. Todos son espacios de cercanía que fortalecen el vínculo con la sociedad. Este año el Tribunal Superior de Córdoba cumple 100 años. Realizaremos un acto central el 7 de noviembre. Como parte de la conmemoración, vamos a organizar una feria donde estarán presentes todos los programas territoriales de la justicia. Allí la comunidad podrá dialogar con facilitadores, jurados y referentes judiciales. Será una oportunidad para mostrar cómo la justicia se acerca a la ciudadanía y se nutre de esas experiencias.
¿En qué etapa se encuentra el proceso de modernización judicial en Córdoba?
La modernización tiene varias dimensiones. En lo tecnológico, el expediente digital ya es insustituible. Pero además estamos ampliando la oralización en todos los fueros: civil, laboral, penal y también en la investigación penal preparatoria. Este año alcanzaremos la meta de realizar audiencias de prisión preventiva de manera oral en toda la provincia. La oralidad potencia acuerdos, simplifica procesos y permite resolver más rápido los casos, especialmente en flagrancia. Aunque seguimos enfrentando causas complejas -como criminalidad organizada-, la existencia de fiscalías especializadas y la Policía Judicial, con su soporte técnico y científico, son grandes fortalezas. El Ministerio Público, además, está desarrollando un plan de gestión territorial para acercar fiscales a comunidades más pequeñas, generando más proximidad con la ciudadanía.
¿Cómo ve el impulso federal a la implementación del sistema acusatorio y qué impacto tendría en Córdoba?
Toda reforma genera debates y resistencias, pero en Córdoba el modelo acusatorio no está cuestionado. Lo que sí genera discusión es si hay recursos suficientes para implementarlo. En nuestro caso, contratamos a una fundación para acompañar la puesta en marcha, porque durante años estuvo paralizada. La reforma no aumenta las causas: las causas son las mismas. Lo que cambia es la forma de investigarlas y resolverlas. Y Córdoba tiene un Ministerio Público preparado para llevar adelante ese desafío. Lo que ya no es sostenible es el modelo del juez multifueros, heredero del Siglo XIX.
¿Cuáles considera que son las principales deudas pendientes de la justicia argentina en general, y de la cordobesa en particular, con la sociedad?
Desde mi lugar, creo que debemos avanzar en la simplificación de procedimientos, en la oralidad y en las soluciones alternativas que brinden reparación temprana a las víctimas. Y formación continua en perspectiva de género. También abordar delitos vinculados con tecnología, como los abusos sexuales digitales, que exigen repensar categorías jurídicas diseñadas en clave analógica. Otra deuda es cultural: Debemos fortalecer la Justicia de proximidad y garantizar acceso a grupos vulnerables. Necesitamos operadores judiciales más flexibles, abiertos al lenguaje claro y a la innovación. Hoy la función judicial requiere habilidades blandas y adaptabilidad que hace 30 años no eran exigidas.
Si pudiera dejar un solo mensaje a las jóvenes abogadas y juristas que hoy inician su carrera, ¿cuál sería, considerando las barreras que usted misma enfrentó y las que aún persisten?
Que no teman: la abogacía no va a desaparecer, aunque sí se transformará. Siempre habrá necesidad de abogados y abogadas, aunque cambien las herramientas. Yo misma utilizo la inteligencia artificial en clase: les muestro a los estudiantes cómo analizar críticamente las respuestas que da. Lo fundamental es alentarlos. Llegar a la universidad no es fácil, existen muchas barreras, incluso económicas. Por eso hay que alentar a los jóvenes a seguir adelante, a confiar en que eligieron una carrera hermosa, y recordarles que hoy son parte de un proceso de transformación histórica en el derecho y en la Justicia.
